Biden promete revertir la política de asilo de Trump y un plan Marshall en Centroamérica

El plan, divulgado este miércoles, incluye una serie de medidas para contener el éxodo de migrantes en la frontera en busca de asilo. Entre las medidas, incluye un Plan Marshall y la inversión de $4,000 millones para la generación de empleos y combate a la currupción.

Jorge Cancino
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Jorge Cancino.
El precandidato demócrata aseguró que Trump "ha violado su juramento a la presidencia y traicionado a la nación". Por su parte, el actual mandatario insistió en que no ha hecho nada inapropiado y sostuvo que la campaña de Biden está cayendo en las encuestas.
Video Joe Biden rompe el silencio y por primera vez pide un juicio político contra Trump

El aspirante a la nominación presidencial demócrata y senador por el estado de Delawere, Joe Biden, presentó este miércoles un plan para hacer frente a la crisis migratoria que se vive en la frontera, donde desde mediados de 2014 miles de inmigrantes que huyen de sus países buscan asilo en Estados Unidos.

Biden, quien fue vicepresidente durante el gobierno de Barack Obama (2009-2017) prometió “restablecer el acceso completo al asilo para las víctimas de violencia doméstica”, al tiempo que, dijo, “fortalecerá las capacidades de los fiscales para perseguir casos de violencia doméstica y poner a los perpetradores tras las rejas”. También anunció activar un plan Marshal de $4,000 millones.

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Desde principios de 2017, cuando Donald Trump llegó a la Casa Blanca, el gobierno ha introducido severos cambios a la política de asilo. El mandatario argumenta que los migrantes que llegan a la frontera abusan de leyes vigentes y para ello modificó reglamentos para contenerlos y hacerles más difícil la búsqueda de amparo.

La política de Trump

Entre los cambios del gobierno de Trump desde 2017, el gobierno ha prohibido otorgar asilo víctimas de violencia doméstica y de pandillas, separado a miles de familias en la frontera tras formularles cargos criminales por ingreso ilegal, prohibir asilo a personas que ingresan entre puertos de entrada, negar fianzas y arrestar de manera indefinida a solicitantes de asilo hasta que sus casos sean resueltos por los tribunales de inmigración.

También ordenó el envío a terceros países de peticionarios de asilo y el 20 de enero activó el Programa de Protección de Migrantes (MPP), que a la fecha ha regresado a más de 55,000 migrantes a México para que esperen al otro lado de la frontera sus casos de asilo, que en algunos casos las demoras pueden ser de años debido a los atascos en las cortes de inmigración.

Para Biden, la política de Trump se ha convertido en un “insulto” para la comunidad inmigrante y señala que las medidas adoptadas por el mandatario “hostiga a nuestros más cercanos vecinos”. También indica que las medidas adoptadas en los últimos años hgan sembrado “miedo” y “dividido” al país.

“No es solo un ultraje moral, es un completo fracaso del liderazgo global estadounidense que exacerba los desafíos en nuestra propia región y hace que la gente de Estados Unidos sea menos segura”, se lee en una copia del plan a la que tuvo acceso Univision Noticias.

El comienzo de la crisis

La crisis migratoria en la frontera con México no surgió durante el gobierno de Trump, sino que fue advertida por primera vez en 2013, cuando un grupo de investigadores de loa Universidad de California previno la huida de miles de migrantes centroamericanos, principalmente de Guatemala, El Salvador y Honduras, con destino a Estados Unidos.

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El gobierno de Obama no respondió de inmediato a las advertencias, sino hasta principios de junio de 2014, tras el arresto, en lo que iba del año fiscal, de más de 42,000 Menores No Acompañados (UAC) y un número similar de familias.

La crisis sobrepasó la capacidad de respuesta del gobierno. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no estaba preparado para contenerla y tampoco encontró el respaldo del Congreso para obtener fondos.

“La gente, los adultos y las familias, siguen huyendo por las mismas razones: la inseguridad y la violencia que incluye el abuso doméstico, la pobreza extrema y la reunificación familiar”, dijo a Univision Noticias en 2015 la investigadora Elizabeth Kennedy, en ese momento profesora de la Universidad Estatal de San Diego y de la Universidad de California en Santa Bárbara, una de las autoras del estudio que advirtió la emergencia dos años antes.

Kennedy también advirtió que las condiciones de vida en Guatemala, El Salvador y Honduras no eran las mismas que un año antes, “han empeorado”, y que esa situación “genera un mayor flujo de migrantes” hacia Estados Unidos.

Los argumentos de aquella vez se siguen repitiendo en la actualidad, al igual que los errores cometidos por el gobierno federal.

Sistema sobrepasado

El procesamiento de los miles de detenidos en la frontera se basa en las leyes y reglamentos vigentes. Entre ellos, el Acuerdo Judicial Flores de 1997, que no permite privar de libertad a menores y exige que el gobierno los asista y proteja sus derechos. Y la Ley TVPRA de 2008, que prohíbe la deportación inmediata de menores de países no fronterizos, y exige que sea un juez de inmigración quien resuelva sus futuros en el país.

