El caso del joven venezolano deportado al Cecot y luego enviado a Caracas pese a una orden judicial para facilitar su regreso a EEUU

Daniel Lozano-Camargo, un indocumentado venezolano que fue deportado de EEUU a El Salvador en marzo viajó a su país en el grupo enviado desde el país centroamericano, pese una orden de una juez federal que ordenó al gobierno de Donald Trump gestionar su retorno al territorio estadounidense, informaron sus abogados.

Tras su deportación en marzo, la jueza de distrito Stephanie Gallagher ordenó al gobierno que facilitara su regreso a Estados Unidos.

Lozano-Camargo, identificado solo como Cristian en los documentos judiciales, había entrado a EEUU como menor no acompañado buscando asilo.

Un acuerdo de conciliación de 2019 decía que no podía ser deportado hasta que se adjudicara su solicitud de asilo.

Debido a que su solicitud aún está pendiente, dijo Gallagher, la administración Trump violó ese acuerdo al enviar a Cristian al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), que fue construido por el gobierno salvadoreño para retener a presuntos miembros de pandillas.

Los abogados del venezolano dijeron durante una vista judicial el martes que no saben dónde está ni cómo ponerse en contacto con él. Cristian había huido de Venezuela por temor a ser perseguido, según argumentaron sus defensores en la audiencia en Baltimore.

"Lo devolvieron al único país del que realmente está solicitando asilo", declaró el abogado Kevin DeJong ante el tribunal. "Nos sorprendió mucho ver cómo sucedía eso el viernes".

Inmigrante usado como peón, afirman abogados

Daniel Lozano-Camargo fue liberado del Cecot junto con otros 251 migrantes venezolanos que habían estado encarcelados en El Salvador desde marzo.

El presidente Donald Trump pagó a El Salvador 6 millones de dólares para alojarlos allí después de emitir una proclamación en la que pedía el arresto y la expulsión de los miembros de bandas venezolanas en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros, una ley de tiempos de guerra de 1798.

Como parte del acuerdo del viernes, Venezuela liberó a 10 ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes encarcelados a cambio de recuperar a los 252 deportados.

"Cristian fue un peón en este plan, no sé cómo decirlo de otra manera", dijo DeJong. "Fue un peón en este acuerdo de intercambio de prisioneros".

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Gallagher, que fue nombrada jueza federal por Trump en 2019, pidió el martes a los abogados del gobierno que ayudaran a proporcionar la información de contacto de Cristian. Pero la abogada del Departamento de Justicia, Ruth Ann Mueller, no pudo confirmar ni siquiera en qué lugar de Venezuela había acabado.

"Esta es una situación que evoluciona rápidamente", dijo.

La jueza dijo que no ha visto ninguna prueba que demuestre que la administración Trump intentara enviar a Cristian directamente a Estados Unidos tras su liberación de la prisión en El Salvador.

Los abogados de los demandantes dijeron que planean presentar una moción solicitando sanciones contra el gobierno por no cumplir con las órdenes del tribunal.

Mueller, sin embargo, argumentó que habían cumplido, diciendo que cree que "lo que ocurrió con El Salvador ahora es irrelevante", dada la liberación de Cristian.

Dijo que facilitar su regreso parece "muy diferente ahora que está en Venezuela". El primer paso sería que los abogados de Cristian se pusieran en contacto con él y confirmaran si realmente quiere regresar a Estados Unidos.

Antes de su deportación, fue trasladado a custodia federal desde una cárcel del condado de Harris, Texas, en enero.

Batalla judicial de inmigrantes

Los funcionarios de inmigración ya han determinado que Cristian no tiene derecho al asilo, según el testimonio anterior del Gobierno. Pero sus abogados argumentan que todavía tiene derecho a que los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos se pronuncien sobre el fondo de su solicitud de asilo.

Los abogados del Gobierno escribieron en documentos judiciales la semana pasada que Venezuela se ha comprometido a no interferir en los planes de viaje de cualquier persona en la situación de Cristian que tenga que asistir a procedimientos legales en Estados Unidos.

"Ahora que se han obtenido estas garantías y Cristian ha sido liberado de la custodia de El Salvador, el Departamento de Estado se ha comprometido a ayudar al Departamento de Seguridad Nacional a facilitar el regreso de Cristian en caso de que desee volver", escribieron los abogados.

Mellissa Harper, subdirectora interina de operaciones de control y expulsión del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, declaró por escrito ante el tribunal que el Departamento de Estado y los funcionarios de la embajada han asumido la responsabilidad de las conversaciones diplomáticas de alto nivel sobre la situación.

Gallagher ordenó al Gobierno que presentara informes semanales sobre el estado del caso a medida que este avanzara.

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