En Silicon Valley está el vínculo entre ICE y su cooperación con las Policías locales, revela reporte de ACLU

La agencia federal de inmigración emplea sistemas de “vigilancia masiva” creados por empresas de Silicon Valley para detectar y arrestar a indocumentados con fines de deportación en el norte de California. Lo más preocupante es que las agencias del orden están cooperando con ICE, incluso aquellas que adoptaron leyes y políticas santuario a nivel local y estatal.

La Asociación Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) tuvo acceso a más de 2,000 documentos que revelan que alrededor de 9,000 agentes de ICE han utilizado una gigantesca base de datos compilada por la compañía de tecnología Vigilant Solutions.

A través de esta plataforma, que se alimenta principalmente de un lector automatizado de placas vehiculares o ALPR, el Sevicio de Inmigración y Aduanas ha tenido acceso a más de 5,000 millones de datos que les ayudan a localizar a individuos en las ciudades más grandes del país, y que son recolectados lo mismo por agencias del orden que por negocios privados como compañías de seguros y lotes de estacionamiento. Además, según lo publicado por la organización, esta tecnología les permite a los agentes federales consultar más de 1,500 millones de registros en las bases de datos de los departamentos de Policía locales.

En total, ACLU denuncia que más de 80 agencias del orden locales, entre las que se encuentran las policías de Union City y Merced, han aceptado compartir información de las placas vehiculares de millones de residentes a través de la plataforma facilitada por Vigilant Solutions, a la que ICE tiene acceso gracias a un contrato de más de $6.1 millones que mantiene con la compañía.

"Ahora sabemos qué departamentos de policía están ayudando a ICE a aterrorizar a las comunidades migrantes al compartir información sobre placas vehiculares", advirtió Vasudha Talla, abogada de ACLU en el norte de California.

"ICE ha usado por mucho tiempo la tecnología para atacar a los inmigrantes. Ahora se está llevando la vigilancia a un nivel sin precedentes para atacar a comunidades vulnerables y está pasando por encima de todos los demás en el proceso", agregó.

En los documentos publicados por ACLU se detallan los alcances del contrato entre ICE y Vigilant Solutions. Como parte del acuerdo, válido hasta septiembre 2020, la agencia de inmigración tiene acceso no solo a los datos de 5,000 millones de placas de automóviles existentes, sino que la compañía asegura que cada mes se añaden un promedio de “entre 100 y 200 millones” de registros a través de fuentes comerciales que están disponibles para sus agentes.

¿Violación a las políticas santuario?

En la región de Silicon Valley no es cosa de otro mundo que las agencias del orden formen alianzas con las compañías de tecnología para agilizar sus protocolos y mejorar las tareas de seguridad. Pero en más de una ocasión ese tipo de cooperación se ha visto empañada cuando la agencia ICE aparece en la ecuación.

El departamento de Policía de Union City, por ejemplo, es uno de los subscriptores de la compañía Vigilant Solutions que apareció señalado por la Asociación Americana de Libertades Civiles como una de las agencias que comparte información con la agencia ICE, pese a que la ciudad adoptó desde mayo de 2017 una serie de políticas santuario que prohíben de manera explícita esta cooperación.

A través de la base de datos de Vigilant Solutions agencias como la Policía de Union City pueden acceder a información recopilada no solo por las cámaras montadas en patrullas policiacas de otros departamentos, sino también a los datos que recogen las videocámaras ubicadas en calles, carreteras, casetas de peaje, entradas de estacionamientos privados y de centros comerciales, denunció ACLU. Esta información que ayuda a dibujar una huella exacta de los trayectos de una persona puede quedar almacenada por años en una enorme base de datos a la que Vigilant Solutions decidión llamar ‘LEARN’, según se puede comprobar en el propio sitio web de la compañía.

En un comunicado conjunto el Ayuntamiento y la Policía de Union City explicaron que la agencia del orden no posee ni opera la tecnología ALPR, “por lo tanto no existe información de placas vehiculares que el Departamento de Policía haya proporcionado a Vigilant Solutions”.

Las autoridades de la ciudad agregaron que las políticas de la Policía se apegan a la legislación SB-54, comúnmente conocida como “Ley santuario”, al igual que a la “Resolución de la compasión” con la que la ciudad decidió limitar la cooperación con ICE desde el 2017.

Agencias locales bajo la lupa

Cuando el portal web The Verge publicó en enero de 2018 que una compañía de Silicon Valley ayudaba a la agencia a ICE a rastrear las placas vehiculares de millones de automóviles en todo Estados Unidos, las alertas se encendieron entre las organizaciones defensoras de inmigrantes en el Área de la Bahía.

El escrutinio comenzó con Alameda cuando se supo que el Concejo local evaluaba la posibilidad de instalar lectores de placas en los puentes de entrada y salida a la ciudad. El argumento era el de “blindar” a la ciudad de los criminales que llegaban de ciudades vecinas como Oakland. Pero cuando salió a la luz que el proveedor de estas videocámaras sería Vigilant Solutions, los líderes locales decidieron echar sus planes por la borda.

El efecto dominó siguió en otras ciudades de la región. En San Pablo, por ejemplo, el Concejo rechazó un plan para expandir su programa de lectores de placas y emplear a dicha compañía como proveedora. En la vecina ciudad de Richmond, los líderes locales hicieron algo similar, pero con mayor alcance: en mayo del año pasado votaron a favor de una resolución para evitar que la ciudad realizara negocios con cualquier empresa vinculada a compañías que compartieran información con la agencia ICE, además de que decidieron no renovar un contrato ya existente entre la ciudad y Vigilant Solutions.

Incluso el servicio de trenes en el Área de la Bahía estuvo en el ojo del huracán debido a la tecnología ALPR. En septiembre de 2018 el BART reconoció que por error envió a una base de datos a la que tiene acceso el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) más de 57,000 fotos de placas de autos que pasaron frente a una estación de trenes en Oakland, California.

Dicha información fue recolectada y compartida entre enero y agosto de 2017, durante un período en que directivos del BART adoptaron una "política de tránsito seguro" que prohíbe la colaboración con las autoridades migratorias buscando proteger y conservar la confianza de los pasajeros indocumentados.