Protestas, represión y el desplome del Estado de derecho: así empeoran las cosas en Venezuela

Los jóvenes están arrodillados, rondan los 20 años, tienen los rostros descubiertos y sus ojos gritan pánico. Están esposados. Frente a ellos un pelotón de policías con cascos, botas y armas los amedrenta. Son estudiantes y protestaban en Caracas, la capital de Venezuela.

Otra fila de muchachos pasa frente a las cámaras y teléfonos de los reporteros. Gritan su nombre y apellido. Se apresuran: veinticuatro millones quinientos ocho mil... para que quede grabado su número de identificación y así sus familiares y abogados inicien el tortuoso trabajo de buscarlos en las prisiones. Transcurren días, que se hacen eternos, para que sepan dónde están y en qué condiciones. Ocurre eso que en lenguaje de Derechos Humanos se denomina 'desaparición forzada de personas'.

Cuando se creía que no podía escalar más el conflicto en Venezuela, los hechos muestran que sí. El gobierno sigue adelante con su propuesta de Asamblea Nacional Constituyente sin consultar a la población, mientras la fiscal general intenta detenerla sin resultados. Durante más de 90 días los venezolanos en contra del gobierno de Nicolás Maduro protagonizan protestas pacíficas que suelen terminar en enfrentamientos de piedras y escudos improvisados contra una fuerte represión policial.

¿Qué piden? Elecciones generales, cese de la represión, liberación de presos políticos y la activación de un canal humanitario que permita el ingreso de medicinas, insumos médicos y alimentos.

Organismos como el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Amnistía Internacional y el Foro Penal Venezolano (FPV) -que se encarga de defender gratuitamente a los detenidos y revelar violaciones de derechos- han advertido el deterioro del Estado de Derecho. "Ha recrudecido la represión y la violación de derechos en estos tres meses de protesta, hay desaparición forzada de persona y denuncias de tortura que se han empeorado en estos últimos tres meses", opina Alfredo Romero, director del FPV.

Por estas razones, las cosas están peor que cuando comenzaron las manifestaciones luego del 29 de marzo de 2017 cuando el máximo tribunal asestó un golpe institucional contra el Parlamento:

Más de 80 muertos en tres meses de protesta

El Ministerio Público reseña más de 80 muertos desde que iniciaron las protestas en Venezuela. No obstante, la cifra extraoficial que maneja el equipo investigador del portal Runrun.es registra 96 porque incluye a un grupo de electrocutados en circunstancias no esclarecidas en medio de saqueos en Caracas.

De esa cantidad, 33 de ellos "fueron asesinados por funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado o por colectivos (grupos armados, motorizados, que defienden al gobierno) mientras participaban en las protestas". Otros eran transeúntes que se movilizaban en las adyacencias o se encontraban en las zonas donde ocurrían los conflictos, pero no participaban en ellos, según la investigación que puede leer completa aquí.

De esa treintena de víctimas mortales todos eran hombres con edades comprendidas entre 17 y 35 años. En su mayoría jóvenes próximos a entrar a la universidad, estudiantes universitarios y algunos recién graduados. También se determinó que en 13 ocasiones, funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y oficiales de los cuerpos de Policía Estatal de Anzoátegui, Bolívar, Táchira y Carabobo -controladas por gobernaciones oficialistas- fueron responsables de las muertes.

Tortura y abuso sexual

El muchacho trata de huir pero un enjambre de motos y uniformados lo rodea e intenta montarlo para llevarlo preso. Él se resiste y comienza una lucha que va sumando policías a la escena. De pronto uno de ellos le clava la rueda delantera de su motocicleta en el cuerpo. Luego se ve cómo lo arrastran por el pavimento desde otra moto. La gente suele grabar con sus teléfonos celulares desde edificios y zonas contiguas, gritan insultos, lloran y lo muestran al mundo en redes sociales.

"Gritaba y lloraba, tenía tanto miedo que me oriné", dijo Carmen Ángel, una víctima de la represión a una reportera de la BBC. Ella protestaba en Barinas, a unas siete horas de la capital donde también han salido a manifestar, como en otras ciudades del país. Tiene los dedos rotos y una sutura en la cabeza. Está libre, no como otros.

