La cuestionada 'pregunta sobre ciudadanía' en el censo puede servir de arma para reducir el tamaño del Congreso

De las cerca de 20 preguntas que incluirá el formulario del Censo del 2020, hay una, la última que se propone incorporar a la consulta, que está generando una tormenta política y amenaza convertir la encuesta nacional de población que se hace cada diez años en un campo más de la dura batalla política entre Donald Trump y los republicanos contra el Partido Demócrata.

La aparentemente técnica y protocolar ‘pregunta de ciudadanía’, con la que se indaga si el que responde el cuestionario es o no ciudadano estadounidense, ha desatado críticas de expertos en censos (incluyendo varios ex jefes de la Oficina del Censo) grupos de defensa de derechos humanos y congresistas demócratas, quienes consideran que afectará la precisión del conteo decenal al disuadir a muchos inmigrantes a responder el formulario.

Eso tendría consecuencias en la exactitud del conteo, temen algunos especialistas en la materia. Al perderse la precisión en el registro poblacional los fondos federales destinados a programas de infraestructura, educación o salud pueden terminar siendo insuficientes. Y además, impactaría la representación política al Congreso federal y otras asambleas que se definen en función del número de habitantes, algo que señalan muchos desde el Partido Demócrata.

“Creemos que añadir la pregunta de ciudadanía al Censo 2020 incrementará considerablemente los riesgos para el conteo de 2020”, es la recomendación que envió en su carta al Departamento de Comercio un grupo de ex directores de la Oficina del Censo, cuyas gestiones van desde 1973 y trabajaron con gobiernos de ambos partidos.

“Es altamente riesgoso hacer preguntas que no han sido comprobadas en el contexto del diseño completo del Censo 2020. Hay una gran evidencia de que incluso pequeños cambios en el orden del cuestionario, redacción e instrucciones pueden tener una significativa y frecuentemente inesperada consecuencia en la calidad y veracidad de la respuesta”, indican en su carta.

Menos gente, menos poder

Pero lo técnico desemboca en un debate político, cuando surgen voces de quienes aseguran que la intención es disuadir a los no ciudadanos a participar en el censo. Hay quienes indican que, dado el ambiente hostil a la inmigración que se genera desde la Casa Blanca, muchos extranjeros indocumentados o no, se abstendrán de responder el cuestionario por temor a que la información sea usada contra ellos o sus relacionados.

Si ese efecto se comprobara y en algunas regiones el censo indicara un menor registro de población que el de 2010, podrían desaparecer varios circuitos electorales. Los demócratas aseguran que eso iría en detrimento de su partido, considerando que las zonas con mayor diversidad racial y de origen nacional suelen serle favorables.

El Departamento de Comercio justifica la inclusión de la polémica pregunta asegurando que se trata de garantizar el cumplimiento de la Sección 2 de la Ley de Derecho al Voto de 1965 que “prohíbe prácticas electorales discriminatorias o procedimientos que discriminan en base a la raza, color o membresía en uno de los lenguajes de los grupos minoritarios”.

El departamento no respondió una solicitud de Univision Noticias hecha la tarde del martes para conocer qué manera la reincorporación de la ‘pregunta de ciudadanía’ que fue excluida del censo en 1950 garantizará ese cometido, ni aclaró qué problemas detectaron en el pasado que fuera necesario corregir en el venidero conteo.

El ex fiscal general del gobierno de Barack Obama, Eric Holder, quien actualmente encabeza un comité político demócrata para luchar contra lo que llaman el ‘gerrymandering’ republicano (el diseño de distritos electorales de manera de garantizar ventajas a los conservadores) asegura que la explicación está “políticamente motivada” y se aparta de décadas de política censal.

“Hacer la pregunta de ciudadanía en el censo no es crítico para reforzar la Ley de Derecho al Voto. Como fiscal general, no solicité, ni tampoco lo hicieron mis predecesores, la incorporación de la pregunta de ciudadanía en el censo decenas para aplicar la ley. No necesitábamos hacerlo. Los datos surgidos del existente proceso de censo eran perfectamente adecuados en cualquier litigio electoral que surgiera”, afirma Holder en un comunicado en la página de su comité.

