Exgobernadora Wanda Vázquez no perderá la escolta de $30 mil mensuales, aunque esté bajo fianza por corrupción

La exgobernadora Wanda Vázquez fue arrestada en la madrugada de este jueves 4 de agosto y enfrenta siete cargos federales por soborno. Salió en libertad bajo fianza, por lo que el pueblo seguirá pagando los más de 30,000 dólares mensuales que cuesta su escolta.

Por:
Univision
La exgobernadora enfrenta siete cargos federales de soborno y corrupción pública, y se le fijó una fianza de $50,000.
Video “Soy inocente”: Así fue la salida de la exgobernadora Wanda Vázquez del Tribunal Federal

La ex gobernadora de Puerto Rico Wanda Emilia Vázquez Garced se declaró este jueves víctima de una "gran injusticia" al salir del tribunal federal en la isla, donde fue acusada de siete cargos, que incluyen soborno y fraude.

Y aunque Ignacio Fernández, uno de sus abogados, añadió que hasta le habían quitado la protección del servicio de escoltas que reciben los exgobernadores del país, la información resultó incorrecta. Vázquez Garced, de 62 años y política del gobernante Partido Nuevo Progresista (PNP), tendrá protección mientras disfruta del privilegio de libertad bajo fianza.

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Así lo garantizó por escrito el secretario del Departamento de Seguridad Pública, Alexis Torres. "De surgir una convicción en el caso federal en contra de la exgobernadora este servicio será eliminado", subrayó el funcionario.

El servicio de escolta a la ahora acusada de corrupción requiere el pago de más de 30,000 dólares mensuales en fondos públicos, sin contar las horas extra. Solo en en ese renglón, en 2021, la exgobernadora gastó $129,101.52.

Exgobernadora proclama que ahora le toca defenderse

La exgobernadora Vázquez Garced anticipó en mayo de este año que las autoridades federales la arrestarían.

Se reunió junto a un grupo de abogados y escogió al veterano periodista José Estevez para dejarle saber al país que anticipaba la radicación de cargos en su contra.

"Yo no he cometido ningún delito, no he cometido ninguna conducta ilegal e incorrecta", dijo en ese momento.

Otro de sus abogados, Luis Plaza, agregó entonces que anticipaban la presentación de cargos por algo "bien técnico".

Pero eso no fue lo que ocurrió este jueves, a casi tres meses de esas declaraciones.

¿Cuál es la acusación y a qué se expone Wanda Vázquez?

El fiscal federal W. Stephen Muldrow informó en conferencia de prensa que la exgobernadora de Puerto Rico Wanda Vázquez Garced enfrenta siete cargos por conspiración, sobornos y fraude.

De ser encontrada culpable, se expondría a una condena de hasta 20 años de prisión.

Según la acusación, Vázquez Garced, sus presuntos cómplices y sus supuestos intermediarios, se habrían comunicado a través de mensajes de texto, correos electrónicos y aplicaciones de mensajería en internet, así como en reuniones en persona.

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A la exgobernadora se le imputa actuar, desde finales de 2019 hasta mediados de 2020, en conjunto con otras cuatro personas en un esquema que a ella le habría permitido invertir $300,000 en consultores políticos, de cara a su campaña a la reelección al puesto en 2020.

Vázquez Garced no fue electa. Se convirtió en la segunda mujer en gobernar Puerto Rico en agosto de 2019, tras la renuncia de Ricardo Rosselló Nevares.

La Constitución dicta que le correspondía sustituirlo al Secretario de Estado, pero el cargo estaba vacante. Seguía entonces el secretario de Justicia y era ella quien en ese momento ocupaba el puesto.

Un nombramiento a cambio de apoyo económico

La investigación del Negociado de Investigaciones Federales (FBI) expuso que Vázquez Garced destituyó en febrero de 2020 al entonces Comisionado de Instituciones Financieras, George Joyner.

