El reality venezolano de la conspiración que se nutre de confesiones "bajo tortura"

CARACAS, Venezuela.- Nicolás Maduro ha convertido su última denuncia de conspiración en una especie de reality show. Como si se tratara del animador de un programa de TV, el presidente venezolano preguntó a su audiencia: “¿Quieren ver unos videos?”. A continuación, mostró imágenes de manifestantes de la oposición enfrentándose a militares y policías, y luego el testimonio de dos jóvenes que confiesan haber recibido supuestas órdenes y dinero de "los enemigos" de la revolución para generar desórdenes en las calles.

“Ya no tienen más cartas que jugar los golpistas, descubiertos con las manos en la masa”, dijo Maduro, luego de mostrar las imágenes que supuestamente forman parte del expediente de una investigación aún en curso.

Entre los manifestantes confesos estaba uno de los gemelos Sánchez, de 22 años, estudiantes de Ciencias Políticas de la Universidad Central de Venezuela y representantes del partido opositor Primero Justicia en Caracas.

Alejandro y José Sánchez fueron acusados por el gobierno chavista de promover actos “terroristas”, siguiendo instrucciones de la directiva de su organización política, encabezada por el presidente del Parlamento, Julio Borges, y el excandidato presidencial y gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles Radonski. Este lunes, la justicia venezolana ordenó la reclusión de los hermanos Sánchez en una prisión de delincuentes comunes.

Ambos engrosan la lista de 538 personas arrestadas desde comienzos de abril por protestar contra la deriva autoritaria de Maduro, según los cálculos de la ONG Foro Penal.

Un día antes de que Maduro difundiera estas imágenes en simultáneo a través de todos los canales del Estado, el partido Primero Justicia denunció que los jóvenes habían sido “secuestrados” por funcionarios policiales y torturados en los calabozos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) “para obligarlos a grabar un video incriminando a dirigentes y diputados” de esta formación política.

“Los hermanos Francisco y Alejandro Sánchez son el reflejo de muchos otros jóvenes que también en este momento son perseguidos. Díganme si es tortura o no es tortura que los amarren por 48 horas a un poste, que les den detalles de dónde ha estado su novia o su hermano menor el día anterior y que amenacen a su familia”, especificó en rueda de prensa el legislador y secretario general de PJ, Tomás Guanipa.

Guanipa relató que los hermanos Sánchez apenas pudieron ver a su padre, después de permanecer aislados por 72 horas, y que “llorando pidieron ayuda psicológica” y admitieron frente a los agentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) que “les obligaron a decir cosas que no son ciertas”.

El legislador Juan Miguel Matheus adelantó que ya identificaron a un total de 37 funcionarios que habrían intervenido en los abusos y maltratos sufridos por los gemelos. “Hemos pasado de tener un gobierno golpista a sufrir un gobierno torturador que somete a la oposición política a tratos crueles e inhumanos”, fustigó Matheus.

Con respecto al juicio de los hermanos Sánchez, la abogada Elenis Rodríguez Martínez reveló que el Ministerio Público solicitó “dejar sentado en acta que no tenía conocimiento del video transmitido por Nicolás Maduro”. Los jóvenes tampoco fueron imputados por terrorismo, sino por instigación pública y agavillamiento.

El abogado penalista Fernando Fernández sostiene que el Gobierno usurpó las funciones del Ministerio Público y vulneró las normas que regulan el tratamiento de las evidencias y la reserva de la investigación. “ Estos videos no son más que propaganda difamatoria y no reflejan la realidad de los hechos, sino solo un solo punto de vista”, expone Fernández.

El profesor Alberto Arteaga Sánchez destaca que la publicación de “pretendidos elementos de convicción que solo pueden ser manejados por los órganos de investigación”, confirma la falta de autonomía del sistema de justicia venezolano. “Hemos perdido esa apariencia de legalidad que de alguna manera trataba de cubrir los actos del Poder Ejecutivo. El Poder Judicial se ha convertido en un órgano político al servicio del Ejecutivo”, cuestiona el experto en Derecho Penal.

Una de las sentencias dictadas por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que se transformó en un detonante de la protesta ciudadana, determina que los diputados opositores cometieron el delito de “traición a la patria” por aprobar un acuerdo en respaldo a la activación de la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Arteaga Sánchez enfatiza que “esas categorías que se utilizan sin tener ningún asidero legal, como traición a la patria, terrorismo y asociación para delinquir, son las calificaciones que ahora se le dan a todo aquel que en definitiva disiente políticamente”.

Culpables, hasta que se demuestre lo contrario

Lejos de retroceder ante los reclamos de la disidencia, Maduro autorizó a los cuerpos de seguridad del Estado a demandar a quienes los señalen de violar los Derechos Humanos, y defendió la transmisión de estas declaraciones bajo el argumento de que busca “develarle a nuestro pueblo la verdad” para “que la opinión pública maneje los hechos reales y se haga su propia opinión”.

Esta práctica es común entre los principales líderes del chavismo, quienes acostumbran difundir videos y audios de llamadas telefónicas grabadas ilegalmente en los que pretenden vincular a la oposición con unos supuestos planes desestabilizadores. Antes que llevar a sus adversarios ante la justicia, el chavismo intenta condenarlos en el tribunal de la opinión pública.

En su espacio televisivo semanal, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, edita videos y conversaciones telefónicas privadas que exponen al escarnio público o relacionan con supuestas actividades golpistas a dirigentes de la oposición. Cabello basa sus ataques en datos ofrecidos por los llamados “patriotas cooperantes”, informantes anónimos que montan sumarios contra sus rivales políticos.

“Tenemos varios reportes de jóvenes que son capturados y obligados a rendir testimonios sin asistencia legal para involucrar a dirigentes de la oposición en actos criminales”, afirma el abogado Gonzalo Himiob, miembro de Foro Penal, ONG que defiende la causa de los presos políticos en el país. Himiob subraya que “el Presidente y los ministros no tienen atribuciones para involucrarse en investigaciones penales”, razón por la cual su intervención en esta materia constituye otra desconocimiento a la Carta Magna.

“Cada vez que se registra una situación de conmoción social, el Gobierno construye su ‘verdad’ sobre dos ejes: coloca a la oposición la etiqueta de criminal y se asume como víctima de un complot, para exonerar de responsabilidad a los funcionarios que violan DDHH”, observa Himiob.

El vicepresidente de la República, Tareck El Aissami, informó el fin de semana que solo en las últimas horas habían retenido a 117 personas por participar en las movilizaciones callejeras, que hasta el momento han arrojado un saldo de cinco personas asesinadas, de acuerdo con un informe de Foro Penal. Tras brindar este balance, El Aissami exhortó “a los poderes públicos y a los demás órganos a otorgar la pena máxima para todos los terroristas que han intentado desestabilizar la tranquilidad de todo un pueblo". En este caso, se trataría de entre 25 y 30 años de cárcel.