Esta pareja logró el ‘sueño americano’, luego esclavizó a sus familiares con golpes y amenazas

Nery y Maura Martínez sonreían frente a una cámara el 26 de agosto de 2017. Festejaban el cumpleaños 50 de ella y sus logros económicos: eran dueños de un popular restaurante de comida mexicana en el norte de California, de una empresa de limpieza y de varias propiedades.

Pero había un aspecto criminal detrás del éxito de esta pareja de inmigrantes: por esa época esclavizaban a tres familiares, incluyendo dos menores de edad, que trajeron con engaños desde Guatemala para obligarles a trabajar todos los días en sus negocios recibiendo un pago mínimo o inexistente, según describe una acusación interpuesta por la Fiscalía federal del Distrito Este de California.

Cuando las víctimas, una madre y sus dos hijas de 8 y 15 años, quienes son familiares de Maura Martínez, suplicaron que las dejaran volver a su país, les fue peor. Ya que tenían una “deuda inflada” de más de 12,000 dólares por los arreglos para que emigraran con visas de turista, la pareja les advirtió que las denunciarían a la policía y que el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) estaba haciendo redadas.

Esta familia fue forzada a vivir en una casa móvil “en ruinas” en la propiedad de los Martínez que no tenía calefacción, aire acondicionado, ni agua. Las niñas no acudían a la escuela y tenían que trabajar para ellos, porque les advertían que en la calle las podían arrestar agentes de ICE, señala la acusación.

“Los acusados explotaron la vulnerabilidad de la víctima y de sus hijas, incluyendo su estatus migratorio, su falta de educación y por no hablar inglés”, indica la Fiscalía.

Las humillaciones frente a otras personas y los golpes también eran parte del esquema de esclavitud, que ocurrió entre septiembre de 2016 y febrero de 2018. Los fiscales alegan que Nery Martínez les pegaba a las niñas con un palo que tenía escrito sus apodos y la frase: “Lo que sube tiene que caer”.

Este lunes cayó la imagen de Nery y Maura Martínez, cuando un juez federal los sentenció a pasar seis y tres años en una prisión, respectivamente, por someter a trabajos forzados. Además, el matrimonio deberá cumplir tres años de libertad condicional, pagarle al gobierno una multa de 250,000 dólares y entregar 300,000 dólares como restitución para siete víctimas, incluyendo a las tres mujeres guatemaltecas.

“Estos acusados usaron la promesa de una vida mejor para atraer a una madre y sus hijas a viajar a Estados Unidos, solo para traicionar su relación familiar y explotar la precaria situación de las víctimas para oprimirlas y degradarlas cruelmente, y sacar ganancias”, dijo la fiscal Kristen Clarke en un comunicado.

“El trabajo forzoso no tiene cabida en nuestra sociedad civilizada. Esta sentencia deja en claro nuestro compromiso de responsabilizar a los perpetradores y nuestra dedicación para erradicar la trata de personas”, agregó la funcionaria.

Abusos físicos, psicológicos y verbales

Maura Martínez, de 54 años, es originaria de Guatemala. En un memorando de sentencia su abogada Tasha Paris Chalfant relata que su clienta -al igual que sus víctimas- también emigró a Estados Unidos buscando un mejor futuro. En su país, relata, “fue objeto de abuso físico severo por parte de su madre y su padrastro, así como de abuso sexual por parte de su padrastro”.

Describe que, además de los golpes, ella fue víctima de “humillación pública, desnudez forzada y lesiones que llevaron a la señora Martínez a someterse a una cirugía abdominal y tener varias cicatrices”.

Tenía dos hijos pequeños cuando vino a este país. Aquí conoció a Nery Martínez, se casaron en 1995 y nacieron dos hijos más. Su abogada afirmó que ella era una ama de casa que no estaba ligada a los negocios de su esposo, ni a sus delitos. Por eso pedía para ella una sentencia a 36 meses de cárcel.

Familiares, amigos y clientes del restaurante Latino’s Mexican Restaurante en Shasta Lake, propiedad de la pareja, escribieron cartas en apoyo a Maura Martínez. “La descripción contundente de la señora Martínez es que es respetada, cálida, cariñosa, generosa, compasiva, confiable, trabajadora, servicial e involucrada”, señala su abogada.

Pero el Departamento de Justicia afirma que ella y su marido crearon “un sistema de dependencia”, cubriendo las necesidades básicas de sus víctimas, ofreciéndoles comida y vivienda. Además, señala que las sometieron a abusos físicos, psicológicos y verbales.

La madre guatemalteca frecuentemente era humillada frente a sus dos hijas, advirtiéndole que si no pagaba la “deuda” terminaría en la cárcel. La queja judicial menciona que las forzaban a comer las sobras y que separaron a la madre de sus hijas para evitar que escaparan.

“El trabajo forzado, una forma de trata de personas, es motivo de gran preocupación para el FBI, pero es difícil de identificar e investigar sin la cooperación de víctimas temerosas que creen que escapar no es una opción debido a las mentiras que les han contado sus explotadores”, dijo en el comunicado, Sean Ragan, encargado de la oficina del FBI en Sacramento, que lideró la investigación.

“Este caso destaca cómo tales delitos pueden ocurrir a la vista del público en un negocio legítimo y pasar desapercibidos”, enfatizó Ragan.

El infierno de estas tres mujeres concluyó en febrero de 2018, cuando las autoridades las rescataron.

El gobierno les incautó a los Martínez dos propiedades en Shasta Lake con las que se espera paguen la multa e indemnizaciones a las víctimas.

“La señora Martínez ha asumido toda la responsabilidad por su conducta en este caso”, indica el memorando sometido por su abogada, el cual incluye varias fotos familiares.

Cuando salga de prisión, indica el documento, ella espera “continuar con su restaurante familiar, permanecer cerca de sus hijos y verlos prosperar con su educación”.