Al momento de su salida, se alega que Joyner investigaba las operaciones de Bancrédito.

¿Dónde está el problema? En que supuestamente otro de los acusados, el banquero venezolano Julio Herrera Velutini, dueño de Bancrédito International Bank & Trust Corporation, fue quien orquestó el nombramiento del nuevo comisionado, Víctor Rodríguez Bonilla, un exconsultor de su negocio.

¿Cómo dice el FBI que Julio Herrera Velutini lo consiguió? El banquero y su asesor, un exagente identificado como Mark Rossini, ofrecieron apoyo financiero a la campaña reeleccionaria a cambio del nombramiento.

Llegaron a la hoy exgobernadora a través de su asesor político, John Stanley Blakeman, quien junto con la expresidenta de Bancrédito International Bank & Trust, Frances Díaz Fossé, sirvieron de intermediarios, según la acusación.

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Estos dos últimos ya hicieron alegación de culpabilidad.

Muldrow indicó que Herrera Velutini está en Reino Unido y Rossini en España.

"No culpable": la declaración que la exgobernadora podría cambiar

Antes de las 5:00 de la tarde del jueves, Wanda Emilia Vázquez Garced ya estaba en libertad bajo fianza, tras pagar los $50,000 que le impuso la jueza Camille Vélez Rivé.

La exgobernadora, esposa de Jorge Díaz Reverón y madre de Stephanie y Beatriz, tendrá que reportarse a un oficial probatorio y debe entregar su pasaporte.

Al salir del tribunal federal, Vázquez Garced insistió en su inocencia.

“Me reitero a mi pueblo y a todos ustedes: soy inocente. Han cometido una gran injusticia… No tuve la oportunidad de ver la conferencia de prensa (del fiscal federal en la Isla). Lo que sí puedo decir es que no he cometido ningún delito, ninguna irregularidad. Ahora me toca a mí defenderme”, alcanzó a decir en medio de múltiples periodistas.

La escena fue menos caótica, pero llevó a recordar cuando a comienzos de este 2022, la veterana periodista investigativa Melissa Correa le preguntó a la exgobernadora si eran ciertos unos rumores sobre este caso.

"Gobernadora, ¿es cierto que el FBI hace algunas semanas incautó su teléfono y luego se lo devolvieron?", le preguntó Correa mientras Vázquez Garced salía rumbo a su carro.

"Nooo, noo", le replicó a Correa, quien para confirmar insistió en su pregunta.

"¿Eso es falso? ¿Es falso?"

"Sí", le espetó Vázquez Garced, aunque tiempo después admitió lo contrario.

