Nuevo presupuesto de Florida: recortes, incentivos, apoyos y todo lo que debes saber

MIAMI, Florida.- Con 45 días de retraso respecto al calendario original, la Legislatura de Florida aprobó un nuevo presupuesto estatal de $115.1 mil millones, marcando el cierre de una tensa temporada legislativa cargada de divisiones partidistas.

Aunque el gobernador Ron DeSantis aún tiene la última palabra con su poder de veto, el documento aprobado ya dibuja un panorama claro de las prioridades del estado para el próximo año fiscal.

Entre las prioridades del presupuesto se encuentran importantes recortes al gasto público, beneficios fiscales para sectores empresariales y un respaldo a la política de cooperación migratoria con el gobierno federal.

Una de las partidas más llamativas del nuevo presupuesto es la asignación de $3 millones en subvenciones para cárceles locales que colaboran con el gobierno federal en tareas de detención migratoria. Estos fondos están destinados a apoyar a los condados que han firmado acuerdos con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) para alojar a personas en proceso de deportación.

Florida lidera a nivel nacional en la cantidad de agencias locales que han firmado convenios con el programa 287(g), el cual permite a oficiales del orden actuar como agentes de inmigración.

Con esta nueva inversión, la administración estatal refuerza su compromiso con una agenda de deportaciones, alineada con las políticas promovidas por el presidente Donald Trump.

Para activistas como María del Pilar Muñoz, portavoz de la organización Alianza por los Derechos Humanos en el Sur de Florida, esta medida “es una afrenta directa a nuestras comunidades”. Según explicó a AP, “en lugar de invertir en educación, salud o vivienda, se está canalizando dinero público para perseguir y dividir familias”.

Recortes y prioridades del presupuesto 2025-2026 de Florida

El nuevo presupuesto estatal, $500 millones menor que el propuesto solicitado por DeSantis y $3.5 mil millones por debajo del presupuesto ajustado del año pasado, refleja la presión del ala más conservadora del Partido Republicano, que busca reducir el tamaño del gobierno ante señales de una posible recesión económica.

Este enfoque no se traduce en un alivio directo para las familias trabajadoras. A pesar de que se discutieron propuestas para reducir el impuesto general sobre las ventas del 6% al 5.25% o para exonerar compras de ropa por debajo de $75, la decisión final favoreció al sector empresarial.

La eliminación del impuesto sobre el alquiler comercial representa el mayor beneficio fiscal aprobado, junto con exenciones dirigidas a sectores como las aerolíneas, casinos y la industria NASCAR.

En contraste, los residentes de Florida verán alivios puntuales como exenciones fiscales en suministros para huracanes, bloqueadores solares, repelentes y útiles escolares durante el mes de agosto.

Otro eje del presupuesto que ha generado polémica es la asignación de $4 mil millones para becas escolares destinadas a instituciones privadas y religiosas. Este fondo masivo es resultado de la expansión del programa de vales escolares, que ahora permite a cualquier estudiante, sin importar el nivel de ingreso, optar por educación fuera del sistema público.

Organizaciones como la Asociación de Maestros de Florida han advertido que este tipo de medidas están debilitando la red pública de escuelas, especialmente en comunidades de bajos ingresos donde los inmigrantes representan una parte significativa del estudiantado. “Estamos viendo cómo se desvían recursos públicos a instituciones que no tienen los mismos estándares de rendición de cuentas ni garantías de inclusión para estudiantes diversos”, señaló un vocero sindical.

Reducción de plazas, pero aumento salarial selectivo

En su esfuerzo por “adelgazar” el aparato estatal, los legisladores eliminaron 2,238 puestos vacantes en agencias como el Departamento de Salud y el Departamento de Niños y Familias. Aunque estas plazas estaban desocupadas desde hace al menos tres meses, el cierre de oportunidades laborales genera inquietud en un contexto de alta demanda de servicios públicos.

Al mismo tiempo, el presupuesto contempla aumentos salariales del 2% para todos los empleados estatales, y de hasta 15% para policías y bomberos con más de cinco años de servicio.

Finalmente, el plan aprobado incluye una propuesta de enmienda constitucional para crear un fondo de reserva de $750 millones anuales, exclusivamente para situaciones de emergencia. La iniciativa requiere aprobación ciudadana con al menos el 60% del voto en un próximo referéndum.

Si bien los legisladores republicanos defienden la medida como una forma de “prepararse para lo inesperado”, como expresó el presidente de la Cámara, Daniel Pérez, legisladores demócratas han calificado el fondo como una “caja fuerte” cerrada, que podría terminar siendo inaccesible para quienes más lo necesitan. “Estamos viendo cómo se guarda dinero en vez de invertirlo en las personas que hoy enfrentan hambre, desalojo o falta de acceso a la salud”, denunció una representante demócrata del sur del estado.

Con información de AP.

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