Más allá de las intenciones del gobierno, el secretario de Comercio Wilbur Ross reconoció el peligro de la imprecisión que identifican algunos, pero en el comunicado del lunes con el que anunció su decisión aseguró haber “considerado cuidadosamente" el argumento de que reducirá la participación ciudadana.

“Encuentro que la necesidad de datos precisos sobre ciudadanía y la limitada carga que impondría reestablecer la pregunta de ciudadanía sobrepasa los temores sobre una potencial baja rata de respuesta·, indica Ross, quien además señala que hay “limitada evidencia empírica” que muestre una relación directa entre ambos puntos.

“Simple pregunta”

“El ultimo absurdo es sobre la pregunta de ciudadanía del #censo2020. En toda nación, la ciudadanía importa, ¿no deberíamos saber cuántos tenemos nosotros? Y los distritos asignados en base a número de gente que no está acá legalmente diluye la representación política de ciudadanos y residentes legales”, escribió en su cuenta Twitter el senador republicano por Florida Marco Rubio.

Antes de que estallara la polémica por la ‘pregunta de ciudadanía’ se esperaba que Florida sumara al menos dos escaños adicionales en la Cámara de Representantes tras el Censo de 2020. Se calcula que si se hace el cuestionario que propone el gobierno de Trump pueda en cambio perder dos puestos, los mismos que ganó después de 2010.

“(Los demócratas) andan como locos porque el censo haga una simple pregunta. ¿Por qué no querríamos saber si eres ciudadano de nuestro país”, dijo la presidenta del Comité Nacional Republicano Ronna McDaniel en una entrevista radial.

Los críticos, los políticos y los técnicos, aseguran que la pregunta no es tan “simple” como la describe McDaniel, por las consecuencias administrativas que pueden generar.

En 2016, una decisión unánime de la Corte Suprema de Justicia determinó que todos los habitantes de un estado, sean votantes o no (los únicos que pueden votar son por definición los ciudadanos), deben ser considerados a la hora de diseñar los distritos para representantes al Congreso federal.

Es el principio de “una persona, un voto”. El censo cada 10 años se usa para redefinir esos distritos en función del cambio en la población. Del Censo 2010 quedaron establecidos 453 hay 435 distritos congresionales que representan a 711,000 habitantes. El Distrito de Columia (Washington DC) y los cinco territorios inhabitados envían un representante cada uno al Congreso.

Entre 2000 y 2010 estados como Arizona, Texas, Florida, Washington ganaron asientos en la cámara por el aumento de su población. En cambio, algunos como Nueva York, Pensilvania, Ohio, Illinois o Michigan perdieron habitantes y asientos parlamentarios.

Si muchos inmigrantes se abstienen de responder al cuestionario, como indican algunos que va a pasar con la inclusión de la polémica pregunta, es previsible que estados con alta concentración de población urbana vean reducir el número de habitantes oficialmente contados y relativamente pierdan representación parlamentaria.

Aunque como específica el secretario Ross en su anuncio, el Congreso ha delegado en él la responsabilidad del diseño del cuestionario del censo, fuentes demócratas aseguraron a Univision Noticias que los legisladores pueden adoptar medidas para modificar las preguntas o crear una comisión que determine la conveniencia de incluir la pregunta.

Dos miembros del Caucus Hispano del Congreso han iniciado acciones en ese sentido: el senador Bob Menéndez de Nueva Jersey con una propuesta para prohibir la incorporación de la ‘pregunta de ciudadanía’ y el representante por Florida Darren Soto con otra para crear una comisión que analice el caso y haga recomendaciones.

Sin embargo, la pérdida de escaños no solo afectaría regiones consideradas demócratas. Si bien California o Nueva York son vistos como los estados que más podrían verse afectado, otros bastiones republicanos con gran población inmigrante como Texas o Arizona podrían ver disminuida su presencia en el Congreso.

Pero antes de que las consecuencias se sientan en el Capitolio de Washington DC, la batalla política se desarrollará en las cortes, con las demandas que han prometido presentar varios estados con California y New Jersey a la cabeza, para impedir que la pregunta sea incluida en los formularios del censo.