El fiscal general ordena una suspensión temporal en las ejecuciones de la pena de muerte en prisiones federales
En un memorando dirigido a altos funcionarios del gobierno federal, Garland afirma que existen preocupaciones sobre una posible arbitrariedad al decidir condenar a un convicto a la pena de muerte.
Por:
Univision y AP
Daniel Lewis Lee, un supremacista blanco, recibió una inyección letal en una cárcel de Indiana. Al momento de morir, dijo que había hecho muchas cosas malas en su vida, pero que no era un asesino. Más información aquí.
Video EEUU realiza su primera ejecución federal en 17 años: al morir, el reo dijo que estaban matando a un hombre inocente
El fiscal general Merrick Garland ordenó este jueves una suspensión temporal que impide programar más ejecuciones en prisiones federales.
El anuncio se produjo en un memorando dirigido a altos funcionarios, en el que Garland menciona que han surgido preocupaciones sobre una posible arbitrariedad al momento de decidir condenar a un convicto con la pena capital, en especial sobre cómo afecta a las personas de minorías raciales, según informó la cadena NBC News.
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"El Departamento de Justicia debe garantizar que todos en el sistema de justicia penal federal no solo gocen de los derechos garantizados por la Constitución y las leyes de Estados Unidos, sino que también sean tratados de manera justa y humana", afirmó.
Las disputas judiciales por el memorando tradicional de tres drogas para la aplicación de inyecciones letales, y la escasez de una de esas drogas, detuvieron las ejecuciones federales durante casi dos décadas.
En 2019, el entonces fiscal general William Barr ordenó a los funcionarios de prisiones federales que llevaran a cabo las inyecciones federales con pentobarbital, un poderoso sedante que ralentiza el sistema nervioso, hasta provocar la muerte.
Bajo este método, unas 13 personas condenadas a la pena de muerte fueron ejecutadas entre julio de 2020 y enero de 2021, después de que el Departamento de Justicia de la administración del expresidente Donald Trump terminara con una pausa de 17 años.
Ningún presidente en más de 120 años había supervisado tantas ejecuciones federales, según información de la agencia AP. El último preso ejecutado, Dustin Higgs, fue ejecutado en el complejo penitenciario federal de Terre Haute, Indiana, menos de una semana antes de que Trump dejara el cargo.
En este periodo, hubo discrepancias en la forma en que los documentos oficiales describieron el proceso en que murieron los 13 reclusos condenados a la pena de muerte durante la administración anterior. Compararon el proceso en los documentos oficiales de la corte con quedarse dormido y llamaron a las camillas "camas" y a las últimas respiraciones "ronquidos".
No obstante, informes obtenidos por Associated Press y otros medios describieron que el pentobarbital provocó que los estómagos de los presos se sacudieran y estremecieran en las cámaras de muerte. Wesley Purkey, sufrió un "dolor extremo" cuando recibió una dosis del sedante en ese periodo. Purkey fue el segundo preso ejecutado al iniciarse ese periodo, en julio del año pasado.
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En el memorando difundido este jueves, Garland ordenó también una revisión del protocolo para evitar que se use este método y dijo también que el departamento estudiará la regulación enviada por la administración Trump que permitía a las prisiones federales hacer ejecuciones bajo cualquier método permitido en el estado en el que se situaran.
El memorando enviado por el fiscal general no especificó cómo el gobierno federal continuará defendiendo la pena de muerte en casos criminales.
El presidente Joe Biden ha dicho que se opone a la pena de muerte y su equipo prometió que tomaría medidas para detener su uso mientras esté en el cargo.
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Ángel Díaz, ejecutado con inyección letal el 13 de diciembre de 2006 en Florida. Después de la primera inyección que se administró en la ejecución, Díaz se movía, entrecerraba los ojos y hacía muecas intentando hablar. Luego se administró una segunda dosis y pasaron 34 minutos antes de que fuera declarado muerto. Con la autopsia se descubrió que los catéteres intravenosos (que habían sido insertados en ambos brazos) estaban mal colocados, por los que los químicos letales se inyectaron en tejidos blandos en lugar venas. Dos días después de la ejecución el entonces gobernador Jeb Bush suspendió temporalmente todas las ejecuciones en el estado y nombró una comisión "para considerar la humanidad y la constitucionalidad de las inyecciones letales".
