Abogados piden al Congreso que intervenga e impida que USCIS despida empleados y castigue a inmigrantes
La asociación que agrupa a unos 15 abogados de inmigración alrededor del país afirma que la agencia federal está "secuestrando" las vidas de miles de trabajadores a cambio de fondos para equilibrar un presupuesto dañado por una mala política y falta de transparencia.
Por:
Jorge Cancino.
La agencia requiere fondos del gobierno para seguir funcionando e indicó que en los próximos días pedirá al 70% de sus empleados que se queden en casa porque no hay dinero para pagarles. Expertos explican que esto retrasaría aún más los trámites migratorios en el país. Si no se reciben los 1,200 dólares requeridos las operaciones podrían ser suspendidas desde el próximo 3 de agosto. Ver más de esta noticia.
Video Servicio de Inmigración y Ciudadanía de EEUU anuncia miles de despidos por falta de presupuesto
Ante la amenaza de suspender a por lo menos el 70% de los empleados si el gobierno no autoriza un fondo de emergencia de $1,200 millones para la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS), la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) pide a los miembros del Congreso que intervenga y detenga la amenaza.
USCIS advirtió en mayo que se estaba quedando sin fondos debido a la pandemia del coronavirus. USCIS es la agencia federal encargada de emitir visas, otorgar residencias legales permanentes (LPR), gestionar las autorizaciones de empleo de dreamers protegidos por DACA, autorizar los permisos de trabajo de inmigrantes amparados por el TPS y gestionar los pedidos de ciudadanía.
Para solucionarlo, la USCIS le solicitó al Congreso que aumente en $1,200 millones el presupuesto del año fiscal 2020, además de incrementar las tarifas que cobra.
"Debido a la pandemia de covid-19, USCIS ha visto una disminución dramática en los ingresos y está buscando una solicitud de fondos de emergencia por única vez para garantizar que podamos llevar a cabo nuestra misión de administrar el sistema de inmigración legal de nuestra nación, salvaguardando su integridad y protegiendo al pueblo estadounidense”, dijo en esa ocasión la agencia a Univision Noticias por medio de un correo electrónico.
Un mes después, a finales de julio y tras reuniones con el Congreso, la agencia movió la fecha de suspensión de labores de unos 13,400 trabajadores (de un total de 18,700) del 3 al 31 de agosto, pero mantuvo la exigencia de los $1,200 millones para cubrir, dicen ellos, el millonario déficit presupuestario.
AILA, sin embargo, dice que el déficit presupuestario es consecuencia de “políticas ineficientes y costosas” desarrolladas por la agencia en los últimos años, al tiempo que demanda al legislativo que la dependencia “recupere su misión legal”.
La Asociación, que agrupa a más de 15,000 miembros a nivel nacional, pidió además a los empleados amenazados con quedar suspendidos de sus puestos “que se unan a la demanda y le pidan a los miembros del Congreso que instan a la USCIS “a que deje de tomar como rehenes las vidas de trabajadores estadounidenses y de extranjeros con la amenaza de licencias de empleo, y garantice que cualquier financiamiento esté condicionado a cambios clave centrados en la transparencia, la responsabilidad fiscal y la eficiencia”.
“También le pedimos al Congreso que apoye la Ley (bipartidista) de Transparencia y Registro de Casos de 2020 (HR 5971) para abordar las demoras a nivel de crisis que están paralizando el procesamiento de casos de la agencia”, agregó.
La suspensión del 70% de los empleados ocasionaría demoras que pueden afectar los procedimientos clave para muchos inmigrantes, dijo Ezequiel Hernández, un abogado de inmigración que ejerce en Phoenix (Arizona) y colabora frecuentemente con la redacción de Univision Noticias.
“Será un escenario complejo. En una situación así, pondrán ciertas prioridades que por ahora no se saben, pero estimo que se verán afectadas entrevistas, procesamiento de casos, permisos de trabajo, aprobaciones, respuestas de evidencia alterna, servicios de ventanillas. Todo será impactado”, explicó.
