Gobierno de EE. UU. suaviza cargos contra la exgobernadora Wanda Vázquez y provoca polémica judicial

La exgobernadora Wanda Vázquez y el banquero Julio Herrera evitarán prisión tras declararse culpables de un delito menor por aportes ilegales de campaña. La defensa alegó persecución política.

Por:
Univision
El exsecretario de Justicia, Antonio Sagardía, reaccionó a la información de una moción que detalla la cantidad de pruebas que la fiscalía federal tiene para el caso.
Video ¿Qué significa para Wanda Vázquez que el FBI tenga 24 grabaciones para el caso?

SAN JUAN, Puerto Rico.- Una jueza federal expresó su malestar ante el sorpresivo giro del Departamento de Justicia de Estados Unidos ( DOJ) que permitirá a la exgobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garced, y al banquero multimillonario Julio Herrera Velutini evitar la cárcel tras ser acusados de corrupción. Ambos enfrentarán únicamente un cargo menor por contribuciones ilegales de campaña, en lugar de los delitos graves que pudieron haberles costado hasta 20 años en prisión.

El caso, que llevaba casi tres años en curso, quedó virtualmente desmantelado luego de que los acusados alcanzaran un acuerdo de culpabilidad por instrucciones de altos funcionarios del DOJ en Washington, según reveló el medio Bloomberg Law. La decisión fue tomada días antes del juicio programado y contradice la postura sostenida durante años por los fiscales federales del distrito de Puerto Rico, quienes defendían la gravedad del caso.

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La jueza Silvia L. Carreño-Coll, del Tribunal Federal del Distrito de Puerto Rico, declaró en una orden emitida el martes que, aunque le preocupa profundamente la indulgencia del acuerdo, carece de autoridad legal para revertirlo. “La decisión del Gobierno de cambiar de rumbo a última hora está permitida, porque en última instancia el Gobierno decide cómo ejercer su discreción procesal”, escribió la magistrada. Agregó que, por respeto a la Constitución y al principio de separación de poderes, se ve obligada a aceptar la decisión del DOJ.

El acuerdo establece que tanto Vázquez Garced como Herrera Velutini, junto con un exagente del FBI que fungió como intermediario, se declararán culpables de un solo cargo menor relacionado con contribuciones ilegales de campaña. La jueza fijó el 15 de julio como fecha límite para que las partes informen su disponibilidad para las audiencias de lectura de cargos y de culpabilidad.

¿Cuál fue la acusación original contra la exgobernadora Wanda Vázquez?

La acusación original, presentada en agosto de 2022 y ya desestimada, alegaba que Herrera donó $300,000 a la campaña de Vázquez Garced a cambio de que esta despidiera al comisionado de instituciones financieras de Puerto Rico y lo reemplazara por alguien seleccionado por él. En ese momento, la oficina del comisionado investigaba cerca de $10,000 millones en transacciones procesadas por Bancredito Bank Holding Corp., entidad fundada por Herrera.

La defensa, que incluyó a Christopher Kise, exabogado personal del expresidente Donald Trump, argumentó ante el DOJ que el caso era un ejemplo de la supuesta “instrumentalización política” del sistema judicial federal contra una figura que había respaldado a Trump. Según fuentes citadas por Bloomberg Law, esos argumentos encontraron eco en las esferas superiores del Departamento de Justicia, lo que obligó a los fiscales locales a cambiar de rumbo.