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Obama fue acusado en varias ocasiones de incumplir ambos acuerdos, al igual que Trump. Y utilizó la detención de familias, incluso habilitando centros temporales en bases militares, para disuadir a otros centroamericanos que hicieran el viaje hasta la frontera para buscar asilo.

Trump, en cambio, no solo aumentó la capacidad de detención diaria, sino que modificó reglamentos para burlar las exigencias planteadas por el Acuerdo Flores, tal como el tiempo de permanencia detenido, y de la Ley TVPPRA, para acelerar las deportaciones.

También ha aumentado el número de centros de detención en la frontera, instalado cortes temporales secretas y activado al menos dos programas para acelerar los procesos. Abogados y jueces entrevistados por Univision Noticias, así como legisladores demócratas, han denunciado la celebración de juicios secretos, deportaciones expeditas y enjuiciamientos sin la participación de abogados que asistan a los migrantes que buscan asilo.

Las promesas de Biden

Biden asegura que, de llegar a la Casa Blanca, “restablecerá el acceso completo al asilo” para las víctimas de violencia, y también realizará una fuerte inversión de capital en la región para mejorar las condiciones de vida de los habitantes y con ello disminuir las causas que generan el éxodo hacia el norte.

El plan incluye el desarrollo de una estrategia regional integral de cuatro años y $4 mil millones “para abordar factores que impulsan la migración desde América Central”, indica el plan. También anuncia la movilización de inversión privada, mejora de la seguridad y el estado de derecho, combatir la corrupción y priorizar en la reducción de la pobreza y el desarrollo económico.

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El candidato también anunció la activación de un Plan Marshall que contará con la participación de gobiernos, sector privado y la sociedad civil, cuyo objetivo será la generación de empleos y el fortalecimiento de la democracia en la región.

El plan de Biden también incluye el desarrollo de políticas para abordar los efectos de la crisis climática, otra de las principales razones que motiva el éxodo de migrantes hacia Estados Unidos.

