40 años después de Somoza, Nicaragua teme volver a la dictadura con Daniel Ortega

Las detenciones de opositores en Nicaragua por cargos poco claros e imprecisos vinculados a subversión parecen dejar al presidente Daniel Ortega y a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, prácticamente sin oposición en las elecciones generales de noviembre.

"Está eliminando cualquier posible desafío a su férreo gobierno. Así de simple," dijo Michael Shifter, del centro de estudios Diálogo Interamericano en Washington DC.

Aun así, la magnitud del ataque a la oposición nicaragüense durante la última semana ha sorprendido a los observadores de la política nicaragüense, que han visto cómo Ortega ha ido erosionando el régimen democrático en el país durante sus últimos 15 años en el poder.

"En los últimos 30 años, nunca he visto algo semejante", señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.

En el transcurso de varios días de esta semana, la policía encarceló o puso bajo arresto domiciliario a cuatro candidatos presidenciales de la oposición, entre ellos Cristiana Chamorro, la hija de la expresidenta Violeta Chamorro, un destacado activista social, Félix Maradiaga, y un dirigente empresarial del sector privado, José Adán Aguerri, entre otros.

"Es muy vengativo y no tiene frenos", dijo Jennie Lincoln, asesora principal del Centro Carter, dirigido por el expresidente Jimmy Carter, que ha observado varias elecciones en Nicaragua.

"No tenía por qué hacer esto. Es como si se jodiera todo el mundo", dijo Lincoln, señalando que Ortega podría haber ganado la reelección contra una oposición dividida con todas las ventajas incorporadas que ha acumulado a lo largo de los años, incluyendo el control de los tribunales, el Congreso, un aparato de medios de comunicación estatales y otros recursos públicos.

Elecciones:

"Una amenaza letal"

Sin duda, no hay una explicación racional, dijo Carlos Fernando Chamorro, el periodista más prominente del país y editor del sitio web de noticias Confidencial, quien también es hermano de Cristiana Chamorro.

"Bajo una premisa de racionalidad democrática, es imposible entender por qué Ortega decidió darle el golpe de gracia a las elecciones, pero bajo la lógica de la radicalización política autoritaria, caben al menos dos interpretaciones", escribió en su propia publicación el jueves.

En teoría, "unas elecciones competitivas, aún sin garantías ni observación internacional, representaban una amenaza letal para la sobrevivencia del régimen", según Chamorro.

La segunda posibilidad, "es que para mantenerse en el poder sin democracia ni elecciones libres, Ortega está dando el salto al vacío de la radicalización, adoptando en lo político los modelos de Cuba y Venezuela", añadió.

El presidente Ortega, que ha estado en el poder desde 2007, está buscando su cuarto elección consecutiva, (su quinto período de Gobierno) que le convertiría -si concreta su ola represiva contra opositores políticos- en el más nuevo dictador en el estilo de la dinastía de la familia Somoza, que gobernó por 42 años entre 1936 y 1979.

Irónicamente, fue Ortega quien lideró la revolución popular "sandinista" que derrocó a Anastasio Somoza, en julio del 79.

"Ha decidido que va a luchar hasta el final. Está volviendo a su celo revolucionario de los años 80", dijo Shifter.

El "error" de las elecciones de 1990

Ortega parece estar tomando otra lección, menos noble, de su propio pasado, las elecciones de 1990 que perdió ante Violeta Chamorro, poniendo fin a su primer gobierno sandinista de una década.

"Cometió ese error una vez y eso fue suficiente", dijo Shifter, recordando que Ortega pasó los siguientes 16 años tratando de regresar. "Estuvo 16 años en el desierto y seguro que no va a volver", añadió.

Además, las últimas elecciones de 2016 se vieron empañadas por numerosas irregularidades, incluida la elección de su esposa, Rosario Murillo, como compañera de fórmula para la vicepresidencia.

Protestas de 2018

Un año después estallaron masivas protestas callejeras después de que Ortega anunciara una sorpresiva reforma del sistema de seguridad social que aumentaba los impuestos y reducía las prestaciones.

La indignación por las tácticas represivas de la policía transformó las protestas en un movimiento nacional que pedía la dimisión de Ortega. Más de 120 personas murieron en las protestas callejeras, la mayoría por disparos de la policía y los paramilitares progubernamentales. Unos 130 presos políticos siguen en la cárcel.

Como resultado, el gobierno de Ortega se ha encontrado con el ostracismo de la mayor parte del mundo democrático, sancionado tanto por Estados Unidos como por la Unión Europea. A nivel interno, el país también se enfrenta a una recesión económica de tres años que se ha visto agravada por la pandemia.

"El régimen está con los cables cruzados. Está desesperado", dijo a Univision Noticias Berta Valle, la esposa de Maradiaga, uno de los detenidos el martes. "Esto es una muestra de que reelmente están débiles y lo único que pueden hacer es este tipo de cosa y cerrar", agregó.

