Cómo la nueva versión de Trump sobre el pago a la actriz porno Stormy Daniels complica su defensa

Cuatro meses después de que estallara el escándalo por el pago para silenciar a la actriz porno Stormy Daniels y evitar que hablara sobre su supuesta relación con Donald Trump en 2006, el ahora presidente parece tener claro todo lo que apenas semanas atrás decía que no sabía e incluso reconoce cosas que aseguraba que no habían pasado.

En un trío de tuits, Trump presentó la mañana del jueves por primera vez una explicación sobre de dónde salieron los 130,000 dólares que se le pagó a Daniels de los que hasta a fines de abril decía no saber nada y reconoció que buscaba acallar lo que definió como una “extorsión”.

No parece tratarse de una súbita recuperación de la memoria presidencial sino más bien de la puesta en marcha de una estrategia para blindar legalmente al presidente, quien con el pago a Daniels podría haber violado las normas que rigen las finanzas de campaña.

Y eso se ratifica con la coincidencia de que esos inusualmente bien estructurados mensajes del presidente en Twitter se produjeran pocas horas después de que el nuevo miembro de su equipo legal, el exalcalde y exfiscal de Nueva York Rudolph Giuliani saliera en televisión nacional ofreciendo una nueva versión de la saga que, en principio, parecía contradecir al mandatario.

Giuliani sorprendió en una entrevista con Fox News al decir que Trump había reembolsado a su abogado Michael Cohen el dinero que pagó a Daniels y que “sabía del arreglo general”, dos cosas que el presidente había negado rotundamente, además de la existencia de una relación con la actriz.

Mentiras y dinero

Desde que The Wall Street Journal destapó el caso a principios de enero, se han visto una serie de negativas rotundas seguidas de aceptaciones posteriores y toda clase de declaraciones contradictorias.

Michael Cohen negó que hubiera existido una relación entre Trump y Daniels (eso se mantiene). Incluso la actriz presentó un comunicado, curiosamente distribuido por la oficina del abogado del presidente, negando que hubiera habido alguna relación entre ellos (que era de esperar por el acuerdo de confidencialidad que habían firmado).

Más allá de la veracidad del supuesto romance, surgió inmediatamente la duda de dónde había salido el dinero y si podía considerarse una contribución de campaña, ya que buscaba beneficiar al candidato republicano de la presentación de información potencialmente dañina para su campaña a tres semanas de las elecciones.

Fue en febrero que Cohen explicó que el dinero lo había puesto de su propio bolsillo, que no le había sido reembolsado “directa o indirectamente” y que Trump no sabía nada del acuerdo que había alcanzado con Daniels.

Sin embargo, eso no solucionaba el problema de la posible violación de las leyes de financiamiento de campaña, porque todavía podía considerarse como un pago individual para beneficiar al candidato equivalente a una contribución y por tanto sujeta a las regulaciones.

Tanto la campaña como Cohen deberían haber informado a la Comisión Electoral Federal (FEC), aunque sería difícil explicar el monto, que sería unas 48 veces el máximo que se puede aportar por año a un aspirante a un puesto en el gobierno federal (2,700 dólares).

Otra cosa difícil de explicar es cómo un abogado asume ese compromiso sin notificarle a su cliente negociaciones que hace en su nombre y que involucran un pago tan sustancioso. Aunque en ese punto, el que Trump no firmara el documento en la línea con el nombre ficticio que se le había asignado ayudaría al presidente a distanciarse del problema.

Cohen, “un abogado”

Pasó marzo y las versiones siguieron inamovibles. La Casa Blanca sostenía que no hubo pagos por parte del presidente, su campaña o sus empresas para silenciar a Daniels, quien para esos días trataba de sustraerse del acuerdo que denunció como nulo, precisamente por carecer de la firma de la otra parte.

Incluso el 26 de abril, en la primera referencia que hizo al tema, el presidente respondió, durante un viaje a bordo del Air Force 1, con un rotundo ‘No’ a la pregunta de si sabía algo del caso y dijo a los periodistas “Van a tener que hablar con Michael Cohen. Michael es mi abogado y van a tener que hablar con él”.

Pero luego vino, a principios de abril, el sorpresivo allanamiento de las oficinas de Cohen y este pasó de ser “mi abogado” a “uno de mis muchos abogados” (En sus tuits de la mañana del jueves Cohen es calificado como “un abogado”).

A fines de mes, el presidente ofreció una entrevista telefónica a su programa matutino favorito Fox and Friends, en el que reconoció que Cohen lo representó “en esa locura del acuerdo con Stormy Daniels”.

Trump afirmó que Cohen manejaba “una mínima, mínima fracción” de sus negocios y aclaró que la investigación contra el abogado no tenía que ver con esos asuntos ni con la campaña republicana.

Quizá Cohen habrá comprendido la estrategia de distanciarse del hombre para quien ha venido ‘arreglando cosas’ desde 2003.

Riesgo legal

Tras las declaraciones de Giuliani, el abogado de Stormy Daniels, Michael Avenatti escribió en su cuenta de Twitter que Trump “mintió descaradamente. Esto siguió las mentiras dichas por otros cercanos a él, incluyendo Cohen”.

El problema para Avenatti, que representa a Daniels en las dos demandas que tiene contra Cohen y contra Trump, es que el concepto de ‘verdad’ puede terminar siendo irrelevante, si la estrategia del equipo legal presidencial es convincente a la hora de protegerlo de cargos administrativos.

“Giuliani aparentemente pensaba que estaba haciendo un favor al presidente Trump, pero en cambio hizo los problemas legales de Trump mucho, mucho peores”, aseguró en un comunicado Paul S,.Ryan, vicepresidente de Common Cause, una organización que vela por el cumplimiento de las leyes electorales, que ha demandado a la campaña republicana por no haber presentado el pago a Daniels como un gasto de campaña.

“La admisión de Giuliani de que Trump rembolsó a Cohen equivale a admitir que Trump sabía del pago. En otras palabras, el propio abogado de Trump le ha dado ahora al Departamento de Justicia evidencia de que el presidente Trump cometió una violación criminal de la ley federal”, afirma Ryan.

Para Ryan, la nueva versión de la historia sobre Daniels genera dudas sobre todo lo que ha dicho el presidente y sus asesores sobre las supuestas relaciones de la campaña republicana con operarios rusos para perjudicar a Hillary Clinton, el llamado ‘Rusiagate’ o los esfuerzos para afectar la investigación.