"Es inconstitucional": otra corte federal bloquea la orden de Trump de excluir a los indocumentados del Censo 2020

Por segunda vez en dos meses, una corte federal de California bloqueó este jueves el intento del presidente Donald Trump de excluir a inmigrantes indocumentados del Censo 2020, lo que supone la segunda derrota judicial para la Administración, que propone un cambio sin precedentes con repercusiones millonarias para los estados donde viven estos inmigrantes.

Un panel de tres jueces del Tribunal del Distrito Norte de California en San Francisco dictaminó que el memorando ejecutivo emitido en julio por la Casa Blanca, que ordenaba no incluir en el conteo a los inmigrantes indocumentados, es “inconstitucional y viola las leyes que rigen el censo”.

"La política que el Memorando Presidencial intenta promulgar ya ha sido rechazada por la Constitución, los estatutos aplicables y 230 años de historia", escribió el panel en una decisión de 90 páginas, citada por la agencia EFE.

El fallo en California se une a la decisión tomada el pasado 10 de septiembre por un panel del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, en el que los jueces pasaron por alto la constitucionalidad del decreto y solamente dijeron que era ilegal.

“El texto de la Constitución, la historia de su redacción, 230 años de ejercicio histórico y la jurisprudencia en la Corte Suprema respaldan la conclusión de que la distribución debe hacerse sobre la base de todas las personas que residen en cada estado, incluyendo a los inmigrantes indocumentados”, escribieron los jueces en California.

El gobierno de Trump ha apelado la decisión de Nueva York ante la Corte Suprema de Justicia, que acordó escuchar el caso el 30 de noviembre. Es muy probable que el Supremo cuente para esa fecha con la asistencia de la jueza conservadora Amy Coney Barrett, que avanzó este jueves para su confirmación en el pleno del Senado, a pesar de un boicot realizado por los demócratas del Comité Judicial de la Cámara Alta.

Otras impugnaciones al decreto del mandatario están pendientes de resolución en Maryland, Massachusetts y el Distrito de Columbia.

El Departamento de Justicia, que está representando al gobierno de Trump, no respondió de inmediato a un correo electrónico el jueves para solicitarle comentarios.

Celebran el fallo

La decisión de este jueves supone una victoria para el estado California, que junto a las ciudades de Long Beach, Los Ángeles y Oakland, así como el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles y el condado de Los Ángeles, había demandado al Gobierno de Trump por la iniciativa, que de aplicarse representaría una pérdida de peso en el Congreso federal y millones en fondos públicos.

Uno de los jueces en el panel, la jueza Lucy Koh, impidió en una causa distinta el mes pasado que el gobierno concluyese el censo al final de septiembre. Koh dijo que el conteo debía proseguir un mes más, hasta el final de octubre. Los abogados del Departamento de Justicia apelaron ante la Corte Suprema, que la semana pasada le permitió al gobierno poner fin al censo.

El censo se realiza en Estados Unidos cada 10 años por mandato constitucional, y el propósito de contar a todas las personas presentes en el país es la asignación de representación de los estados en el Congreso y el Colegio Electoral, y de miles de millones de dólares para programas de infraestructura, hospitales, escuelas y asistencia social.

California tiene el mayor número de indocumentados en el país, con cerca de 2.2 millones de extranjeros sin estatus legal, según el Centro Pew de Investigaciones.

Texas, Florida, Nueva York, Nueva Jersey e Illinois completan la lista de estados con más indocumentados en el país.

“La decisión de hoy es una victoria fundamental para todos nosotros. Ya es hora de que el presidente reconozca que no se puede eludir la Constitución. Ya sea en las urnas o mediante el censo, todos tenemos que hacer nuestra parte para que se escuche nuestra voz”, dijo en un comunicado el fiscal general de California, Xavier Becerra.

Becerra subrayó que “un censo completo y preciso es fundamental para garantizar que los californianos sean escuchados en el Congreso y que obtengamos los recursos que necesitamos para proteger la salud y el bienestar de nuestras comunidades”.

Durante argumentos este mes, los abogados del gobierno le dijeron a los jueces que cualquier impugnación a la orden de Trump era prematura y debería esperar hasta que las cifras de distribución de las bancas sean entregadas al final del año.

En la orden, Trump sostiene que permitir que las personas que se encuentran ilegalmente en el país sean contadas para la distribución socava los principios de la democracia representativa.