El gobierno de Trump está más cerca de castigar a inmigrantes legales que piden ayuda pública

El gobierno de Donald Trump prepara un documento que, de ser aprobado, castigaría a inmigrantes legales que solicitan ayuda del gobierno negándoles la residencia o la ciudadanía estadounidense.

El plan no es nuevo. A finales de marzo el diario The Washington Post reportó que, según un borrador de 223 páginas, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) planeaba castigar a quienes soliciten visas o la green card y hayan usado ciertos programas de ayuda federal.

En el blanco se encuentran cónyuges e hijos estadounidenses que llevan una vida estable y productiva en el país, dijo el diario el sábado.

El plan se encuentra en manos de la Oficina de Administración y Presupuesto del DHS.

Los afectados

En la lista de afectados se incluye a recién nacidos estadounidenses que reciben subsidios de Medicaid o del seguro de salud. Esto podría ser motivo para descalificar al padre extranjero de recibir una residencia legal permanente (tarjeta verde).

Una versión reciente del plan obtenida por el periódico no aclara si los inmigrantes a quienes se les niegue un beneficio serían deportados.

Tampoco especifica cuáles serían los parámetros que utilizaría el servicio de inmigración para negar un beneficio por esta causa, o si el uso de su discrecionalidad sea considerada arbitraria.

Clima de intranquilidad

Las nuevas reglas que elabora el DHS causan alarma y preocupación en la comunidad inmigrante.

Abogados consultados por Univision Noticias señalaron que el endurecimiento de las medidas “obliga a revisar en detalle” el reglamento de cada ayuda que un inmigrante vaya a solicitar en el camino a obtener, por ejemplo, la residencia.

“Muchas ayudas son legales”, indica Ezequiel Hernández, un abogado de inmigración que ejerce en Phoenix, Arizona y colabora frecuentemente con la redacción de Univision Noticias. “Pero no hay que olvidar que nadie que esté legalmente en Estados Unidos puede pedir beneficios públicos”, advirtió.

“Por ejemplo un turista o una persona en viaje de negocios con visa B1-B2 no puede pedir beneficios del gobierno. Es ilegal. Si se convierte en carga pública le afecta en cualquier trámite migratorio en el futuro, incluso pedir una nueva visa”, agregó.

Sólo para estadounidenses

A su vez, el abogado de inmigración Jaime Barrón, quien ejerce en Dallas, Texas, dijo que “los extranjeros legalmente en Estados Unidos sí pueden pedir ciertos beneficios, pero estos sólo pueden ser gestionados para un hijo ciudadano estadounidense, no para ellos”.

“Los beneficios públicos son exclusivamente para ciudadanos estadounidenses. Hay una larga lista de estas ayudas disponibles. Pero a partir de ahora, lo recomendable es revisar los reglamentos y determinar si es conveniente o no solicitarlo y que no afecte el estatus migratorio presente o evitar problemas en el futuro cuando pida, por ejemplo, la residencia”, apuntó.

Bajo el sistema actual, los funcionarios del gobierno federal están autorizados para negar la residencia a los inmigrantes que reciben beneficios sociales "en efectivo", principalmente bajo Asistencia Temporal para Familias Necesitadas. También ayudas para ancianos y personas discapacitadas que reciben asistencia en efectivo bajo el programa de Seguridad de Ingreso Suplementario.

Más detalles

El plan de Trump también penalizaría el uso del crédito tributario por ingreso de trabajo, un beneficio utilizado por millones de trabajadores estadounidenses y cuyo efecto es promover el empleo.

El plan original del DHS se conoció por primera vez en febrero tras una publicación del medio Vox. Un segundo borrador fue conocido por el Post en marzo y mostró que el gobierno buscará establecer reglas que perjudiquen las solicitudes de quienes tienen mal crédito, quienes no manejan el idioma inglés y hasta quienes tienen condiciones médicas que no puedan costear.

El segundo borrador mostró que el gobierno de Trump también busca asegurar que quienes obtienen visas o 'green cards' tengan altos niveles de educación, sepan inglés y sean saludables, entre otras cosas.

"Un extranjero tiene un alto riesgo de convertirse en una carga pública si tiene una condición médica y no puede mostrar evidencia de tener un seguro de salud no subsidiado, o la posibilidad de obtener un seguro de salud no subsidiado, o de otros medios no gubernamentales para pagar su tratamiento", señala el borrador.

También estipuló que el manejo del inglés "es relevante" a la hora de determinar si alguien podría convertirse en una carga pública, pues afecta su empleabilidad: "La gente con la más baja habilidad de hablar inglés tiende a tender la más baja tasa de empleo, la más baja tasa de empleo a tiempo completo y las más bajas ganancias medias".

Carga pública

La clasificación de carga pública que busca reforzar el gobierno de Trump también afectaría a los extranjeros al momento de solicitar una visa para entrar a Estados Unidos.

El reglamento actual de determinación de carga pública publicado en la página web de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS), señala que “la inadmisibilidad basada en el criterio de carga pública se determina según la totalidad de circunstancias. Esto significa que el adjudicador debe considerar tanto los factores positivos como los negativos al determinar la probabilidad de que alguien se convierta en una carga pública”.

“Como mínimo, un funcionario de USCIS debe considerar los siguientes factores para hacer una determinación de carga pública: edad, salud, estatus familiar, activos, recursos, estatus financiero, educación y capacitación”.

El borrador del DHS no menciona ninguna de estas circunstancias.

El reglamento actual también indica que la USCIS “considerará si la persona tiene una gran probabilidad de depender del gobierno para su subsistencia, como podría comprobarse por medio de la ayuda pública en efectivo que reciba para incrementar su ingreso o la institucionalización para cuidado a largo plazo a costa del gobierno”.