Otro grupo de jóvenes estudiantes, identificados con el nombre y logo de la reconocida Universidad Simón Bolívar (USB) de Caracas son apretujados dentro de un camión sin ventanas, en medio de una nube de gas lacrímógeno que no los deja respirar bien. El guardia cierra la puerta y la imagen de los ojos de uno de los estudiantes aterrados recorre las redes y se suma a la documentación de violaciones sistemáticas de derechos.

Otra práctica de las fuerzas represoras es el disparo a quemarropa de escopetas de perdigones, que al impactar directamente en el cuerpo de los manifestantes causan heridas mortales. Los testimonios detallan las patadas, el quiebre de costillas, golpes con cascos en la cabeza y, cada vez con mayor frecuencia, violencia sexual especialmente contra mujeres. Alfredo Romero, director del Foro Penal Venezolano, lo certifica y considera que cada vez se reportan más casos que revelan una ruptura del Estado de derecho en Venezuela.

Según cálculos de Tamara Suju, defensora de Derechos Humanos y directora ejecutiva del Centro de Estudios para America Latina CASLA, con sede en República Checa, 70% de esas violaciones son de índole sexual. Los casos incluyen penetración anal con objetos como tubos o armas de fuego, revisión y toqueteo de partes íntimas y amenazas de agresiones durante el tiempo de reclusión.

"Descargas eléctricas en todas partes del cuerpo sobre todo en la cabeza y genitales", acuñó Suju, quien documentó y llevó el caso de Venezuela a la Corte Penal Internacional.

Denuncias de maltrato a los presos políticos

El dinámico ciclo de detenciones y liberaciones ha hecho que las organizaciones puedan manejar cifras exactas. En Venezuela, el acceso a la información pública fue de las primera víctimas mortales del gobierno de Hugo Chávez y se mantiene con el de Maduro. No obstante, el Foro Penal actualiza que al 29 de junio de 2017 son más de mil las personas detenidas en las protestas. Advierten que 415 civiles han sido procesados en tribunales militares (cosa que ha sido rechazada por la propia Fiscal General, Luisa Ortega) y 245 están presos por orden de esos tribunales castrenses. El 20 de junio la fiscal Ortega declaró que eran 3,971 las personas procesadas.

El prisionero político venezolano más visible es el líder opositor Leopoldo López, director del partido Voluntad Popular, el más perseguido por el gobierno de Nicolás Maduro. Además de su reclusión en aislamiento, desde febrero de 2014, su familia denuncia la constante violación de sus derechos. Uno de ellos el de la visita familiar y su asistencia legal. Su esposa y activista Lilian Tintori denuncia nuevamente que van más de 25 días sin verlo y eso incluye que a través de una ventana, López le gritó "¡Me están torturando, denuncien!".

Su abogado, Juan Carlos Gutiérrez lo resume para Univision Noticias así: "tres años y cuatro meses de secuestro, de privación de sus derechos, tres años y cuatro meses de tortura". Explica que a López "lo quieren utilizar como ficah de canje y al negarse, las condiciones de su tortura se incrementan". Por ejemplo "en una oportunidad me informó de una amenaza de muerte por parte de un sargento que cumple funciones de custodia dentro de la cárcel. En otra oportunidad lo apuntaron con un fusil. Se suman las requisas con violencia, el daño a sus cosas, los recuerdos de sus hijos, los documentos de defensa, lo que escribe...".

Gutiérrez explica que incluso cuando se aplica una medida disciplinaria dentro de una cárcel y se priva al detenido de su visita, su abogado debe participar del procedimiento administrativo, pero tampoco ha vuelto a hablar con él desde hace más de 25 días.

El presidente Maduro declaró que los jóvenes que protagonizan las protestas en su contra están locos. Por lo tanto ordenó la aplicación de "tratamientos psiquiátricos" dentro de las prisiones para ellos. Entre los presos se encuentra el alcalde de Caracas, Antonio Ledezma (en condición de casa por cárcel), el diputado Gilber Caro (sin respeto a su condición parlamentaria) y personas a quienes se les impide la visita de familiares y fueron denunciados por informantes que el gobierno llama "patriotas cooperantes".

El ataque con tanquetas a edificios y allanamientos sin orden judicial

Los vecinos de una zona residencial del oeste de Caracas fueron sorprendidos cuando en medio de detonaciones vieron cómo policías uniformados entraban a la fuerza con tanquetas en los edificios y luego fueron a los apartamentos a buscar personas que quedaron detenidas en el acto. Ese 13 de junio, la inusual invasión fue reseñada en redes sociales una vez superado el miedo de los activistas en redes sociales, particularmente el Twitter que es el medio de comunicación por excelencia en Venezuela. En el país, los portales digitales que conforman periodistas independientes han tomado el papel periodístico que no cumplen los medios tradicionales: periódicos, radios y televisoras que han sido censuradas de distintas formas.

