Obispos y organizaciones católicas de EEUU critican los cambios en la política migratoria que restringen el asilo

La Iglesia católica de Estados Unidos se unió al coro de voces que lanzaron fuertes críticas a la nueva política migratoria planteada por el gobierno de Joe Biden que, de ser implementada, restringiría el asilo a miles de solicitantes que llegan a la frontera con México.

El presidente Comité de Migración de la Conferencia de Obispos Católicos de EEUU, Mark Seitz, señaló que la Iglesia está "profundamente preocupada" por una propuesta que, dijo, "perpetúa la noción equivocada de que las medidas coercitivas de mano dura son una solución viable al aumento de la migración y el desplazamiento forzado".

Seitz respondió así a la medida anunciada la semana pasada por los departamentos de Seguridad Nacional (DHS) y de Justicia (DOJ) y que impediría que decenas de miles de personas soliciten asilo en la frontera sur si, en su camino hacia EEUU, han pasado antes por otro país en el que no pidieron asilo.

La norma será publicada primero en el Registro Federal y sujeta a un período de comentarios públicos de al menos 30 días, de cara a ser implementada a partir del 11 de mayo, una vez se ponga fin al cuestionado Título 42, una herramienta activada en marzo de 2020 para contener la propagación de la pandemia del covid-19 y que al mismo tiempo fue utilizada para deportar aceleradamente inmigrantes en la frontera sur.

Abogados, analistas y activistas que luchan por los derechos de los inmigrantes, e incluso congresistas demócratas, han rechazado enérgicamente la norma anunciada, que afirman, es una de las medidas de control fronterizo “más restrictivas” a la fecha bajo cualquier gobierno.

"Aunque reconocemos el derecho de nuestro país a mantener sus fronteras, mis hermanos obispos y yo hemos rechazado sistemáticamente las políticas que debilitan el acceso al asilo de los más necesitados de ayuda y los exponen a más peligros", manifestó Seitz en una declaración en la que señala que los obispos se oponen "firmemente a su aplicación".

Seitz lamentó que los cambios normativos anunciados por el gobierno se produzcan a expensas del derecho general de los inmigrantes a solicitar asilo en Estados Unidos.

"Apreciamos el deseo de la administración de ampliar las vías legales de entrada a Estados Unidos, especialmente a través de un mayor procesamiento de refugiados, pero eso no debe hacerse a expensas de las personas vulnerables que buscan protección en nuestra frontera", enfatizó. "Por encima de todo, la santidad de la vida humana sigue siendo primordial".

Otras organizaciones católicas también se oponen a la nueva política migratoria de Biden

Otros defensores católicos de la inmigración también se sumaron al reclamo expresado por los obispos estadounidenses hacia la propuesta del gobierno de Biden.

Dylan Corbett, director ejecutivo del Hope Border Institute citado por el sitio National Catholic Reporter expresó que "la prohibición afecta injustamente a los que huyen de los países del norte de América Central, para quienes la administración no ha proporcionado opciones de libertad condicional".

"Lo que hay es falta de coraje que impide a esta administración tomar ahora medidas positivas para repudiar los daños de la administración anterior y poner por fin en marcha un sistema en la frontera que funcione, sea seguro y respete los derechos de los solicitantes de asilo y de nuestras comunidades fronterizas", subrayó Corbett.

La organización Catholic Legal Immigration Network Inc (Clinic), que dirige Anna Gallagher, planteó que con esta norma "la administración Biden está traicionando su propio compromiso de defender el asilo, así como violando los principios de la ley estadounidense y la enseñanza social católica con respecto a la migración".

Al igual que lo han hecho otros activistas proinmigrantes, Clinic comparó la regla propuesta con la política muy restrictiva que se impuso durante la administración Trump, bajo la política de 'tolerancia cero'.

"El derecho a solicitar asilo a través de un proceso completo y justo es un principio fundamental del derecho internacional y nacional", destacó Gallagher, también citada por el National Catholic Reporter. "Estas nuevas restricciones socavan ese derecho y tendrán consecuencias inhumanas y horribles para nuestros hermanos y hermanas inmigrantes".