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<b>Julia Keleher</b>, la exsecretaria del departamento de Educación bajo Ricardo Rosselló fue arrestada en julio de 2019 y se declaró culpable de dos cargos por delitos de conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para cometer fraude electrónico de servicios honestos en el 2021. Keleher fue condenada a seis meses de prisión, un año bajo arresto domiciliario, y el pago de una multa de 21,000 dólares, más servicios comunitarios.
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El exrepresentante del Partido Nuevo Progresista (PNP), 
<b>Nelson Del Valle Colón</b>, se declaró culpable a nivel federal por un esquema de sobornos el 31 de marzo. Dos de sus empleadas también se declararon culpables tras ser acusadas junto al exfuncionario en el año 2020. Del Valle Colón tendrá que devolver $190,000 al gobierno de Puerto Rico y
<b> fue condenado a 57 </b>meses de prisiuon por una jueza federal.
<b>María Milagros ‘Tata’ Charbonier</b>, exrepresentantes del Partido Nuevo Progresista, fue arrestada por el FBI en agosto del 2020. Las autoridades federales también arrestaron a su esposo, su hijo y una empleada de su oficina identificada como Frances Acevedo Ceballos. Todos enfrentan cargos por robo de fondos federales, fraude en sus servicios honestos, lavado de dinero y obstrucción a la justicia. El caso está pendiente. 
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El representante PNP, 
<b>Néstor A. Alonso Vega</b>, presentó su renuncia a su escaño legislativo en la Cámara de Representantes tras ser acusado criminalmente por un presunto esquema de soborno y fraude electrónico. Las autoridades federales arrestaron en mayo de 2020 al representante del Partido Nuevo Progresista (PNP). Acusado por un Gran Jurado de nueve cargos, entre estos 'kickbacks'. el 6 de junio, el exfuncionario fue encontrado culpable de corrupción por un jurado federal y se expone hasta 20 años de cárcel.
En enero de 2021 el FBI arrestó al productor de radio y televisión, 
<b>Sixto George</b>. Este fue acusado de intentar sobornar por sobre $300,000 a funcionarios del gobierno de Ricardo Rosselló, en un esquema vinculado a la publicación del chat de Telegram durante el verano de 2019. El caso está pendiente.
<b>Felix 'El Cano' Delgado</b>, exalcalde de Cataño del Partido Nuevo Progresista, se declaró culpable de conspiración, soborno y de un patrón de fraude denominado “kickbacks” en un foro federal en diciembre de 2021. Según la fiscalía federal, Delgado recibió 
<b>más de 100,000 dólares de forma ilegal</b>, así como cinco lujosos relojes, 
<b>cuatro de ellos Rolex</b>.
<b>Oscar Santamaría</b>, es el
<b> </b>contratista en medio de la mayoría de los casos y arrestos de corrupción pública en los últimos dos años
<b>. </b>Enfrenta hasta cinco años de cárcel, luego de que el 29 de noviembre de 2021 se declarara culpable por varios esquemas de corrupción. Estos, relacionados con los pagos y regalos que hacía a exalcaldes alrededor de Puerto Rico, a cambio de contratos para las empresas Waste Collection, INC., 
<b>Island Builders Corp.</b> y 
<b>VIP Healthcare Solutions.</b>
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Al igual que Santamaría, 
<b>Raymond Rodríguez</b> se declaró culpable el 30 de noviembre por esquemas de corrupción, relacionados a pagos, regalos y sobornos a funcionarios electos a través de la compañía de asfalto, JR Asphalt. También enfrenta una pena máxima de cinco años de cárcel, una multa de hasta $250,000 y libertad supervisada de tres años.
El 
<b>excontratista Mario Villegas</b> era el copropietario de JR Asphalt, junto a Raymond Rodríguez, y enfrenta los mismos cargos que su exsocio. 
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El analista político, Luis Pabón Roca, lamentó que funcionarios del PPD celebraron que no fueron dos alcaldes de la Pava los que fueron arrestados por el FBI.
El 9 de diciembre de 2021, agentes federales acudieron a la residencia del alcalde de Guaynabo por el PNP, 
<b>Ángel Pérez</b>, donde fue puesto bajo arresto. Pérez Otero se expone a cinco años de prisión por el cargo de conspiración, 10 años por el de soborno y 20 años por el de extorsión. El exalcalde recibió 
<b>pagos en efectivo mensuales de 5,000 dólares.</b>
Tras el arresto, las autoridades publicaron imágenes de 
<b>Ángel Pérez</b> recibiendo sobornos en forma de efectivo por parte de 
<b>Oscar Santamaría</b>.
<b>Radamés Benítez</b> fue arrestado el pasado 9 de diciembre, el mismo día en que arrestaron al exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez Otero. Este fue acusado de conspiración para cometer fraude mediante 
