Unos 6,000 migrantes solicitantes de asilo en EEUU viven desamparados en México
Tras pedir asilo en Estados Unidos perdieron los beneficios ortorgados por México. Y al no tener asistencia ni social ni jurídica, no existe ninguna seguridad de que estas personas ganen sus casos, advierten activistas en Tijuana.
Por:
Jorge Cancino.
La llegada de miles de familias ha rebasado, entre otras cosas, la capacidad de alojamiento del gobierno federal, que ha comenzado a trasladarlas a otros puntos del país para el proceso migratorio. El plan no solo resulta costoso sino que además pone presión adicional sobre las autoridades locales que aseguran no tener los recursos suficientes para atenderlos a todos.
Video Inmigración dice que ante la cantidad de migrantes en la frontera los están trasladando en avión a otros estados pero, ¿cuál es el costo?
Desde que fue implementado el 28 de enero, unos 6,000 solicitantes de asilo en la frontera sur de Estados Unidos han sido regresados a territorio mexicano hasta que un juez de inmigración decida sus casos, dijo el martes el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Los migrantes, la mayoría centroamericanos provenientes del denominado Triángulo del Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras), huyeron de sus países a causa de la violencia y la pobreza.
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La oleada, que fue advertida por primera vez en 2013, ha crecido y sobrepasado la capacidad de respuesta del gobierno de Donald Trump, quien en febrero decretó una emergencia nacional para atender la crisis humanitaria.
Sólo en abril los agentes de la Patrulla Fronteriza (CBP) detuvieron a 98,977 migrantes en la frontera sur y los ciudadanos originarios de Guatemala y Honduras siguen encabezando la lista de aprehensiones.
En cuanto a la situación en México de los migrantes solicitantes de asilo que aguardan en Tijuana la decisión de las cortes de inmigración de Estados Unidos, “es bastante complicada y vulnerable, no solo por la violencia y la inseguridad en esta ciudad, sino también porque el gobierno no ha brindado la ayuda que prometió”, dijo a Univision Noticias Soraya Vásquez, directora de la organización Families Belong Together capítulo México.
“Resulta que el gobierno no ha desarrollado ninguna estrategia de atención humanitaria. Los albergues no tienen espacio, no hay cómo atenderlos por tanto tiempo. Y como no tienen abogados que los representen, cuando van a sus citas en las cortes de San Diego los regresan nuevamente para que consigan uno. Pero cuando vuelven tampoco reciben asistencia. Esto es un cuello de botella”, añade.
Vásquez dijo además que, “al no tener asistencia ni social ni jurídica, no existe ninguna seguridad de que estas personas ganen sus casos de asilo o estén protegidas en México mientras esperan. Hay muchos niños que están quedando expuestos a todos los riesgos de seguridad que existen en Tijuana, una de las ciudades más violentas de México y del Mundo”, indicó.
En cuanto al protocolo de asilo en territorio estadounidense, Vásquez dijo que “las personas que ingresan por garitas que no sea la de San Ysidro, sus casos son llevados a tribunales que se localizan en el área de San Diego, ubicadas a tres o cuatro horas por ejemplo de Calexico. Eso significa que las personas deben movilizarse largos trechos y no tienen dinero. Los solicitantes de asilo no tienen recursos, son pobres, pero el gobierno dce Estados Unidos no considera esto”.
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“Imagínese entonces cuando les dan una cita. Es una situación muy complicada. Se trata de una medida destinada a desalentar al que busca asilo. Son pasos crueles. Los están angustiando para que desistan. Y del lado mexicano no los están atendiendo. Somos nosotros, las organizaciones civiles, las que estamos batallando con esta crisis humanitaria”, indicó Vásquez.
Las preocupaciones de la activista fueron compartidas por Irineo Mujica, director ejecutivo de Pueblo Sin Fronteras. “Están viviendo una situación muy complicada en Tijuana·, dijo. “El gobierno de México no tiene una operación para atenderlos, esta gente que regresan de Estados Unidos no tiene dónde vivir”.
“Los solicitantes de asilo ya no tienen beneficios ni permiso de trabajo en México, los pierden al pedir ayuda en otro país”, agrega Mujica. “Y Tijuana, además, es una zona de guerra tras la llegada de la Guardia Nacional de López Obrador. Y los migrantes retornados vuelven a un clima repleto de hostilidades porque aquí en Tijuana ya no quieren más mas migrantes y los corren”.
“Si ven que son hondureños los persiguen. Muchas de las familias quedan a la intemperie, en la calle, sin manera de garantizar que regresarán a las cortes de Estados Unidos porque no tienen cómo, ni tampoco asistencia legal. Nadie, ni en estados Unidos ni en México tienen compromiso con esta gente”, denunció el activista.
