El colapso se agrava: casi 900,000 casos acumulados en las cortes de inmigración

El atasco en las cortes de inmigración se elevó a 892,517 casos al 30 de abril, según datos del Centro de Información y Acceso de Registros Transaccionales (TRAC) de la Universidad de Syracuse, en Nueva York.

El 17 de marzo el director de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR) le dio la bienvenida a 31 nuevos jueves que se sumaron a los 414 que se encontraban en servicio en ese momento, pero al tiempo que el gobierno de Donald Trump agrega refuerzos a los tribunales para sacar adelante su política migratorio, otros renuncian o piden sus retiros.

El vicefiscal general Rod Rosentein, poco antes de retirarse del Departamento de Justicia, dijo que Trump había contratado más jueces de inmigración en la primera mitad de su gobierno que en los siete años anteriores, durante Barack Obama.

Desde finales de enero de 2017 hasta octubre del 2018 un total de 128 jueces de inmigración tomaron posesión de sus cargos. Y en 2018 más de 100 nuevos jueces fueron contratados, según datos del EOIR.

El TRAC dice que el número de nuevos jueces contratados durante los primeros seis meses del año fiscal 2019 (octubre del 2018 a marzo del 2019) fueron 47.

Pero el esfuerzo no ha dado los resultados esperados por Trump. En julio del 2016 el número de casos acumulados era de 502,794. A finales de septiembre de ese año (cierre del año fiscal 2017) se contabilizaron 516,031, mientras que, a finales del año fiscal 2017, el número de casos acumulados era de 629,051.

Al 30 de septiembre del año pasado el número de casos alcanzaba los 768,257, mientras que seis meses más tarde y con más jueces, el número de casos acumulados es de 892,517.

Más de un millón

A pesar de las promesas del gobierno de Trump de acelerar los procesos para descongestionar el atasco en las cortes de inmigración, el problema sigue. Y es probable que en el corto plazo la cifra de acumulados sobrepase el millón a raíz de una decisión tomada el año pasado por el entonces fiscal general, Jeff Sessions.

Sessions prohibió a los jueces archivar casos de deportaciones de inmigrantes sin antecedentes criminales y buscar nuevas fechas de sus casos en los tribunales. La orden provocó un problema cuyas consecuencias todavía no se conocen en su totalidad.

El exfiscal general dijo entonces que el “cierre administrativo”, un procedimiento discrecional que se hace desde 1980, carece de base legal, un argumento que de inmediato fue criticado por abogados y jueces.

La preocupación respecto a la cancelación de este importante beneficio se suma el grave atasco que ya para entonces era de casi 700,000 casos.

De los casos de deportación cerrados administrativamente y que Sessions ordenó reabrir, el EOIR dijo que al 31 de marzo del 2018 había 352,159. Es decir, ya desde marzo del 2018 los tribunales de inmigración acumulan más de 1 millón de casos, aunque muchos de ellos todavía no han llegado a las cortes, pero lo harán.

Promedios peligrosos

Si se toma como base la acumulación al 30 de septiembre registrada por el TRAC, que alcanza los 892,517 casos, los 424 jueces activos tienen en promedio 2,105 casos.

Si agregan los 352,159 casos reactivados por Sessions a los 892,517 acumulados al 30 de abril, las cortes de inmigración tendrían 1,244,676 expedientes pendientes de resolución. Eso significa que los 424 jueces activos tendrían en promedio 2,935 casos.

Ahora bien, Sessions también fijó una cuota de 700 casos por juez al año. Eso significa que en promedio cada juez demoraría poco más de 4 años para evacuar su cartera, siempre y cuando durante todo ese tiempo no le asignen ningún caso nuevo.

El gobierno de Trump ha amenazado con despedir a los jueces que no cumplan con la cuota de 700 casos anuales. “Esta asombrosa medida la hemos definido como una ‘sentencia de muerte de la independencia judicial’ y significa que los jueces se verán obligados a apresurarse en estos casos, a menudo, de vida o muerte”, advirtió en octubre la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA).

“Es solo la ultima de una serie de cambios de políticas implementadas que socavan la independencia judicial, amenazan el debido proceso y evitan que las personas tengan un día en corte justo”, agregó.

La Asociación Nacional de Jueces de Inmigración (NAIJ) ha dicho que el gobierno de Trump ha “ignorado las sugerencias sobre el debido proceso de inmigración” y tampoco está cumpliendo con recomendaciones presentadas en un informe interno de la era de Barack Obama sobre cómo el Departamento de Justicia podría manejar mejor los procedimientos de inmigración mientras se adhiere al debido proceso.

“El impacto más grande que muestra el enfoque político del gobierno a los tribunales de inmigración es la persistencia de limitar la independencia de los jueces e impulsarlos a emitir órdenes de deportación rápidamente en lugar de involucrarse en la resolución creativa de los problemas y resultados prácticos”, dijo a Univision Noticias Dana Marks, presidenta honoraria de la NAIJ.

“Una vez más, desde la perspectiva de NAIJ, este es un paso que demuestra una falla fatal de tener una corte como la nuestra bajo el mando de una agencia de aplicación de la ley”, advirtió Marks. “La naturaleza misma de nuestras misiones está en desacuerdo entre sí y, decisiones como esta, tomadas por una parte en el proceso, limitan la autoridad del juez y socavan la integridad del sistema porque no hay verdadera independencia para el que toma las decisiones”, concluyó.

Las cortes más atascadas

El TRAC elaboró una lista con las cortes de inmigración más atascadas en la que destaca, además, la existencia de jueces con miles de casos acumulados.

La corte de inmigración de Houston, Texas, registra el caso donde un juez tiene asignados 9,048 casos. Si debe resolver 700 expedientes por año, demoraría 12.9 años en evacuar la totalidad de casos siempre y cuando en todo ese tiempo no le sea asignado otro juicio.

A su vez, en la corte de Arlington un solo juez tiene asignados 7,203 casos, los que de acuerdo con la cuota de 700 expedientes por año, vaciará el tribunal en un período de 10.2 años, siempre y cuando lo le asignen más casos.