Los detalles de lo que se vivió esa noche en la urbanización caraqueña de clase media fueron descritos por una periodista que vive allí:

Un par de semanas más tarde, el 29 de junio en la noche, los vecinos de Caricuao, una zona popular del oeste de Caracas donde no eran habituales las protestas callejeras contra el gobierno, denunciaron que el procedimiento se repetía. En medio de lacrimógenas y detonaciones, una tanqueta rompía la cerca e invadía en un conjunto residencial.

Militares toman el Parlamento y desconocen a las autoridades civiles electas

El mismo día que el piloto de la policía científica venezolana Óscar Pérez voló en helicóptero sobre la capital del país y puso en evidencia la ausencia de controles áereos sobre la zona donde se ubican los poderes públicos, en la Asamblea Nacional (AN) ocurría un hecho que se suma al desgaste del estado de derecho en Venezuela. Un grupo de militares, comandados por el coronel de la Guardia Nacional Bolivariana Bladimir Lugo, introducía cajas a la sede del Parlamento y el hecho provocó que varios diputados les reclamaran explicaciones. En medio del altercado, el presidente electo de la AN, Julio Borges, se dirigió al comandante en un diálogo que fue grabado en cámara. El coronel desconoció su autoridad y lo hizo salir del recinto con un empujón una vez que le dio la espalda.

El miércoles en la noche durante la transmisión de su programa televisivo en el canal del Estado venezolano, el segundo hombre fuerte de Venezuela, Diosdado Cabello, celebró la actuación del coronel Lugo y algunos militares lo felicitaron y apludieron. Cabello se burló de la frase del presidente del Parlamento cuando recordó su investidura como máxima autoridad del recinto. "¿Cuál Asamblea Nacional si esa Asamblea no existe?", dijo en cámara Cabello.

El coronel Lugo, quien ha sido señalado por agredir a periodistas y mujeres como la madre del preso político Leopoldo López, y ordenar la golpiza contra la periodista Elyangélica González, fue condecorado días después de la agresión contra el diputado Borges por el propio presidente Maduro.

Maduro: "lo haríamos con las armas"

Cuando en Venezuela se celebraba el Día del Periodista, el presidente Maduro hizo una transmisión "en cadena" por radio y televisión, que es un acostumbrado mensaje que debe transmitirse de manera obligatoria. Fue entonces cuando pronunció: "Si Venezuela fuera sumida en el caos y en la violencia, si fuera destruida la revolución bolivariana, nosotros iríamos al combate, nosotros jamás nos rendiríamos y lo que no se pudo con los votos, lo haríamos con las armas, liberaríamos nuestra patria con las armas".

La "locura" de la fiscal

La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, jugó históricamente un papel de brazo político del chavismo. Sin embargo, ha sorprendido a los venezolanos con una posición crítica del gobierno y ha emprendido investigaciones incómodas que ponen en el banquillo a violadores de derechos humanos y nada más y nada menos que a la propuesta bandera de Maduro: la Asamblea Nacional Constituyente. Juró defender con su vida la actual constitución venezolana, que fue confeccionada, discutida y aprobada en el naciente gobierno de Hugo Chávez y se niega a la imposición de reacomodarla para beneficio del gobierno actual. En medio de su lucha legal en el Tribunal Supremo de Justicia -que sigue convertido en tentáculo del partido de gobierno- fue aceptada una demanda de insania mental en su contra. El próximo 4 de julio deberá acudir para audiencia de antejuicio de mérito. Esta vez los magistrados, a quienes ella impugnó, se encargarán de decidir. “No están funcionando las instituciones y eso hay que resolverlo”, declaró Ortega. "Ha sido grave la violación de derechos humanos", también dijo. Cosas que la oposición viene denunciando desde hace años, con énfasis en los últimos meses.

La fiscal ha pedido medidas cautelares para proteger a las personas que trabajan con ella y citó para imputar al director de la policía política, Sebin, Gustavo González López, por violación a los Derechos Humanos.

Ministerio públicos de países latinoamericanos como Argentina y Brasil se han solidarizado con su homóloga venezolana:

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