Aprueban medida para que funcionarios convictos por corrupción devuelvan los fondos públicos

Este martes, el Senado aprobó el proyecto 771, el cual fija el proceso en las que un funcionario encontrado culpabe de corrupcion pública deberá rendir cuentas y cumplir con la restitución de fondos con los bienes presentes y futuros.

Este proyecto fue presentado por siete senadores del Partido Popular Democrático (PPD) y por una senadora del Proyecto Dignidad.

“Hoy es un buen día para el país porque tenemos ante la consideración el Proyecto del Senado 771 y atiende uno de los problemas principales que impiden hechemos pa’lante con el país debido al problema de la corrupción. Esta medida tiene una importancia para dar pasos correctos para el combate de la corrupción. Para que las personas encontradas culpables de estos delitos no tengan escapatoria, tienen que pagar y punto”, afirmó Joanne Rodríguez Veve, senadora del Proyecto Dignidad.

El presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, y los senadores del Partido Popular Democrático, Migdalia González Arroyo, Juan Zaragoza Gómez, Ramón Ruíz Nieves, Rosamar Trujillo, Ada García Montes y Elizabeth Rosa Vélez son coautores de la medida.

El proyecto establece que “al presente nuestro Código Penal dispone la pena de restitución de manera discrecional en algunos delitos relacionados con la protección de los bienes y propiedad pública. Es imperioso que el sistema penal de Puerto Rico incluya como pena obligatoria la restitución en aquellos delitos puntuales en donde un menoscabo o pérdida de bienes públicos específicos y cuantificables haya sido objeto de prueba o sean parte de los elementos del delito”.

La medida añade que esta acción pone de manifiesto el interés de esta Asamblea Legislativa de construir un estado de derecho en donde la persona, con acceso a fondos públicos, se le imponga el más alto grado de responsabilidad y pulcritud en su administración.

Gretchen Hau, presidenta de la Comisión de lo Jurídico del Senado, rindió un informe donde destacó que se solicitaron memoriales al Departamento de Justicia, Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR), la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, así como la Asociación de Abogados de Puerto Rico obteniendo solo respuesta por parte de la OEG y OCPR. Por su parte la OCPR solicitó que Justicia y otros organismos fueran consultados respecto al tema, mientras que la OEG endosó el proyecto presentado.