TAMPA, Florida.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reveló este martes que 14 ciudadanos mexicanos se encuentran detenidos en el centro migratorio de los Everglades, conocido como Alcatraz de los Caimanes ( Alligator Alcatraz) debido a las duras condiciones que imperan en sus instalaciones.
Sheinbaum exige liberar a 14 mexicanos presos en el centro migratorio Alligator Alcatraz
México pidió la repatriación inmediata de los 14 mexicanos detenidos en el centro, que presuntamente los mantiene en condiciones inhumanas. El centro migratorio en los Everglades ha sido denunciado por condiciones insalubres y trato inhumano a los detenidos.
El gobierno mexicano solicitó a Estados Unidos la deportación inmediata de estos detenidos, en caso de que así lo deseen, y anunció una revisión sobre posibles violaciones a los derechos humanos.
El centro de detención, con capacidad para 3,000 personas, fue construido en una pista de aterrizaje aislada, en medio de los pantanos de los Everglades. Legisladores demócratas estadounidenses y algunos de los propios detenidos han denunciado condiciones “viles” e insalubres dentro del complejo, lo que ha encendido las alarmas de autoridades mexicanas.
Sheinbaum indicó que desde que se anunció la posible utilización de la prisión de Guantánamo, en Cuba, y posteriormente del centro en los Everglades, su gobierno ha enviado notas diplomáticas solicitando que los mexicanos detenidos no sean internados en esos lugares y que, en su lugar, sean repatriados de manera expedita.
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Un centro de castigo más que de detención: el inquietante historial de Alcatraz de los Caimanes
Desde que abrió sus puertas en julio, el centro migratorio Alcatraz de los Caimanes ha provocado una ola de denuncias por su trato a personas detenidas, muchas de ellas sin antecedentes penales. Ubicado en los remotos pantanos de los Everglades, este centro fue concebido para alojar migrantes con historial criminal, pero reportes recientes revelan que alberga a cientos de personas sin condenas, incluso solicitantes de asilo como un joven nicaragüense que asegura haber sido encadenado al sol por horas como castigo, según WLRN.
Organizaciones de derechos humanos, como Human Rights Watch, han denunciado abusos similares en otros centros migratorios del sur de Florida, y han advertido sobre condiciones “deshumanizantes”.
Mientras tanto, congresistas republicanos como Mario Díaz-Balart y Carlos Giménez defienden el centro, asegurando que cumple con los requisitos legales, aunque admiten preocupaciones ambientales y reconocen que el nombre del lugar busca un efecto psicológico.
A pesar de la controversia, la administración Trump mantiene su postura: todo migrante en situación irregular debe ser considerado criminal. Sin embargo, encuestas recientes muestran que una mayoría de estadounidenses desaprueba el uso de centros como Alcatraz de los Caimanes para detener a personas sin historial delictivo.
Debate sobre el trato que reciben los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos
Otro caso que ha generado inquietud es el de un mexicano trasladado a Sudán del Sur, como parte de una estrategia migratoria del expresidente Donald Trump que buscaba reubicar a migrantes con antecedentes de delitos violentos. La cancillería mexicana ha indicado que está revisando este caso individualmente.
Además, el gobierno mexicano anunció que ha intensificado su respaldo legal a migrantes detenidos en territorio estadounidense. Esta medida fue reforzada tras la trágica muerte de Jaime Alanis, un trabajador agrícola mexicano que falleció al caer del techo de un invernadero mientras intentaba huir de una redada migratoria caótica en California.
El secretario de Relaciones Exteriores de México, Juan Ramón de la Fuente, informó la semana pasada que la cancillería está impulsando una demanda civil relacionada con la muerte de Alanis, aunque aclaró que corresponde a la familia del fallecido tomar la decisión final sobre el procedimiento legal.
El gobierno de México reiteró su compromiso de proteger a sus ciudadanos en el exterior, especialmente ante prácticas que podrían constituir abusos o violaciones a los derechos humanos en el contexto migratorio.
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