Qué le pasará a Venezuela si se aplica la Carta Democrática de la OEA

El líder opositor Henrique Capriles Radonski denunció este viernes un golpe de Estado en Venezuela tras la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de inhabilitar a la Asamblea Nacional. Insistió desde la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) que se aplicara la Carta Democrática Interamericana a Venezuela. Pero ¿qué podría implicar esta medida para el país petrolero, que vive una de sus peores crisis políticas y económicas?

La aplicación de la Carta Democrática de la OEA en Venezuela tiene consecuencias. Aunque su implementación apenas conllevaría a una suspensión temporal del país en el organismo, en la práctica los daños colaterales para el gobierno de Nicolás Maduro serían políticos y económicos, justo en los dos flancos de los que más adolece, analizan expertos.

"Es un elemento de presión muy fuerte que lastima la imagen internacional de Venezuela", dijo a Univision Noticias Giovanna De Michelle, profesora de Estudios Internacionales de la Universidad Central de Venezuela (UCV). "Puede repercutir en la capacidad del país para discutir acuerdos internacionales".

En la práctica, la Constitución venezolana establece que el Parlamento es el encargado de autorizar al Ejecutivo "para celebrar contratos de interés nacional" con entidades nacionales y extranjeras. Pero como las responsabilidades de los Poderes Públicos son indelegables, el profesor de derecho constitucional de la UCV Tulio Álvarez explica que cualquier decisión que tome el TSJ en nombre de la Asamblea tendría "nulidad absoluta".

Y para Venezuela, en este momento, los acuerdos internacionales son esenciales: vive una fuerte crisis económica con una escasez de productos tan básicos como el papel higiénico y de medicinas tan genéricas como el Ibuprofeno dada la asfixia que ha generado el gobierno a la industria nacional, por lo que casi todo debe ser importado.

Así que los países que decidan asumir un contrato con Venezuela "no podrían reclamar a futuro la recuperación de sus capitales si no fueron aprobados por la Asamblea, pues serían nulos", dice Álvarez al referirse a una salida intempestiva del gobierno de Maduro.

Para Capriles, países como China y Rusia, potenciales prestamistas de Venezuela, no se arriesgarían a firmar contratos de endeudamiento si saben que son nulos. "Ellos saben que en el futuro con otro gobierno, se exponen a que nunca les devuelvan su dinero".

Este viernes por la noche, el presidente Maduro negó –entre bromas– que en el país hubiese una "ruptura del orden constitucional" y convocó a los Poderes Públicos a una reunión para "resolver hoy mismo el 'impasse' que ha surgido entre el Ministerio Público y el Tribunal Supremo de Justicia" y sacar una resolución, dijo.

En desacato, pero en funciones

En una entrevista radial con el periodista venezolano César Miguel Rondón, el expresidente de la Asamblea Nacional, el opositor Henry Ramos Allup, explicó este viernes que aún cuando el Tribunal Supremo de Justicia les despojó de sus competencias como Legislativo y les quitó su inmunidad por considerarlos en desacato a principio de año, ellos siguen en sesión cada martes y jueves, como de costumbre.

"Lo único que no podemos hacer es correr, retraernos y decir que en razón de que los bandidos estos del tribunal dicen que no podemos legislar, no legislemos. Seguimos legislando", asegura, y cumpliendo sus funciones. Una de ellas es, justamente, dar el visto bueno a los convenios que Venezuela pretende establecer con otros países.

"Cada vez que el gobierno suscribe un contrato, da una concesión, realiza cualquier negocio de los que según la Constitución deben ser aprobados previamente por la Asamblea Nacional, oficiamos a todas las embajadas para que sepan a qué atenerse", explica el diputado opositor. "Eso le ha causado al gobierno un daño terrible, porque cuando va para afuera a tocar puertas para buscar dinero o para buscar auxilio, lo primero que les ponen por delante es la Constitución. Y cuando ellos dicen que es que ellos están en desacato, ¿qué le dicen afuera? 'Mire yo de desacato no sé'".

Para Ramos Allup, aunque el TSJ les diga que están en desacato, como diputados le hacen cada vez "el mundo más pequeño" al gobierno.

Una "aberración jurídica"

Entre los considerandos de la Carta Democrática Interamericana se establece que la "democracia representativa es indispensable para la estabilidad" y que los gobiernos tienen la "obligación de promoverla y defenderla".

Sobre esa base y la decisión del TSJ, este viernes por primera vez un funcionario del gobierno chavista, la fiscal general Luisa Ortega Díaz, habló sorpresivamente de "varias violaciones del orden constitucional" y una "ruptura" del texto, en un acto público en el que sus asistentes le aplaudieron.

Lo mismo señaló una de las asesoras del gobierno, la estadounidense Eva Golinger: "La separación e independencia de los poderes del Estado es un fundamento inalienable de la democracia", escribió en su Twitter al dejar en evidencia una fractura en el gobierno sobre la medida tomada por el máximo tribunal.

No son las únicas que lo piensan. Este viernes, unos 15 profesores de derecho constitucional de la UCV, la mayor universidad del país, emitieron un comunicado en el que afirman que las decisiones del TSJ son una "aberración jurídica" que "socava el estado de derecho (...) derogando materialmente la Constitución de la República".

Y el jueves por la noche, cuando se escuchaban los cacerolazos en Caracas, distintas organizaciones y países exigieron una salida a la crisis. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, de nuevo se refirió a Venezuela al considerar que se trataba de un "autogolpe de Estado". La Unión Europea pidió un calendario electoral claro y respetar a la Asamblea Nacional y sus miembros. Perú retiró definitivamente a su embajador en Caracas al catalogar de "inaceptable" lo que ocurre en Venezuela y pidió que la OEA –en el marco de la Carta– tome medidas de urgencia. Chile y Colombia hicieron lo mismo.