Shifter y otros observadores dicen que Ortega puede estar influenciado por la forma en que su aliado socialista, Nicolás Maduro en Venezuela, ha logrado resistir las presiones internacionales, incluidas las sanciones de Estados Unidos.

La medida contra sus opositores es también una plantada al nuevo gobierno de Joe Biden en Washington, y especialmente a la visita a principios de esta semana a Centroamérica de la vicepresidenta Kamala Harris.

Sanciones

Estados Unidos respondió a la represión esta semana sancionando a otros cuatro funcionarios de Ortega, incluida una de sus hijas, Camila Ortega, directora de Canal 13, un canal de televisión estatal. Sin embargo, los analistas señalan que las sanciones impuestas a decenas de otros altos funcionarios nicaragüenses no han logrado socavar el control de Ortega sobre el poder.

"Las sanciones son bastante débiles a la luz de la gravedad de la situación", dijo Shifter. "Creo que él ve que no hay costo en este momento", agregó.

Ortega ha escapado a la mayor parte de la atención en Washington, que está centrada en la situación de los migrantes en los países del Triángulo Norte, Guatemala, El Salvador y Honduras. Nicaragua representa un número relativamente pequeño de migrantes de la región en la frontera sur, aunque muchos otros han huido hacia el sur, a Costa Rica.

"Estados Unidos está distraído. Hay un interés muy reducido porque están preocupados por las presiones fronterizas y los problemas políticos que eso crea", dijo Shifter.

En la Organización de Estados Americanos (OEA) se están haciendo gestiones para invocar tal vez la Carta Democrática de la organización, lo que supondría la expulsión de Nicaragua por violar sus condiciones de miembro. Sin embargo, eso tampoco ha disuadido en el pasado a Venezuela ni a Cuba.

Mientras tanto, los opositores de Ortega están tratando de reunir apoyo, pero queda por ver si podrán resistir otra ronda de enfrentamientos callejeros.

"A pesar de todo lo que nos pueda venir encima, el régimen es la verdadera minoría, frente a una nación que quiere trabajo, una nación que quiere paz, y quiere libertad", dijo Maradiaga a los periodistas el martes antes de ser llevado a la cárcel.

'Ley Mordaza'

La resistencia a Ortega puede ser aún más difícil ahora tras la aprobación de nuevas leyes destinadas a silenciar la disidencia. La mayoría de los últimos presos políticos lo han sido en virtud de una nueva 'Ley Mordaza' aprobada en diciembre que prohíbe que los denominados "traidores a la patria" sean postulados a cargos públicos.

"La ley utiliza términos sumamente imprecisos al definir a los 'traidores a la patria', por ejemplo, como aquellos que 'menoscaben la independencia, la soberanía, y la autodeterminación' o 'lesionen los intereses supremos de la nación'. La ley no indica cómo se llegaría a tal determinación, ni quién la adoptaría", según Human Rights Watch.

Por ejemplo, el orden de arresto contra el opositor Mario Arana, expresidente del Banco Central de Nicaragua, se refriere a un supuesto delito "que compromete la paz o la dignidad de la República."

En el caso de Chamorro, los fiscales parecen estar tratando de aplicar la nueva ley a la financiación por parte del gobierno de Estados Unidos de una fundación de periodismo que ella fundó y que lleva el nombre de su madre. Desde 2015, la fundación ha recibido alrededor de un millón de dólares de financiación anual de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) como parte de un 'Programa de Fortalecimiento de los Medios'.

Ortega, y su esposa, han arremetido con frecuencia contra la financiación estadounidense de programas prodemocracia, que ahora es ilegal según la ley de diciembre.

Eso puede explicar por qué, como parte de la represión de esta semana, los fiscales interrogaron a casi 30 periodistas, incluidos dos afiliados a Univisión, en lo que los fiscales dijeron era una investigación de "ciberdelitos" no determinados.

El mes pasado, la Asamblea Nacional aprobó una reforma electoral que consolida el control del gobierno sobre el proceso electoral, y también nombró a los nuevos miembros del Consejo Supremo Electoral, (CSE), nombrando únicamente a aquellos que habían sido nominados por el partido gobernante, el Sandinista (FSLN).

"En estas circunstancias, es imposible que los nicaragüenses ejerzan sus derechos políticos en elecciones libres y justas", señaló Vivanco, de Human Rights Watch.

Mucho dependerá de la respuesta de la iglesia católica y de los líderes empresariales locales, dice Carlos Fernando Chamorro, también en la mira del gobierno.

"El dilema es poner los límites ahora, para acortar el sufrimiento del país en pérdidas humanas, el cercenamiento de las libertades y los costos económicos y sociales de la crisis, o esperar que el sistema colapse por su propio peso, a costa de mayores sacrificios para todos", escribió.