El 20 de diciembre del año pasado el DHS anunció la implementación del Procotolo de Protección del Migrante (MPP, por su sigla en inglés), programa que opera bajo el marco de la política migratoria de ‘tolerancia cero’ de Donald Trump.
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El MPP fue implementado el 24 de enero bbajo la premisa que “abordará la urgente crisis humanitaria y de seguridad en la frontera sur”, dijo la entonces secretaria del DHS, Kirstjen Nielsen. “Este enfoque humanitario ayudará a poner fin a la explotación de nuestras generosas leyes de inmigración”, agregó.
De acuerdo con el plan, el programa ayuda a restablecer un proceso de inmigración seguro y ordenado, disminuye el número de personas que se aprovechan del sistema de inmigración y la capacidad de los traficantes para atacar a las poblaciones vulnerables, y reduce las amenazas a la vida, la seguridad nacional y la seguridad pública. Además, asegura que las poblaciones vulnerables reciban las protecciones que necesitan, se lee en un reporte del DHS.
En abril, una corte federal de California dictó una medida cautelar que bloqueó el programa de Trump. La decisión, emitida por el juez Richard Seeborg, fue en respuesta a una demanda de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) bajo el argumento que la medida daña el debido proceso migratorio “y coloca en riesgo las vidas de los solicitantes de asilo”.
El MPP “hace que sea mucho más difícil para los solicitantes de asilo recibir un reconocimiento justo y significativo”, precisó el grupo de derechos civiles.
La Asociación Estadunidense de Abogados de Inmigración (AILA), que agrupa a más de 5,700 miembros, también fustigó el programa y dijo que el protocolo establecido por el DHS altera “el procesamiento de las solicitudes de asilo en la frontera” en perjuicio de la ley y el derecho internacional.
A principios de mayo, sin embargo, la Corte Federal de Apelaciones del 9º Circuito le dio la razón al gobierno, restableció el programa y determinó que suprimirlo causaría un “daño irreparable” al eliminar una de las medidas autorizadas por el Congreso para procesar a inmigrantes que piden asilo en la frontera.
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El fallo, sin embargo, no es definitivo. La corte de Apelaciones de San Francisco aún debe examinar la totalidad de los méritos del caso, que podría terminar en la Corte Suprema.
Activistas que defienden los derechos de los inmigrantes dijeron a Univision Noticias que el número de migrantes retornados a México tras pedir asilo en Estados Unidos irá en aumento proporcionalmente al número de detenciones en la frontera.
A comienzos de mayo el número de retornos fue de unos 3,700 mientras qaue a finales de abril el DHS estimó unos 1,600.
La MPP se activó a finales de enero en el puerto de entrada de San Ysidro, en la frontera entre San Diego y Tijuana. Luego fue extendido a pasos fronterizos en los estados de California, Nuevo México y Texas.
La Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SRE) ha dicho, respecto a la orden de un juez federal sobre la devolución de ciertos extranjeros a México luego de pedir asilo en Estados Unidos, que es “respetuoso de los asuntos domésticos de Estados Unidos” y que “toma nota de la decisión” de las cortes.
Añade que la implementación del MPP se trata de una “disposición unilateral” de una sección de la Ley de Inmigración estadounidense y que “el Gobierno de México ha mantenido diálogo y en varias reuniones ha planteado sus preocupaciones y puntos de vista sobre la intención anunciada (…) el 20 de diciembre de 2018 y que dio inicio el 28 de enero de 2019”.
“México sostiene la perspectiva de que la migración no debe ser forzada por pobreza, que debe atenderse el bienestar en Centroamérica y que deben respetarse los derechos humanos”, agrega el comunicado de la SRE.
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“Como se informó en reiteradas ocasiones, no obstante que México no coincide con esa medida unilateral, se admitió de manera temporal y por razones humanitarias el ingreso de ciertas personas migrantes, con base en el compromiso de México con los derechos humanos”, añade la postura del gobierno mexicano, y asegura que, a pesar de las diferencias, ambos países “sostienen una relación profunda y dinámica que permite mantener el diálogo aún en temas en los que no coinciden”.
La abogada Niclole Ramos, de la organización Al Otro Lado, dice en su cuenta de la fred social Twitter que, además de aistir a los solicitantes de asilo, han representado "a padres que fueron separados por la fuerza de sus hijos por las autoridades de inmigración de Estados Unidos. Usted se sorprendería de verdad por la cantidad de padres mexicanos que fueron separados por la fuerza de su hijo por las autoridades de inmigración de EEUU en la frontera".
We also represent parents who were forcibly separated from their children by US immigration authorities. You would be truly surprised by how many MX parents have been forcibly separated from their child by US immigration authorities at the border.
Los sanitarios portátiles desbordados y un enorme charco de agua sucia que crece cada vez que alguien se ducha refleja las condiciones en las que se encuentran los más de 6,000 migrantes que están albergados en La Unidad Deportiva Benito Juárez, al norte de Tijuana.