<i>kickbacks</i>, soborno y extorsión de las compañías JR Asphalt y Waste Collection. Benítez obraba un soborno mensual de $17,250 vinculado a la otorgación de un contrato a la empresa Waste Colleection Corp. de Santamaría. Radamés era el vicealcalde del municipio bajo el alcalde del PPD, Luis Cruz Hernández, quien también es investigado por las autoridades.
<b>Luis Arroyo Chiques</b>, exalcalde de 
<b>Aguas Buenas por el PPD</b> se declaró culpable el 16 de diciembre de 2021 ante un foro federal por participar en un esquema de soborno en el cual recibió dinero en efectivo a cambio de otorgar un contrato municipal de 10 años por el servicio de recogida de desperdicios sólidos, inclusive hasta después de salir de la alcaldía.
El exalcalde de Guayama por el PPD, 
<b>Eduardo Cintrón Suárez</b>, se delcaró culpable el 8 de abril de 2022 en un caso de corrupción por recibir comisiones ilegales a cambio de la contratación de una empresa de asfalto JR Asphalt de Oscar Santamaría. El mismo día de su cita en corte, Cintrón renunció a la alcaldía.
<b>Joseph Fuentes</b>, recaudador de fondos para la campaña del 
<b>gobernador Pedro Pierluisi</b>, se declaró culpable de haber violado la Ley Electoral de EEUU en el foro federal en 5 de mayo de 2022. Fuentes, a través del Comité Acción Política (PAC) Salvemos a Puerto Rico, ocultó de dónde provenían cientos de miles de dólares depositados en dos organizaciones fantasmas que hacían donaciones. El 26 de agosto de 2022, el amigo de Pierluisi fue sentenciado a 14 meses en prisión por el 
<b>el juez Joseph Laplante.</b>
<b>Javier García Pérez</b>, alcalde de Aguas Buenas por el PNP, fue arrestado el 5 de mayo por el FBI en su residencia. Este fue acusado de recibir pagos ilegales de compañías dedicadas al recogido de basura, así como al asfaltado de carreteras. Según informó la fiscalía federal, García estuvo involucrado en los actos de corrupción desde el 2017 a 2021, y acumuló unos $32,000 en sobornos.
El alcalde 
<b>Humacao por el PNP, Reinaldo Vargas Rodríguez</b>, fue arrestado este jueves por agentes del Buró Federal de Investigaciones
<b> (FBI)</b>, y enfrenta cargos de corrupción pública. Según el informe de las autoridades, Vargas recibió alrededor de 
<b>$15,000</b>, y comenzó la actividad criminal a dos meses de haber juramentado como alcalde.
El exfiscal federal y abogado, Osvaldo Carlos, dijo que ha tenido acercamientos, en los pasados meses, con otros alcaldes tras la ola de arrestos por corrupción pública.
El Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI), an unció que someterá cargos contra el exalcalde de Santa Isabel, Enrique 'Quieue Questell, por el nombramiento de Carmen Rivera Torres como directora interina de Finanzas del municipio de Santa Isabel. Además, la Oficina de Ética Gubernamental lleva dos investigaciones contra el exalcalde.
Al igual que el Cano Delgado, exalcalde de Cataño, el
<a href="https://www.univision.com/radio/puerto-rico-wkaq-am/wkaq-580-am/abel-nazario-se-refirio-al-sonado-caso-de-felix-el-cano-delgado-video"> exdirector de Obras Públicas del municipio de Cataño</a>, Pedro Marrero Miranda, se declaró culpable el 9 de junio de una conspiración de sobornos en la que recibió pagos en efectivo a cambio de la distribución de proyectos de remoción de asfalto y la certificación de facturas para pagos del municipio a una empresa de 
<b>asfalto y pavimentación</b>.
José Luis Cruz, exalcalde de Trujillo Alto, se va a declaró culpable de corrupción pública ante un foro federal el 21 de junio de 2022, tras recibir 'kickbacks' de dos individuos y compañias de asfalto y recogido de basura. Su amigo y mano derecha en el municipio, Radamés Benítez Cardona fue arrestado el 9 de diciembre de 2021.
Jorge Droz Yapur, subdirector de la Autoridad de Transporte Integrado (ATI) bajo el PNP, enfrenta cargos federales por un fraude relacionado a la Ley de Quiebras tras ser acusado por un gran jurado federal. Droz fue director ejecutivo de la agencia y actualmente gozaba de un puesto de 'ayudante especial'.
Wanda Vázquez fue arrestada por el FBI bajo cargos de corrupción pública el 4 de agosto de 2022.
El 30 de agosto de 2022, el empresario
<b>José Bou Santiago</b>, de 50 años, se declaró culpable hoy en el Tribunal federal de
<b>sobornar con un reloj Rolex</b>al exalcalde de Cataño, Felix 'El Cano' Delgado a cambio de contratos en el municipio.
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Julia Keleher, la exsecretaria del departamento de Educación bajo Ricardo Rosselló fue arrestada en julio de 2019 y se declaró culpable de dos cargos por delitos de conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para cometer fraude electrónico de servicios honestos en el 2021. Keleher fue condenada a seis meses de prisión, un año bajo arresto domiciliario, y el pago de una multa de 21,000 dólares, más servicios comunitarios.
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