La imputación a Trump por los documentos clasificados: qué impacto tiene que el juicio sea en Miami

El destino del expresidente Donald Trump quedó esta semana íntimamente ligado a dos cruciales decisiones de los fiscales federales que han investigado su manejo de los documentos secretos de Mar-a-Lago: por un lado, la de imputarle 37 delitos, por supuesto; y por el otro, llevar el caso al sur de Florida.

La primera quedó ampliamente argumentada en el detallado escrito de acusación presentado por el fiscal especial Jack Smith, el perito independiente nombrado por el Departamento de Justicia para investigar el caso.

La segunda se puede explicar porque allí está Mar-a-Lago, el resort donde trasladó su residencia Trump al abandonar la Casa Blanca y donde supuestamente cometió los delitos que se le imputan, además de porque así los fiscales se evitan que la sede del proceso se convierta en tema de controversia y eso acabe provocando retrasos.

Pero no deja de ser una apuesta arriesgada porque caben pocas dudas de que Trump, en la corte federal de Miami, se encontrará en un terreno lleno de oportunidades para hacer imposible una sentencia antes de las elecciones.

Más cuando el proceso recayó de forma aleatoria en la controvertida jueza federal Aileen Cannon, que el propio Trump nominó para el cargo y que ya ha levantado polémica por sus decisiones en este mismo caso. Su influencia puede llegar a ser determinante.

Y además, si se llega a juicio, porque todo puede acabar dependiendo del veredicto de un jurado conformado por ciudadanos de un estado que en pocos años se ha convertido en feudo del republicanismo más trumpista.

El papel de la jueza Aileen Cannon en el caso Trump

El fiscal especial Smith presentó un detallado escrito en el que, basado en grabaciones de audio y el testimonio de abogados y empleados de Trump, le imputa en total 37 cargos: 31 por retener documentos secretos en violación de la Ley de Espionaje y otros de obstrucción a la justicia y ocultación de registros federales.

Expertos juristas consideran que se trata del caso más serio de los numerosos frentes judiciales que tiene abierto el expresidente.

Pero si entre los simpatizantes del expresidente pueden haber saltado algunas alarmas por la gravedad de las acusaciones y la contundencia de las pruebas presentadas por el fiscal, entre quienes creen que Trump debe ser condenado hay también motivos de preocupación.

Para empezar, que en una especie de guiño del destino, el caso recayó de forma aleatoria en la jueza Aileen Cannon, una hispana miembro de la conservadora Sociedad Federalista que fue nominada para el cargo por el propio Trump.

Y es que nadie olvida que Cannon fue quien decidió en septiembre pasado frenar la investigación y acceder, para sorpresa de muchos, a la petición de los abogados de Trump de nombrar un perito independiente para revisar los documentos hallados por el FBI en su propiedad de Mar-a-Lago.

La resolución a favor de Trump en ese asunto en particular llamó la atención de los expertos que consideraban que no se podía dar el amparo del privilegio ejecutivo a alguien que no era el presidente, aparte de que lo habían pedido fuera de plazo. La corte de apelaciones resolvió en contra de la decisión de Cannon en términos bastante duros.

Y en las filas demócratas, en las que ha imperado el silencio sobre el proceso, sí que ha habido congresistas que han comenzado a expresar su preocupación cuando se conoció que el caso había recaído en Cannon.

El presidente del Comité Judicial del Senado, el demócrata Dick Durbin, dijo a reporteros en Washington DC que el historial de la jueza en la investigación del supuesto mal manejo de documentos secretos de Trump pone en cuestionamiento su imparcialidad.

“Tengo la esperanza de que haga lo posible para ser neutral y una buena jueza”, agregó Durbin, quien, sin embargo, no le pidió que se apartara del caso, algo que sí hizo el senador Richard Blumenthal, también miembro del Comité Judicial.

“Por el bien de la Justicia, bien debería considerar recusarse”, dijo Blumenthal, citado por el Huffpost.

Estas preocupaciones tienen en cuenta que la jueza puede tener una influencia determinante en el proceso, particularmente en qué pruebas pueden ser admitidas en el hipotético juicio y quiénes pueden prestar testimonio.

Y aunque los fiscales puedan recurrir sus resoluciones, lo cierto es que en este proceso, que probablemente se llevará adelante en paralelo con la campaña electoral, el tiempo es de crucial importancia y corre a favor del expresidente y candidato.

La tarea casi imposible de encontrar jurados imparciales ante Trump

Por otra parte está la cuestión del jurado, los doce ciudadanos encargados de emitir un veredicto unánime sobre la culpabilidad de Trump si el asunto llega a juicio.

Y en Florida, estado cuyo gobernador, Ron DeSantis, presume que es donde va a morir todo lo woke, la acusación puede toparse con una tarea muy complicada: necesitan doce jurados que, al menos, no simpaticen con todo ese movimiento antiinmigración y antigay del que Trump y DeSantis son abanderados.

Ni uno de los doce, porque para condenar a un reo tienen que estar de acuerdo todos en que la fiscalía demostró su culpabilidad “más allá de toda duda razonable”.

Además, en la selección del jurado, Cannon puede ejercer enorme influencia y, como temen los congresistas demócratas, favorecer los intereses de Trump, ya que los jueces de distrito tienen un amplio margen de discrecionalidad a la hora de vetar a personas que puedan ser señaladas de parcializadas.