Por qué centenares de personas sexualmente abusadas por sacerdotes católicos en Pennsylvania no podrán demandarlos nunca

La historia de abusos sexuales contra al menos un millar de menores de edad cometidos por miembros de la Iglesia Católica en Pennsylvania a lo largo de varias décadas que fue documentada por un gran jurado, impacta no solo por su escala y por el esfuerzo de la jerarquía de encubrirlo, sino por el hecho de que ninguno de esos casos será tratado jamás por la justicia estadounidense.

“Cortesía de largos años de encubrimiento, no podemos inculpar a muchos de los culpables", se lamentan los redactores del informe del gran jurado, que completó un trabajo de dos años, durante el que entrevistaron a centenares de personas y revisar miles de documentos, que finalmente la Corte Suprema de Pennsylvania ordenó que fuera hecho público.

La razón es que bajo las leyes estatales, los delitos descubiertos en el transcurso de la investigación han prescrito tanto para la presentación de cargos criminales contra los sacerdotes identificados, como para introducir demandas de responsabilidad civil.

De esos 300 prelados que son señalados por el gran jurado, solo dos han debido responder ante la justicia: el padre John Sweeney, quien se declaró culpable de abusar de un niño a principios de los noventa y espera sentencia, y David Poulson, quien fue arrestado en mayo acusado de asalto sexual contra un niño de 8 años (Poulson todavía no se ha declarado ser culpable o inocente)

El resto de los casos quedó proscrito por el estatuto que indica que quienes presenten demandas contra sus agresores no pueden haber pasado los 50 años. El gran jurado encontró casos de personas de 90, 80 o 70 años que sufrieron abusos durante su pubertad.

Además, todas las víctimas del reporte están impedidas de presentar demandas civiles por daños porque la ventana para abrir casos de ese tipo en Pennsylvania se cierra cuando se alcanzan los 30 años. Quienes contaron sus historias al gran jurado ya pasaron ese límite.

“Si esto no dispara un serio debate sobre la eliminación del estatuto de limitación, entonces hay algo seriamente mal con mis compañeros ciudadanos de Pennsylvania”, dijo Shaun Sougherty, una de las víctimas que testificó ante el gran jurado sobre los abusos que sufrió a los 0 años por parte de un sacerdote.

Abrir una ventana

Aunque en el informe se recomienda a los legisladores estatales “abrir una ventana” de dos años para que los que deseen puedan entablar demandas contra la iglesia, la Asamblea estatal no ha logrado aprobar una ley que lo permita. El Senado ha modificado todas las propuestas que han salido de la Cámara de Representantes de Pennsylvania con el argumento de que esa retroactividad es inconstitucional y por tanto no ha habido un texto legal de consenso para aprobar.

Algunos senadores dicen estar dispuestos a aprobar una ley que ayude a víctimas futuras, pero no a las personas afectadas por casos ya prescritos.

“La otra vía sería acusar a los obispos y la jerarquía de poner en peligro a niños. Eso sería posible bajo la ley de Pennsylvania. Y de hecho estoy sorprendida que este reporte no terminara en acusaciones tanto para los obispos como para los miembros del clero”, dijo a Univision Noticias Marcia Hamilton, directora de la CHILD USA, una organización de la Universidad de Pennsylvania dedicada a estudiar y prevenir el abuso infantil.

En EEUU hay dos casos que sirven de precedentes, en los que los superiores jerárquicos de quienes cometieron los abusos han sido llevados ante la justicia por encubrir un delito y por poner en riesgo la salud de menores de edad.

En 2012, en Pennsylvania, monseñor William Lynn se convirtió en el primer sacerdote católico en EEUU en ser condenado a prisión por su negligencia en el manejo de denuncias de abusos cometidos por otros religiosos que él debía supervisar y “poner en peligro el bienestar de un niño”.

En mayo, 450 sobrevivientes llegaron a un acuerdo con la Arquidiócesis de Saint Paul y Minneapolis por 210 millones de dólares en compensación por haber encubierto abusos cometidos por miembros de la iglesia.

“Creo que es una falta de voluntad, más que otra cosa”, asegura Hamilton, para quien una decisiva acción política en el estado, así como en Washington, “podría incentivar a que los estados eliminen sus estatus de limitaciones”.

Derechos del niño

Se sabe que los delitos contra la humanidad no prescriben, por eso algunos plantean la posibilidad de que estos abusos encubiertos por la iglesia católica puedan considerados de la misma manera que los cometidos por otras instituciones contra una población a la que se supone que deben proteger.

El argumento es que si las acciones de los sacerdotes y el trabajo para encubrirlos del que se acusa a la jerarquía eclesiástica fueran tratados bajo esa óptica de crímenes contra derechos humanos fundamentales, consagrados en acuerdos internacionales (como el derecho a vivir libre de tortura o en un ambiente seguro), no habría prescripción.

La Declaración de los Derechos de los Niños de 1959, reza que los menores de edad tienen “derecho a tener una protección especial para el desarrollo físico, mental y social del niño” o “a la protección contra cualquier forma de abandono, crueldad y explotación”.

Sin embargo, esa es una vía cerrada para víctimas estadounidenses que quisieran seguir ese camino en su búsqueda de justicia, explica Hamilton.

“No hay buenas opciones en EEUU para procesar estos casos bajo la teoría de los abusos de derechos humanos. Uno de los grandes problemas es que EEUU no es firmante de la Convención de los Derechos del Niño. Somos el único país que no lo ha firmado. Así que los niños no tienen derechos humanos básicos en EEUU como tendría en otros países”.

En su reacción al reporte, el obispo de Pittsburgh David A. Zubik rechazó que la iglesia rechazó que existiera un esquema de encubrimiento y afirmó que la institución ha avanzado mucho en los últimos 30 años en mejorar la protección de los niños

Además, los obispos de Pennsylvania pidieron rezar por los afectados y prometieron mayor transparencia.

Y aunque algunas de las víctimas, reconociendo que ya no tienen opciones legales, se han conformado con la sola publicación del informe, es posible que la oferta de oraciones no sea suficiente para resarcirles el padecimiento por los abusos sufridos y por la justicia que posteriormente les ha sido denegada.