"Si ahora hay demoras, la suspensión temporal de 13,400 trabajadores, no importa por cuánto tiempo sea, convertirá a la USCIS de un servicio demorado, como se encuentra ahora, a un servicio en pausa”, precisó.
Mientras la USCIS defiende el argumento que la crisis presupuestaria que vive es a consecuencia de la pandemia del coronavirus, AILA señala que el déficit presupuestario masivo no es tal y que la agencia, de acuerdo con estimaciones de ingresos revisadas, “muestran que USCIS terminará el año fiscal con un superávit”.
“Sin embargo, las continuas ineficiencias y la mala administración financiera podrían resultar en un déficit presupuestario al final del año calendario”, añadió la asociación de abogados. La dependencia federal “tiene el poder de eliminar políticas ineficientes y corregir la mala gestión fiscal para evitar la necesidad de suspensión de trabajadores y el cierre de operaciones”, detalló.
PUBLICIDAD
El pasado 21 de julio, en una carta dirigida al secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Chad Wolf, y al director de la USCIS, Joseph Edlow, los senadors Patrick Leahy (demócrata por Vermont) y Jon Tester (republicano por Montana) también indicaron que de acuerdo con registros en manos de la Cámara Alta, “USCIS proyecta terminar el año fiscal con un superávit y un saldo suficiente para pagar a sus empleados por el resto del año fiscal”.
“Le pedimos que tome una acción inmediata para salvar a los empleados de USCIS de permisos innecesarios”, agrega la misiva.
“Ciertamente, un superávit está en marcado contraste con el pronóstico de ingresos proporcionado al Congreso a principios de este año, que indicaba un déficit de $571 millones para el año fiscal 2020. Sin embargo, a pesar de este cambio positivo en las estimaciones de ingresos, USCIS ha elegido desconcertantemente continuar con la suspensión de más de 13,000 empleados federales”, añade la misiva.
El 28 de julio, la USCIS dijo a Univision Noticias que, tras reuniones con el Congreso, se pospuso la suspensión de 13,400 empleados hasta finales de agosto, pero que “esta demora tiene la intención de permitirle al Congreso suficiente tiempo para actuar y proporcionarle los fondos necesarios para evitar la licencia administrativa por completo”.
“La solicitud de financiamiento de $1,200 millones permanece sin cambios y la agencia depende del Congreso para proporcionar fondos de emergencia para garantizar que las operaciones de la agencia continúen sin interrupciones", agregó la agencia.
PUBLICIDAD
USCIS insiste en que el pasado mes de mayo notificó al legislativo un déficit presupuestario proyectado causado por la pandemia del covid-19 y solicitó fondos de emergencia.
En cuanto al aumento de tarifas mencionado en el planteamiento de mayo, la agencia publicó a finales de julio la lista con los nuevos precios que entrarán el vigor el 3 de octubre. De acuerdo con la lista, el mayor incremento se registra en el formulario I-881 (Suspensión de deportación) que sube de $285 a $1,525 (un alza del 535%).
Sin embargo, la agencia señala que, en promedio, las nuevas tarifas solo afectan un aumento general promedio del 20%.
Mira también:
1 / 15
Contra la inmigración por decreto. Desde que asumió la presidencia, Donald Trump ha utilizado las
órdenes ejecutivas para imponer las políticas de ‘tolerancia cero’ sin pasar por el Congreso. Con este instrumento ha intentado impulsar su proyecto de muro fronterizo, penalizar a las ciudades santuarios, establecer deportaciones expeditas, endurecer los requisitos de asilo, vetar la entrada de ciudadanos de países musulmanes, revisar el programa de visas H-1B y reducir la cuota para la entrada de refugiados. En la fotografía,
la firma de la orden ejecutiva del 25 de enero de 2017, contra las ciudades santuarios y a favor del muro.
