¿Es el juicio político a Trump "inválido" si el presidente no cometió un acto criminal?

El argumento principal de los abogados del presidente Trump en su defensa en el juicio político se basa en una afirmación de que las dos acusaciones en su contra son "constitucionalmente inválidas" porque "no alegan ningún delito o violación de la ley y mucho menos 'delitos graves y delitos menores' como lo exige la Constitución".

El comité judicial de la Cámara de Representantes, controlada por los demócratas y que redactó los artículos del juicio político, responde que la Constitución no exige un delito legalmente definido y, en cambio, es lo que el Congreso decida que es.

Ninguna de las interpretaciones es correcta, argumenta Rob Natelson, exprofesor de derecho y experto en derecho constitucional en el Instituto de la Independencia, un grupo de expertos libertario, que argumenta que la verdad se encuentra en algún punto intermedio.

¿Qué dice la Constitución?

En el Artículo II, sección 4, se establece que el presidente y "todos los funcionarios civiles de Estados Unidos" están sujetos a ser destituidos si son condenados por un juicio en el Senado por "traición, soborno u otros crímines graves y delitos menores".

Sin embargo, los estudiosos del derecho han luchado durante siglos para definir qué son los delitos aplicables. "Es cierto que ningún fundador de la nación se puso de pie durante los debates constitucionales y explicó los estándares en detalle", dice Natelson, y agrega que no existe una definición universalmente aceptada de "crímines graves y delitos menores" o un catálogo de delitos que sean aplicables.

Pero, agrega, "como en otras partes de la Constitución, se deben hacer inferencias a partir de los datos disponibles", por ejemplo, declaraciones de los fundadores de EEUU, las ofensas por las cuales los funcionarios fueron acusados en el pasado y "la creencia casi universal de los esos fundadores de que el gobierno se construye sobre la base de la confianza pública y que los funcionarios están sujetos a deberes fiduciarios".

Uno de los fundadores, Alexander Hamilton, escribió en los Documentos Federalistas en 1788 que la jurisdicción del juicio político cubría "aquellos delitos que proceden de la mala conducta de los hombres públicos, o, en otras palabras, del abuso o violación de alguna confianza pública".

De hecho, dos juicios penales exitosos: el juez Robert Archbald (1913) y el juez Halsted Ritter (1936), ambos involucraron una mala conducta que no infringió ninguna ley penal.

Si los Fundadores entendieron que la frase "delitos graves y delitos menores" se limita a violaciones criminales, Natelson argumenta que podrían haber omitido las palabras "delitos menores" y hubieran terminado la frase con "Crímines".

La intención de los Fundadores

"No existe una regla clara de que debe haber un delito o delito específico", concuerda Donald Jones, profesor de derecho constitucional de la Universidad de Miami. "Hay que tener en cuenta la intención de los redactores (de la Constitución) para comprender cuál era el mal que estaban tratando de abordar con el concepto de juicio político", agregó.

Jones argumenta que los redactores pretendían que el juicio político fuera "una defensa contra el despotismo". Si bien los redactores no querían revocar las elecciones, la máxima expresión de la 'voluntad del pueblo', también entendieron que la democracia requería controles y equilibrios para garantizar que los gobernantes no traicionaran la confianza pública y se comportaran como servidores del pueblo, no como déspotas.

El uso corrupto de la oficina del presidente para beneficio personal en el caso de Ucrania, como alegan los demócratas, podría encajar en esa definición, dijo Jones.

"La regla clara en el proceso de juicio político es el propio juicio del Senado", agregó.

En otras palabras, el Congreso tendrá que decidir si los artículos de juicio político -obstrucción al Congreso y abuso de poder- son válidos. De hecho, el tema de la validez legal es ahora poco relevante, ya que la Constitución otorga a la Cámara Baja el derecho exclusivo de iniciar un juicio político. Ahora que el proceso de juicio político ha pasado a la fase penal en el Senado, el tema debe ser estrictamente una cuestión de culpabilidad o inocencia.

"La pregunta aquí no es de derecho, sino de hecho", dijo Jones.

Al final, dependerá de los miembros del Senado honrar el juramento que hicieron al comienzo del juicio de "hacer justicia imparcial de acuerdo con la Constitución y las leyes".

Jones dice que hay que tener fe en el proceso. “La democracia es sagrada. Tenemos que tener fe en que estarán a la altura de las circunstancias”, dijo.

Y si al público no le gusta el resultado, los votantes tendrán la última palabra en noviembre.

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