Ronnate Asirwatham, director de relaciones gubernamentales de Network, un grupo católico de justicia social, acusó a la administración Biden de acabar "con el derecho a buscar asilo en la frontera sur."

Asirwatham manifestó que el éxito de una política fronteriza "no debe medirse por el número de personas que rechazamos hacia la muerte y la persecución, sino por el número de personas que acogemos a salvo".

Un congresista demócrata de un distrito fronterizo apoya los cambios en la política de asilo

Henry Cuéllar, un congresista demócrata por Texas cuyo distrito es fronterizo con México, lleva años criticando la forma en que tanto republicanos como demócratas han manejado la inmigración.

"Si alguien está a 1,500 millas de distancia, es tan fácil para la gente decir: 'Oh, sí, deja entrar a todos' ", afirma Cuéllar, citado por la NPR.

"Pero si eres alcalde, juez de condado, terrateniente o alguien de aquí abajo en la frontera, y ves esto día tras día, tendrás una perspectiva muy diferente. Creo que hablo en nombre de mi comunidad (cuando digo) que solo queremos orden", agrega el congresista que considera "razonable" la nueva norma de asilo propuesta por el gobierno de Biden.

Cuéllar dice que el número de migrantes que llegan a la frontera sur está abrumando a los funcionarios y recursos locales.

Durante el año fiscal 2022 agentes federales llevaron a cabo más de 2.3 millones arrestos en la frontera con México, frente a 1.7 millones de detenciones registradas en el año fiscal 2021, según datos de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP). El gobierno argumenta que la mayoría de los detenidos fueron deportados bajo la aplicación de los títulos 42 de los CDC por la pandemia y 8 de la Ley de inmigración, por motivos de inadmisibilidad.

El resto fueron procesados para que sean los jueces de inmigración quienes resuelvan sus futuros en Estados Unidos, tal y como lo señala la ley de inmigración.

Cuéllar rechaza a las organizaciones que comparan la propuesta de Biden con las políticas restrictivas de la pasada administración. "No, Trump quería prohibir la entrada a la gente (...) La gente todavía puede pedir asilo para entrar", recalca.

El gobierno se defiende de las críticas hacia sus cambio en política de asilo

Otros compañeros de su mismo partido tienen una opinión diferente.

“Estamos profundamente decepcionados de que la administración haya optado por seguir adelante con la publicación de la regla, ya que la misma solo perpetúa el mito dañino de que los solicitantes de asilo son una amenaza para esta nación", dijeron en un comunicado los legisladores Bob Menéndez (Nueva Jersey), Cory Booker (Nueva jersey) y Alex Padilla (California).

"La realidad es que estas personas están siguiendo un camino legal que tienen hacia Estados Unidos”, agregaron.

Los cambios propuestos también han generado, aparentemente, malestar dentro del mismo gobierno. Un reporte del sitio Politico dice que tras permanecer apenas un mes en sus puestos, dos funcionarios de la administración Biden inconformes con el endurecimiento de las políticas de asilo, han anunciado que dejan sus cargos.

Se trata de Lise Clavel, ayudante adjunta del presidente y asesora principal en materia de inmigración, y Leidy Pérez-Davis, ayudante especial del presidente en materia de inmigración.

Al justificar los cambios propuestos, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, alegó en un comunicado difundido el martes pasado que: "Somos una nación de inmigrantes y somos una nación de leyes".

"Estamos reforzando la disponibilidad de vías legales y ordenadas para que los migrantes lleguen a Estados Unidos", dijo. "Al mismo tiempo (estamos) proponiendo nuevas consecuencias para quienes no utilicen los procesos puestos a su disposición por Estados Unidos y sus socios regionales".

El fiscal general, Merrick Garland, destacó que el Departamento de Justicia, que ejerce la supervisión de los tribunales de inmigración, está estableciendo normas temporales para la elegibilidad de asilo que estarán en vigor una vez que la administración Biden levante la orden de salud pública del Título 42.

"Estamos deseando revisar los comentarios del público sobre esta norma propuesta", dijo.

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