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<b>Julia Keleher</b>, la exsecretaria del departamento de Educación bajo Ricardo Rosselló fue arrestada en julio de 2019 y se declaró culpable de dos cargos por delitos de conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para cometer fraude electrónico de servicios honestos en el 2021. Keleher fue condenada a seis meses de prisión, un año bajo arresto domiciliario, y el pago de una multa de 21,000 dólares, más servicios comunitarios.
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El exrepresentante del Partido Nuevo Progresista (PNP), 
<b>Nelson Del Valle Colón</b>, se declaró culpable a nivel federal por un esquema de sobornos el 31 de marzo. Dos de sus empleadas también se declararon culpables tras ser acusadas junto al exfuncionario en el año 2020. Del Valle Colón tendrá que devolver $190,000 al gobierno de Puerto Rico y
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El representante PNP, 
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En enero de 2021 el FBI arrestó al productor de radio y televisión, 
<b>Sixto George</b>. Este fue acusado de intentar sobornar por sobre $300,000 a funcionarios del gobierno de Ricardo Rosselló, en un esquema vinculado a la publicación del chat de Telegram durante el verano de 2019. El caso está pendiente.
<b>Felix 'El Cano' Delgado</b>, exalcalde de Cataño del Partido Nuevo Progresista, se declaró culpable de conspiración, soborno y de un patrón de fraude denominado “kickbacks” en un foro federal en diciembre de 2021. Según la fiscalía federal, Delgado recibió 
<b>más de 100,000 dólares de forma ilegal</b>, así como cinco lujosos relojes, 
<b>cuatro de ellos Rolex</b>.
<b>Oscar Santamaría</b>, es el
<b> </b>contratista en medio de la mayoría de los casos y arrestos de corrupción pública en los últimos dos años
<b>. </b>Enfrenta hasta cinco años de cárcel, luego de que el 29 de noviembre de 2021 se declarara culpable por varios esquemas de corrupción. Estos, relacionados con los pagos y regalos que hacía a exalcaldes alrededor de Puerto Rico, a cambio de contratos para las empresas Waste Collection, INC., 
<b>Island Builders Corp.</b> y 
<b>VIP Healthcare Solutions.</b>
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Al igual que Santamaría, 
<b>Raymond Rodríguez</b> se declaró culpable el 30 de noviembre por esquemas de corrupción, relacionados a pagos, regalos y sobornos a funcionarios electos a través de la compañía de asfalto, JR Asphalt. También enfrenta una pena máxima de cinco años de cárcel, una multa de hasta $250,000 y libertad supervisada de tres años.
El 
<b>excontratista Mario Villegas</b> era el copropietario de JR Asphalt, junto a Raymond Rodríguez, y enfrenta los mismos cargos que su exsocio. 
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El analista político, Luis Pabón Roca, lamentó que funcionarios del PPD celebraron que no fueron dos alcaldes de la Pava los que fueron arrestados por el FBI.
El 9 de diciembre de 2021, agentes federales acudieron a la residencia del alcalde de Guaynabo por el PNP, 
<b>Ángel Pérez</b>, donde fue puesto bajo arresto. Pérez Otero se expone a cinco años de prisión por el cargo de conspiración, 10 años por el de soborno y 20 años por el de extorsión. El exalcalde recibió 
<b>pagos en efectivo mensuales de 5,000 dólares.</b>
Tras el arresto, las autoridades publicaron imágenes de 
<b>Ángel Pérez</b> recibiendo sobornos en forma de efectivo por parte de 
<b>Oscar Santamaría</b>.
<b>Radamés Benítez</b> fue arrestado el pasado 9 de diciembre, el mismo día en que arrestaron al exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez Otero. Este fue acusado de conspiración para cometer fraude mediante 
<i>kickbacks</i>, soborno y extorsión de las compañías JR Asphalt y Waste Collection. Benítez obraba un soborno mensual de $17,250 vinculado a la otorgación de un contrato a la empresa Waste Colleection Corp. de Santamaría. Radamés era el vicealcalde del municipio bajo el alcalde del PPD, Luis Cruz Hernández, quien también es investigado por las autoridades.
<b>Luis Arroyo Chiques</b>, exalcalde de 
<b>Aguas Buenas por el PPD</b> se declaró culpable el 16 de diciembre de 2021 ante un foro federal por participar en un esquema de soborno en el cual recibió dinero en efectivo a cambio de otorgar un contrato municipal de 10 años por el servicio de recogida de desperdicios sólidos, inclusive hasta después de salir de la alcaldía.
