Agentes de inmigración aseguran que la política de regresar a México amenaza la vida de los migrantes

Los agentes de inmigración encargados de atender a los solicitantes de asilo se sumaron el miércoles a una demanda en una corte federal de apelaciones en contra del funcionamiento del programa denominado ‘Permanecer en México’ (MPP), plan que el gobierno de Donald Trump anunció en diciembre como parte de su política migratoria de ‘tolerancia cero’.

Los agentes aseguraron que el MPP “está amenazando” la vida de los migrantes debido a los altos índices de criminalidad y violencia el otro lado de la frontera sur.

El programa facultó al gobierno federal para devolver a México a los solicitantes de asilo que esperen en el país vecino la resolución de sus peticiones, algo que en algunos casos puede demorar años.

Las cortes de inmigración cuentan con alrededor de 424 jueces y tenían a finales de abril casi 900,000 expedientes acumulados, de acuerdo con datos publicados por el Centro de Información y Acceso de Registros Transaccionales (TRAC) de la Universidad de Syracuse, en Nueva York.

El atasco ha provocado que la mayoría de las primeras audiencias se programen para dentro de dos años, dijeron abogados consultados por Univision Noticias.

La demanda

Los demandantes pidieron a la Corte de Apelaciones del 9º Circuito que impida al gobierno continuar con el programa, reportó el diario The Washington Post. Argumentaron que el MPP está amenazando la vida de los migrantes y es "fundamentalmente contrario al tejido moral de nuestra Nación".

Por medio de un documento de “Amicus Curiae" (Amigo de la Corte) de 37 páginas, el sindicato se puso del lado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y otros grupos que cuestionan el controvertido programa que, a la fecha, ha regresado a México a unos 12,000 solicitantes de asilo.

La política tiene como objetivo disuadir a los migrantes de venir a los Estados Unidos y mantenerlos fuera del país mientras los tribunales sopesan sus reclamos.

“Aquí no hay infraestructura ni recursos para atender a los miles de migrantes que han huido de sus países y buscan asilo en Estados Unidos”, dijo Soraya Vásquez, directora de la organización Families Belong Together. “Y México no es un país que puede garantizar la seguridad de todos ellos, ni siquiera para los mexicanos”, agregó.

Atentado a los principios

En el escrito, el sindicato apuntó que la política de Trump en la frontera va en contra de la opinión de larga data de que los solicitantes de asilo y los refugiados deberían tener una manera de escapar de la persecución en sus países de origen.

De acuerdo con documentos judiciales citados por el Post, la MPP está obligando a los agentes de asilo a participar en la "violación generalizada" de las leyes internacionales y federales, algo que no estaba dentro de sus competencias “cuando decidieron convertirse en agentes de asilo y refugiados del gobierno de Estados Unidos".

"Los oficiales tienen el deber de proteger a los solicitantes de asilo vulnerables de la persecución", dijo el Local 1924 de la Federación Estadounidense de Empleados del Gobierno, que representa a 2,500 trabajadores federales, incluidos los agentes de asilo.

La demanda pide además que los agentes no deban ser obligados “a respetar directrices fundamentalmente contrarias al tejido moral de nuestra Nación y nuestras obligaciones legales internacionales y nacionales".

Trump implementó el programa en respuesta a una oleada sin precedentes de migrantes que llegan a la frontera en busca de asilo tras huir de sus países a causa de la pobreza la violencia. La mayoría de los peticionarios de asilo son originarios de El Salvador, Guatemala, Honduras y México, pero también hay migrantes que vienen de otras partes de América Latina, Asia y África.

Clima de intolerancia

Según datos del TRAC y del gobierno de Trump, la mayoría de las peticiones de asilo son denegados.

Los agentes de asilo dijeron que la semana pasada el recientemente nombrado director interino de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (UASCIS), Ken Cuccinelli, un duro en inmigración y firme aliado de Trump, indignó a algunos empleados de la agencia al un correo electrónico en el que los criticó por aprobar tantas evaluaciones iniciales de miedo creíble, el primer paso en el complejo proceso de asilo.

El MPP fue frenado temporalmente en abril cuando un juez federal de California bloqueó la política fronteriza de Trump, que tiene como objetivo disuadir a los migrantes que huyen de sus países y vienen en busca de asilo o refugio.

El juez Richard Seeborg, de la corte federal de California, dictó una medida cautelar preliminar propinándole un nuevo golpe al gobierno en su afán por imponer una política de 'tolerancia cero' en la frontera con México para detener, según dice la Casa Blanca, la inmigración ilegal.

Tanto el gobierno de México como los detractores de la política han dicho que esta viola el reglamento al cambiar, sin la autorización del Congreso, una parte de la ley de asilo vigente desde 1980.

Pero en mayo la Corte de Apelaciones del 9º Circuito revocó la orden de Seeborg y permitió que el programa siga operando en los mismos términos en que fue anunciado en diciembre e implementado en enero.

El fallo, sin embargo, no fue definitivo. La corte de Apelaciones de San Francisco aún debe examinar la totalidad de los méritos del caso, que podría terminar en la Corte Suprema. Por esa razón el sindicato se sumó a la demanda original entablada por la ACLU.

Además de los casi 900,000 casos acumulados a finales de abril, las cortes de inmigración programan otros 340,000 casos de deportación cerrados administrativamente en los últimos 20 años porque no representaban una amenaza para la seguridad pública y nacional de Estados Unidos, pero fueron reabiertos el año pasado por el entonces fiscal general, Jeff Sessions, como parte de la política de tolerancia cero de Trump.