La represión de Nicolás Maduro golpea más fuerte que la de Hugo Chávez

CARACAS, Venezuela.- “Yo voy con la mano de hierro que me dio Chávez, que nadie se equivoque conmigo”, amenaza constantemente el presidente Nicolás Maduro. Pero el alumno ya ha superado con creces al maestro.

Con esa “mano de hierro”, el mandatario asfixia la última ola de protestas ciudadanas, que solo este mes arroja un saldo de ocho asesinados por armas de fuego y más de mil detenidos, e impone severos patrones de persecución contra la disidencia en el marco de una estrategia represiva sin precedentes en casi tres décadas.

“El gobierno de Maduro es más represivo que el de Chávez. Desde que tomó el poder en 2013 y tuvo que encarar las protestas por las denuncias de fraude en su elección, Maduro demostró su carácter represivo”, afirma Marco Antonio Ponce, coordinador general del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social.

La noche del martes, horas antes de que la oposición desarrollara la denominada “madre de todas las marchas”, Maduro activó el plan “cívico-militar” Zamora para “garantizar el funcionamiento” de Venezuela. Y hablando en su condición de comandante en jefe de la Fuerza Armada, ordenó a “toda la estructura militar, policial y civil” de la revolución salir a la calle para derrotar unos supuestos planes golpistas.

Al día siguiente, las imágenes mostraban a soldados y civiles armados asediando a manifestantes de la oposición, y tres personas fueron asesinadas, dos jóvenes de 17 y 23 años con tiros en la cabeza, y un efectivo de la Guardia Nacional con un disparo en el tórax.

Entre los culpables de las muertes que se han registrado este mes han sido señalados efectivos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Pero en la mayoría de los casos, los presuntos autores serían miembros de los llamados 'colectivos', nombre con el que se identifica a las bandas paramilitares del régimen chavista.

“La Guardia Nacional, la PNB y los ‘colectivos’ operan en este momento el aparato de represión oficial”, sostiene Ponce, quien resalta que el Ejecutivo habría encomendado a funcionarios y grupos irregulares la tarea de reducir a sus detractores.

“El Plan Zamora está consolidando la alianza entre militares, policías y paramilitares para contrarrestar las protestas”, explica el representante del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, que menciona otra particularidad de esta nueva arremetida oficial contra la disidencia: “Ya no se hace un uso progresivo de la fuerza, sino que se despliega una fuerza potencialmente mortal”.

El coordinador del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), Rafael Uzcátegui, considera que el aumento de la represión en este periodo obedece a una simple razón: “Ya aquí no hay una democracia. Estamos en una dictadura. Chávez controlaba a los ‘colectivos’ y, como gozaba del respaldo de la mayoría, tenía la posibilidad de dirimir el conflicto mediante la convocatoria a elecciones. Maduro, en cambio, gobierna en minoría, decidió no convocar elecciones y no genera mecanismos de resolución de conflictos”, resume Uzcátegui, quien apunta que con el Plan Zamora, el líder del régimen chavista “le está declarando la guerra a la disidencia y al descontento popular”.

El defensor de DDHH ha identificado un esquema coercitivo que se repite desde que Maduro asumió el poder hace exactamente cuatro años.

“Aquí se ha institucionalizado la participación de los ‘colectivos’. Además, disparan las bombas lacrimógenas con la intención de causar el mayor daño posible, buscando impactar en el cuerpo de las personas, y emplean gases tóxicos vencidos y ahora también los lanzan contra centros asistenciales y conjuntos residenciales”, describe.

Adicionalmente, Uzcátegui precisa que no solo detienen de forma indiscriminada a simpatizantes de la oposición, sino que les roban sus pertenencias e instalan tanquetas con parlantes que difunden a todo volumen consignas a favor de la revolución, mientras atacan las concentraciones antichavistas.

La tortura es otro instrumento que han empleado las autoridades para quebrar a la resistencia. La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) denunció que 37 funcionarios se prestaron para someter a dos militantes de Primero Justicia de 22 años en los calabozos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), con la finalidad de obligarlos a grabar testimonios falsos que relacionan a dirigentes y diputados de ese partido con hechos violentos y que posteriormente fueron difundidos por el propio Maduro a través de los medios del Estado.

El hostigamiento se extiende hasta el mundo digital. En las redes sociales, el chavismo difunde nombres, números telefónicos y direcciones de habitación de líderes sociales y políticos a los que tacha de terroristas o –en el mejor de los casos- golpistas. “Esto constituye una práctica de acoso que es apoyada públicamente por el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, y el diputado oficialista Pedro Carreño”, expone Uzcátegui.

2014: un mal comienzo

Apenas llegó al palacio de Miraflores tras un ajustado triunfo de menos de 240,000 votos sobre el opositor Henrique Capriles Radonski, Maduro enfrentó una serie de manifestaciones que arrojaron un saldo de siete personas asesinadas y 61 lesionados en cuatro días. “Imagina si nos volviéramos locos y sacáramos el Ejército a la calle. ¿Qué pasaría en este país?”, indicó el Jefe de Estado, que atribuyó a Capriles Radonski la responsabilidad de estos sucesos trágicos.

Un año más tarde, en febrero de 2014, un sector de la oposición venezolana, conducida por el fundador de Voluntad Popular, Leopoldo López, encabezó una movilización popular en todo el país exigiendo la salida de Maduro. En esas jornadas el número de muertos se elevó hasta 43, con centenares de heridos y detenidos. Por aquellos hechos, López paga una condena de casi 14 años de prisión en la cárcel militar de Ramo Verde.

“Con su carisma y liderazgo, Chávez ejercía control sobre muchos sectores del país. Maduro no cuenta con esos atributos y llena ese vacío con la fuerza”, resume Ponce, quien en el primer trimestre de este año contabilizó 1,254 protestas contra el Gobierno, más de un 70% por derechos sociales y económicos en un país que padece una aguda crisis por la escasez de alimentos y medicinas, la destrucción de la moneda local y una criminalidad desatada que en 2016 segó la vida de casi 30,000 venezolanos, de acuerdo con los cálculos del Observatorio Venezolano de Violencia.