Caucus hispano advierte que el gobierno de Trump no cederá en su agresiva política de deportaciones

La preocupación aumentó entre los miembros del caucus hispano del Congreso este miércoles al término de una reunión con el secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), John Kelly, para discutir el aumento de operativos de deportación, el futuro de los jóvenes indocumentados conocidos como dreamers en Estados Unidos, y la detención de indocumentados sin antecedentes criminales, entre otros temas.

“El encuentro fue bastante preocupante”, dijo a Univision Noticias una fuente que estuvo en el encuentro celebrado a puerta cerrada en el Capitolio. “El secretario Kelly parece no aprender de sus errores e insiste en implementar la agenda de deportaciones masivas del presidente Donald Trump, sin importar el daño que cause a la nación”, agregó.

La reunión fue planificada por el caucus para abordar una larga lista de “preocupaciones”, entre ellas la confirmación de una maquinaria nacional de deportaciones prometida por el presidente Donald Trump durante su campaña.

La fuente agregó que “no esperábamos mucho del secretario Kelly en este encuentro. Pero nos sorprendió su manera de hablar sobre el futuro de los inmigrantes, tanto de los dreamers como del resto de personas que integran los 11 millones de la comunidad indocumentada”.

A la reunión no estuvo permitido el acceso a periodistas.

El Caucus Hispano está preocupado además por el aumento de las detenciones de inmigrantes indocumentados sin antecedentes criminales, y advirtió que “las batallas migratorias que se avecinan en el Congreso serán esenciales para proteger el bienestar de la comunidad inmigrante, principalmente la latina”.

“Ahora más que nunca necesitamos que a los demócratas no les tiemble la mano ante este gobierno”, subrayó la fuente.

Preparados para lo peor

Para el congresista demócrata Luis Gutiérrez (Illinois), el resultado del encuentro con el secretario Kelly se resume en una simple frase: "Debemos prepararnos para lo peor".

"Creo que tenemos que prepararnos para luchar contra la deportación en masa", agregó. "Nos presentamos en los aeropuertos para luchar contra la prohibición de los musulmanes y refugiados, y ahora los DREAMers y las personas que han vivido aquí legalmente durante décadas con TPS (Estatus de Protección Temporal) están en peligro inminente".

Gutiérrez señaló que el secretario Kelly "básicamente nos dijo que no sabe si extenderá el beneficio que protege de la deportación a miles de centroamericanos", y que el futuro de los casi 800,000 jóvenes indocumentados, conocidos como dreamers y beneficiados con el programa DACA, "corresponde al fiscal general Jeff Sessions, el principal defensor de Estados Unidos contra la inmigración".

"Kelly básicamente dijo que DACA está enfrentando una sentencia de muerte. Ellos (el gobierno de Trump) realmente quieren convertir a millones de personas que están documentadas en indocumentados, y luego ir tras ellos y sus familias", aseguró el congresista por Illinois.

Los temas agendados

En el encuentro se tocaron temas como el incremento en el número de inmigrantes detenidos por agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) que no tienen antecedentes criminales, así como el aumento de operativos de la fuerza nacional de deportaciones prometida por el presidente Donald Trump durante su campaña y el futuro de los dreamers.

"Nos preocupa el anuncio respecto a que el gobierno perseguirá a padres y familiares de niños solos que buscan asilo para acusarlos de tráfico humano, y el futuro del TPS (Estatus de Protección Temporal) para miles de inmigrantes centroamericanos que llevan tiempo en Estados Unidos amparados de sus deportaciones", dijo más temprano a Univision Noticias la oficina de prensa del Caucus Hispano.

Cerca de 300,000 inmigrantes indocumentados procedentes de El Salvador, Honduras y Nicaragua permanecen protegidos desde 1999 de la deportación a través de un Estatus de Protección Temporal que además les permite trabajar.

En el comienzo de su campaña, Trump dijo que deportaría a los 11 millones de indocumentados que se calcula hay en Estados Unidos, pero después cambió su discurso y dijo que solo expulsaría a aquellos que tienen antecedentes criminales, y que buscaría una solución permanente para los dreamers.

Pero a finales de junio, 10 estados encabezados por Texas pusieron un ultimátum con fecha 5 de septiembre para que el fiscal general, Jeff Sessions, cancele DACA. De lo contrario, advirtieron, demandarán la acción ante la misma corte que en 2015 detuvo la implementación de DAPA (que protege de la deportación a los padres de ciudadanos y residentes legales) y la ampliación de DACA.

De haber sido implementados, estos programas frenaban las deportaciones de poco más de 5 millones de padres indocumentados de ciudadanos y residentes legales y de los dreamers que no calificaron para DACA por tener más de 30 años de edad al 15 de junio de 2012.

La política de Trump

Las detenciones de inmigrantes por parte de ICE aumentaron tras la firma de dos acciones ejecutivas migratorias firmadas por Trump el 25 de enero: una está relacionada con la construcción del muro en la frontera con México y otra con las ciudades santuario.

En ambas acciones Trump decretó que la inmigración indocumentada constituye una amenaza para la seguridad pública y nacional, y ordenó la activación en el país de la Sección 287g de la Ley de Inmigración, que permite al DHS hacer acuerdos con las policías locales para que actúen como agentes de inmigración en el arresto de indocumentados.

Con esta medida, Trump contaría con una fuerza nacional de deportaciones que pondría en la mira a los 11 millones de indocumentados.

Kelly, al igual que el director interino de ICE, Thomas Homan, han señalado que la agencia prioriza el arresto y la eliminación de las amenazas a la seguridad nacional y la seguridad pública. Sin embargo, agregan, ninguna clase o categoría de extranjeros en Estados Unidos está exenta de arresto o remoción del país.

La agencia añade que "continúa enfatizando la priorización de las amenazas de seguridad pública, los riesgos de seguridad nacional, los delincuentes y los extranjeros con las órdenes finales de deportación".

La reunión se dio en el marco del debate en la Cámara de Representantes del presupuesto 2018 del DHS, que incluye una partida de $1,600 millones de dólares para la construcción del muro en la frontera con México, uno de los principales proyectos de la política antiinmigrante de Trump.