El exalcalde de Guayama por el PPD, 
<b>Eduardo Cintrón Suárez</b>, se delcaró culpable el 8 de abril de 2022 en un caso de corrupción por recibir comisiones ilegales a cambio de la contratación de una empresa de asfalto JR Asphalt de Oscar Santamaría. El mismo día de su cita en corte, Cintrón renunció a la alcaldía.
<b>Joseph Fuentes</b>, recaudador de fondos para la campaña del 
<b>gobernador Pedro Pierluisi</b>, se declaró culpable de haber violado la Ley Electoral de EEUU en el foro federal en 5 de mayo de 2022. Fuentes, a través del Comité Acción Política (PAC) Salvemos a Puerto Rico, ocultó de dónde provenían cientos de miles de dólares depositados en dos organizaciones fantasmas que hacían donaciones. El 26 de agosto de 2022, el amigo de Pierluisi fue sentenciado a 14 meses en prisión por el 
<b>el juez Joseph Laplante.</b>
<b>Javier García Pérez</b>, alcalde de Aguas Buenas por el PNP, fue arrestado el 5 de mayo por el FBI en su residencia. Este fue acusado de recibir pagos ilegales de compañías dedicadas al recogido de basura, así como al asfaltado de carreteras. Según informó la fiscalía federal, García estuvo involucrado en los actos de corrupción desde el 2017 a 2021, y acumuló unos $32,000 en sobornos.
El alcalde 
<b>Humacao por el PNP, Reinaldo Vargas Rodríguez</b>, fue arrestado este jueves por agentes del Buró Federal de Investigaciones
<b> (FBI)</b>, y enfrenta cargos de corrupción pública. Según el informe de las autoridades, Vargas recibió alrededor de 
<b>$15,000</b>, y comenzó la actividad criminal a dos meses de haber juramentado como alcalde.
El exfiscal federal y abogado, Osvaldo Carlos, dijo que ha tenido acercamientos, en los pasados meses, con otros alcaldes tras la ola de arrestos por corrupción pública.
El Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI), an unció que someterá cargos contra el exalcalde de Santa Isabel, Enrique 'Quieue Questell, por el nombramiento de Carmen Rivera Torres como directora interina de Finanzas del municipio de Santa Isabel. Además, la Oficina de Ética Gubernamental lleva dos investigaciones contra el exalcalde.
Al igual que el Cano Delgado, exalcalde de Cataño, el
<a href="https://www.univision.com/radio/puerto-rico-wkaq-am/wkaq-580-am/abel-nazario-se-refirio-al-sonado-caso-de-felix-el-cano-delgado-video"> exdirector de Obras Públicas del municipio de Cataño</a>, Pedro Marrero Miranda, se declaró culpable el 9 de junio de una conspiración de sobornos en la que recibió pagos en efectivo a cambio de la distribución de proyectos de remoción de asfalto y la certificación de facturas para pagos del municipio a una empresa de 
<b>asfalto y pavimentación</b>.
José Luis Cruz, exalcalde de Trujillo Alto, se va a declaró culpable de corrupción pública ante un foro federal el 21 de junio de 2022, tras recibir 'kickbacks' de dos individuos y compañias de asfalto y recogido de basura. Su amigo y mano derecha en el municipio, Radamés Benítez Cardona fue arrestado el 9 de diciembre de 2021.
Jorge Droz Yapur, subdirector de la Autoridad de Transporte Integrado (ATI) bajo el PNP, enfrenta cargos federales por un fraude relacionado a la Ley de Quiebras tras ser acusado por un gran jurado federal. Droz fue director ejecutivo de la agencia y actualmente gozaba de un puesto de 'ayudante especial'.
Wanda Vázquez fue arrestada por el FBI bajo cargos de corrupción pública el 4 de agosto de 2022.
El 30 de agosto de 2022, el empresario
<b>José Bou Santiago</b>, de 50 años, se declaró culpable hoy en el Tribunal federal de
<b>sobornar con un reloj Rolex</b>al exalcalde de Cataño, Felix 'El Cano' Delgado a cambio de contratos en el municipio.
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Julia Keleher, la exsecretaria del departamento de Educación bajo Ricardo Rosselló fue arrestada en julio de 2019 y se declaró culpable de dos cargos por delitos de conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para cometer fraude electrónico de servicios honestos en el 2021. Keleher fue condenada a seis meses de prisión, un año bajo arresto domiciliario, y el pago de una multa de 21,000 dólares, más servicios comunitarios.
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