Obispos católicos de EEUU demandan al gobierno de Trump por frenar fondos para refugiados

Los obispos católicos de Estados Unidos interpusieron este martes una demanda contra el gobierno federal por la abrupta suspensión de financiamiento para el reasentamiento de refugiados.

La Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB, por sus siglas en inglés) afirma que, al retener millones de dólares, incluidos reembolsos de gastos incurridos antes del anuncio, el gobierno viola diversas leyes, así como la disposición constitucional que otorga el control de los fondos al Congreso, el cual ya había aprobado el financiamiento.

Los Servicios de Migración y Refugiados de la USCCB han enviado avisos de despido a 50 trabajadores, más de la mitad de su personal, y se anticipan recortes adicionales en las oficinas locales de Caridades Católicas, que colaboran con la oficina nacional, según la demanda.

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“La iglesia católica siempre trabaja para defender el bien común de todos y promover la dignidad de la persona humana, especialmente de los más vulnerables”, dijo el arzobispo Timothy Broglio, presidente de la USCCB. “Eso incluye a los no nacidos, los pobres, los extranjeros, los ancianos, los enfermos y los inmigrantes”.

La suspensión de financiamiento le impide a la iglesia hacer su trabajo, afirmó.

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La USCCB es una de 10 agencias nacionales, la mayoría de ellas religiosas, que brindan servicio a los refugiados y que han estado en apuros desde que el Departamento de Estado les envió una carta el 24 de enero informándoles de una suspensión inmediata de fondos a la espera de una revisión de los programas de ayuda exterior.

“De un momento al otro, la conferencia se encuentra incapaz de sostener su trabajo para cuidar a los miles de refugiados que fueron acogidos en nuestro país y asignados al cuidado de la USCCB por el gobierno después de haber recibido estatus legal”, subrayó Broglio.

La conferencia intenta mantener el programa en funcionamiento, pero es “financieramente insostenible”, agregó, señalando que busca que el gobierno de Estados Unidos cumpla con sus “compromisos morales y legales”.

La demanda, presentada en el tribunal federal para el Distrito de Columbia, asegura que el programa de reasentamiento ni siquiera es ayuda exterior. Es un programa nacional para ayudar a los refugiados recién llegados, quienes entran legalmente al país después de ser evaluados en el extranjero, a satisfacer necesidades iniciales como vivienda y empleo.

“La USCCB gasta más en el reasentamiento de refugiados cada año de lo que recibe en financiamiento del gobierno federal, pero no puede sostener sus programas sin los millones de dólares en financiamiento federal que brindan la base de esta asociación público-privada”, se asegura en la demanda.

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La denuncia afirma que el gobierno intenta que el programa “trastabille”, provocando un daño a largo plazo.

La demanda nombra a los departamentos de Estado y de Salud y Servicios Humanos, así como a sus respectivos titulares, Marco Rubio y Robert F. Kennedy Jr. Ambas agencias tienen roles en la delegación del trabajo de reasentamiento a la conferencia de obispos.

Ninguna de las dependencias presentó una respuesta inmediata ante el tribunal. Un portavoz del Departamento de Salud y Servicios Humanos dijo que la agencia no hace comentarios sobre procesos legales en curso.

La USCCB indicó que aún está a la espera de alrededor de 13 millones de dólares en reembolsos por gastos anteriores al 24 de enero, cuando se dio el anuncio de suspensión de fondos.

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Hasta el 25 de enero, había 6,758 refugiados que llevaban en el país menos de 90 días en el país, asignados por el gobierno a la atención de la USCCB. Este es el periodo de tiempo por el que pueden optar a la ayuda de reasentamiento.

La conferencia dijo que suspender las labores de reasentamiento solo prolongará el tiempo que tardan los refugiados en encontrar empleo y volverse autosuficientes.

El presidente Donald Trump, quien redujo drásticamente la admisión de refugiados durante su primer mandato, ordenó la suspensión del programa de refugiados inmediatamente después de tomar posesión.

El mandatario y sus colaboradores han arremetido contra el reasentamiento de refugiados y otras vías de inmigración.

El vicepresidente JD Vance, un católico converso, acusó recientemente a la conferencia de obispos de reasentar a “inmigrantes ilegales” para obtener millones de dólares en fondos federales, una aparente referencia al programa de reasentamiento, el cual involucra a refugiados aprobados legalmente.

La demanda señaló que los reembolsos federales no cubren el costo total del programa y que en 2023 la conferencia pagó cuatro millones de dólares más de lo que recibió, mientras que otros donantes apoyaron los esfuerzos de reasentamiento de Caridades Católicas locales y otros beneficiarios.

Las críticas de Vance no solo provocaron la respuesta de los obispos de Estados Unidos, sino también una reprimenda implícita del papa Francisco, quien dijo que la caridad cristiana requiere ayudar a quienes lo necesitan, no solo a aquellos en los círculos más cercanos de una persona.

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