Abogados reiteran que cambios ordenados por el fiscal general ponen en grave riesgo el debido proceso migratorio

Los cambios anunciados en los últimos seis meses por el fiscal general Jeff Sessions, que incluyen quitar a los jueces el poder para cerrar administrativamente casos de inmigración, negar asilos basados en violencia doméstica y una cuota de 700 juicios cerrados por año, han puesto en riesgo el “debido proceso migratorio”, reitera la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA).

“Luego de eliminar la autoridad de los jueces de inmigración para continuar, cerrar, terminar o desestimar los casos a través de una serie de decisiones que sentaron precedentes, el Fiscal General implementa una política que obligará a los jueces a elegir entre garantizar la justicia o perder sus empleos”, dijo Anastasia Tonello, presidenta de AILA, el pasado 1 de octubre cuando entró en vigor el sistema de cuotas.

“Con un reloj que constantemente pasa sobre sus cabezas, los jueces no pueden emitir decisiones bien razonadas que ponderen cuidadosamente los hechos y la ley aplicable en el caso de cada persona”, agregó.

"Esta política socava aún más el debido proceso y el principio de independencia judicial, y someterá a los inmigrantes que acudan a la corte esperando la imparcialidad a un sistema similar a una línea de montaje", precisó.

La totalidad de los cambios ordenados por Sessions forman parte de la política de 'tolerancia cero' que el presidente Donald Trump prometió a sus electores durante la campaña que lo llevó a la Casa Blanca.

Encuesta

AILA está advirtiendo a sus asociados y al público en general “que los nuevos cambios de política del gobierno están afectando la forma en que se manejan los casos de inmigración”.

Para medir el impacto causado por las nuevas políticas, lanzó una encuesta en línea y pide a inmigrantes que hayan o estén experimentando “problemas en las cortes de inmigración”, que lo llenen para revisarlo y tomar acciones en el caso de detectar abusos o daños al debido proceso.

“Los jueces rechazan o restringen las solicitudes para continuar con los casos y/o advierten que no se concederán aplazamientos para adjudicar una solicitud o una solicitud de garantía”, previene la Asociación. Y advierte que con las nuevas instrucciones “los jueces están negando las solicitudes para cerrar administrativamente un caso”, política que tiene como objetivo acelerar las deportaciones.

La entidad también dijo que cientos, quizás miles de casos que habían sido cerrados administrativamente y ahora abiertos por orden del gobierno, están siendo recalendarizados para volver a juzgarlos, esta vez con el propósito de concluirlos con una orden final de deportación.

Clima de desesperación

“Todo esto afecta tremendamente a nuestra comunidad y también a los abogados y fiscales del gobierno”, dice Alex Gálvez, un abogado de inmigración que ejerce en Los Ángeles, California.

“Existe un clima de desesperación a nivel nacional. El gobierno está persiguiendo a los inmigrantes que hacen las cosas bien, que trabajan duro, no han cometido errores, llevan años esperando su oportunidad, cumplen con todos los requisitos, pero les han puesto todas las trabas posibles en los procesos para que pierdan o les nieguen sus casos y los deporten”, agregó.

Gálvez dijo además que “estamos viendo un ataque sistemático desde todos los ángulos. Si se trata de perdones provisionales, no los están dando. El proceso para la residencia se está poniendo cada vez más difícil dentro y fuera de Estados Unidos. Y los fiscales nos han dicho que tienen órdenes de no ceder en nada y cerrar los casos lo más rápido posible, porque a ellos también los van a ponderar por el número de casos que cierren cada año”.

Indicó además que “los mismos fiscales nos dicen que están preocupados. Son ellos quienes nos cuentan, en privado, que si hay un caso fuerte y la persona tiene todo en regla, igual les exigen que luchen, que no se rindan. Y lo peor de todo es que algunos han recibido instrucciones de tratar los casos de inmigración como los divorcios, que al principio duelen, pero al final el dolor pasa”.

Claman independencia

AILA señala que la solución al problema y la defensa al debido proceso migratorio se encuentra en la “independencia de las cortes de inmigración”.

“Hay una falla muy profunda en nuestro sistema de tribunales de inmigración. Es que el Procurador General, que supervisa los procesos de inmigración en los tribunales federales, también tiene el poder de decidir la ley y las reglas que los jueces deben cumplir, y tiene el poder de despedir a los que no cumplan” con sus órdenes, dijo Benjamin Johnson, director Ejecutivo de AILA.

Johnson dijo que el Congreso debe tomar cartas en el asunto, “no puede demorarse más en realizar una supervisión rigurosa de los tribunales de inmigración y establecer un sistema independiente de tribunales fuera del control del Departamento de Justicia”.

A comienzos de octubre Más de 1,000 miembros de AILA enviaron una carta al fiscal general Sessions solicitándole la creación de este tribunal independiente “en virtud del Artículo I de la Constitución, que salvaguardaría la integridad e imparcialidad judicial, y protegería los valores fundamentales de Estados Unidos”.

“La justicia no exige nada menos”, puntualizaron los abogados.