<b>Silvia Gómez, de 25 años, sentada junto a su hija de 9 años</b> en el autobús en el que harán el primer trayecto hasta Tapachula. Se marcha porque su familia en Guatemala se lo pidió. Le dijeron que esperar hasta el 15 de enero de 2020 por su primera corte era un tiempo excesivo para andar con una niña en un albergue. Sus planes no están claros aún: cree que dejará a su hija en Guatemala y regresará a México cuando se aproxime su fecha de entrada a Estados Unidos para presentarse ante el juez de inmigración.
Un grupo de migrantes bajo el programa de 'Retorno a México' 
<b><a href="https://www.univision.com/noticias/inmigracion/en-buses-o-en-vuelos-pagados-por-trump-la-angustia-lleva-a-los-centroamericanos-que-esperan-en-mexico-a-devolverse-a-sus-paises">espera para subirse al autobús que les llevará de regreso a su país</a></b>, Guatemala. Un número creciente de centroamericanos están regresando a sus lugares de origen exhaustos por las largas esperas en México como consecuencia de este plan implementado por la administración Trump desde enero. Para sus primeras cortes, 
<b>los últimos que retornaron a Tijuana contaron que tienen que quedarse en México entre seis y nueve meses más.</b>
Una migrante muestra los documentos de la política Protocolo de Protección de Migrantes recibidos de manos de las autoridades estadounidenses antes de ser devuelta a Tijuana. Más de 20,000 migrantes ya forman parte de este programa, por el cual tienen que 
<b>esperar el resto de su proceso migratorio en ciudades fronterizas en las que corren riesgos de seguridad,</b> como Tijuana, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo y Matamoros. 
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Personal de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) brinda información a una migrante sobre el programa de Retorno Voluntario Asistido en el albergue Ágape en Tijuana, México. 
<b>La OIM está proporcionando billetes de avión pagados con fondos del gobierno de Estados Unidos </b>a los migrantes que quieran regresarse a Honduras, El Salvador y Guatemala. Un funcionario de la OIM explicó a Univision Noticias que, aunque son muchos los que sí se regresan, al menos 50% de los que se anotan en las listas pueden cambiar de opinión en el lapso de una semana.
Iván Vargas, coordinador de la línea de autobuses privada Transporte Turístico Ejecutivo, revisa la lista de pasajeros de una unidad que tiene como destino Tapachula, Chiapas. La imagen fue tomada a las afueras del albergue Ágape en Tijuana, México.
Diana Cruz, de 16 años, dice adiós a sus amigos del albergue Ágape antes de subirse al autobús que llevará a su familia de Tijuana a Tapachula. Esta familia decidió emprender el viaje de regreso a su país de origen, Guatemala, después de ver que el proceso de petición de asilo estaba muy demorado y les obligaba a esperar en México. La hermana pequeña, Atziry, de 7 años, empezó a decirle a la mamá que echaba de menos a su abuela y quería regresarse y 
<b>la madre tomó la decisión de volver para no someter a sus niñas a más sufrimiento.</b>
La frontera entre México y Estados Unidos en El Chaparral, el cruce fronterizo en Tijuana. Decenas de inmigrantes llegan a este punto cada mañana para esperar su turno para entrar y ser entrevistados por la Patrulla Fronteriza. La espera promedio para que llamen un número ahora está en al menos cuatro meses. La mayoría de los migrantes son retornados a México con una fecha para su primera corte con un juez de inmigración. Pero, al final, el caso puede tomarles hasta un año, entre otras cosas, porque sin un abogado el juez los devuelve a México —o a los centros de detención si tienen la suerte de ser admitidos en Estados Unidos— hasta que vuelvan con alguien que los represente.
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Una adolescente guatemalteca que prefirió no ser identificada sale del albergue Embajadores de Jesús, antes de subirse a un autobús cuyo destino es Tapachula. Se regresa porque teme que en su corte el juez de inmigración la devuelva a la hielera de la Patrulla Fronteriza y tenga que vivir de nuevo el frío que caracteriza a estos lugares, la mala alimentaci´on y los maltratos de funcionarios que les reiteran que no son bienvenidos en Estados Unidos, según denuncia.
El pastor Gustavo Banda, encargado del albergue Embajadores de Jesús, en el patio trasero de su casa donde organizan cada día donaciones que reciben para los migrantes. "Les están dando una esperanza muy pequeña para que se queden", dice Banda. "Los quieren desanimar porque su cita es hasta enero del año próximo", agrega. Él cree además que la falta de permisos de trabajo y la poca asistencia que les da el gobierno mexicano para regularizarse es lo que los desalienta a esperar hasta su primera fecha de corte.
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Francisco, de 34 años, quiere regresar a su país por su hijo Andy Javier, de 9 años. “Está sufriendo, mejor le regreso para Guatemala”, explica minutos antes de que parta el autobús del albergue Ágape en Tijuana.
Dos hermanos guatemaltecos de 6 años y 8 años juegan antes de subirse al autobús que les llevará de Tijuana a Tapachula rumbo a Guatemala.
<b>Ileidy Díaz, de Guatemala, es la madre de esos niños.</b> Ella explica que su plan era que su esposo en Estados Unidos los pidiera, entre otras cosas porque ella y su hijo están enfermos: ella quería recibir tratamiento para su vitiligo y esperaba que su hijo pudiera ser tratado por una enfermedad en sus ojos. Por ahora, nada de eso ocurrirá. Díaz asegura que ya no quiere que sus hijos sufran más mientras esperan hasta el 14 de enero, cuando le tocará su fecha de corte. Cuenta que en la hielera les maltrataron, que a ella los funcionarios de la Patrulla Fronteriza la obligaron a la fuerza a firmar su regreso a México mientras sus hijos lloraban. "El miedo que eso me generó me hace devolverme a mi país", dice.
José Mario Sarmiento, de Honduras, en un autobús que viaja de Tijuana a Tapachula rumbo a Guatemala. “La vi muy difícil,” dice José Mario sobre la razón por la que ha decidido regresarse a su país. Llegó a Tijuana hace mes y medio. Quería cruzar ilegalmente ya que tiene una deportación previa, pero le dio mucho miedo la situación en la frontera y la posibilidad de ser arrestado y tener que pasar mucho tiempo en la cárcel.
Bolsas de basura cargadas de pertenencias de migrantes que se regresan a sus países de origen en un autobús privado con trayecto Tijuana-Tapachula.
<b>José María García, conocido como 'Chema', </b>encargado del albergue para migrantes Juventud 2000, parado frente a la casa ubicada en la zona norte de Tijuana, México, una de las áreas más inseguras de la ciudad. Según él, una parte de los centroamericanos que llegan al recinto deciden cruzar de forma ilegal a Estados Unidos "ya que ven que las posibilidades son cada vez más cerradas para poderse quedar o recibir el asilo", cuenta. Lo hacen, explica "porque cada vez ven más lejano (el fin de sus procesos) o cada vez ven menos las posibilidades de quedarse en los Estados Unidos". En sus estimaciones, 30% de los que llegan a su albergue se marchan o a su país o a la frontera para cruzar sin ser vistos.
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Silvia Gómez, de 25 años, sentada junto a su hija de 9 años en el autobús en el que harán el primer trayecto hasta Tapachula. Se marcha porque su familia en Guatemala se lo pidió. Le dijeron que esperar hasta el 15 de enero de 2020 por su primera corte era un tiempo excesivo para andar con una niña en un albergue. Sus planes no están claros aún: cree que dejará a su hija en Guatemala y regresará a México cuando se aproxime su fecha de entrada a Estados Unidos para presentarse ante el juez de inmigración.
Imagen Almudena Toral/Univision
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