WASHINGTON, D.C.- La administración del presidente Donald Trump presentó el martes una demanda contra los jueces federales del Tribunal de Distrito en Maryland, alegando que una orden judicial que detiene temporalmente ciertas deportaciones viola la autoridad presidencial sobre política migratoria.
Administración Trump demanda a Tribunal federal de Maryland por frenar deportaciones de migrantes
El juez principal ordenó frenar las deportaciones inmediatas para revisar los casos de quienes solicitan asilo al peligrar en caso de volver a sus países de origen.

La demanda, dirigida al juez principal George L. Russell III y a otros 14 jueces del distrito, busca anular una orden emitida en mayo que impide al gobierno deportar inmediatamente a inmigrantes que presenten una petición de hábeas corpus en esa jurisdicción. La norma establece que el gobierno debe esperar hasta las 4 p.m. del segundo día hábil después de la presentación de la solicitud antes de ejecutar una expulsión.
El juez Russell justificó la medida como una salvaguarda para garantizar que los inmigrantes tengan la oportunidad de comparecer ante un tribunal antes de ser deportados. La regla se aplica automáticamente a quienes buscan una revisión judicial de su detención, una práctica que, según el Departamento de Justicia, contradice un fallo previo de la Corte Suprema y socava las facultades del Ejecutivo.
“La orden judicial automática impuesta por los demandados interfiere con la capacidad constitucional del presidente para hacer cumplir las leyes de inmigración”, argumentaron los abogados del gobierno en una denuncia de 22 páginas. La demanda califica la decisión de los jueces como un “uso ilícito de las facultades equitativas” para limitar al Ejecutivo sin una controversia legal específica.
Contexto judicial y confrontación institucional
La administración Trump ha enfrentado múltiples bloqueos judiciales desde que asumió el poder, especialmente en temas migratorios. Los asesores del expresidente han criticado con frecuencia a los jueces federales, acusándolos de obstaculizar su agenda política.
Stephen I. Vladeck, profesor de Derecho en Georgetown University, calificó la demanda como parte de una estrategia más amplia para deslegitimar al poder judicial federal. “Estamos presenciando un intento sin precedentes del gobierno de presentar a los jueces de distrito como simples opositores políticos, en lugar de una rama coigual del gobierno”, afirmó para The New York Times.
El caso más emblemático relacionado con esta medida judicial es el de Kilmar Armando Abrego García, un ciudadano salvadoreño arrestado por agentes de inmigración el 12 de marzo. Abrego García residía en Maryland bajo una orden que impedía su deportación, argumentando riesgo de persecución en su país de origen.
Enfrentamiento sin precedentes
Al demandar a todo un tribunal federal, el gobierno Trump elevó su disputa con el poder judicial a un nivel no antes visto, marcando otro episodio en su historial de tensiones con la rama judicial.
La demanda no solo cuestiona la legalidad de la orden de Russell, sino que también subraya la continua batalla entre los poderes Ejecutivo y Judicial sobre el control de la política migratoria, un tema que ha sido una constante fuente de fricción durante toda la administración de Trump.
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