Chicago, Los Ángeles, Nueva York y otras 48 ciudades piden cancelar el aumento de las tarifas de inmigración

Los alcaldes y ejecutivos de 51 ciudades y condados firmaron una carta para oponerse al aumento anunciado en noviembre a la mayoría de las tarifas de inmigración.

En la misiva, dirigida los directores interinos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS), los ediles advierten que el alza propuesta “aumentaría significativamente” las tarifas, entre ellas la ciudadanía, gestión que sufrirá un aumento de $640 a $1,170 (83%).

“Los aumentos de tarifas propuestos son el último intento cínico del gobierno de (Donald) Trump para desalentar a los inmigrantes y refugiados a venir a Estados Unidos y convertirse en miembros de pleno derecho de nuestra sociedad y proceso político”, dijo Lori Lightfoot, alcaldesa de Chicago.

La funcionaria agregó que “nuestros inmigrantes y refugiados son contribuyentes clave para nuestra historia, economía y cultura, y este ataque a su capacidad de acceder a la ciudadanía y otras formas de estatus migratorio estable no solo representan una amenaza para nuestro futuro, sino que son una afrenta a nuestros valores más altos como estadounidenses”.

Los nuevos precios entrarán en vigor en 2020 una vez que el DHS reciba comentarios del público, período que vence el 30 de diciembre, y publique la regla final en el Registro Federal (diario oficial estadounidense).

Algunas tarifas representan un incremento del 532%, como el Formulario I-881 (Solicitud de suspensión de deportación o cancelación de deportación por regla especial), que aumentará de $285 a $1,515.

La Carta

En la misiva, firmada por los alcaldes Lightfoot, Bill de Blasio (Nueva York) y Eric Garcetti (Los Ángeles) junto a otros 48 ediles, señalan que “escribimos en nombre de los millones de residentes que tienen profundas raíces en nuestras ciudades y comunidades y que contribuyen tanto a nuestra sociedad”.

“Estos miembros de nuestras comunidades son elegibles para la ciudadanía, la residencia legal permanente, la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), asilo, autorización de empleo y otros estados y beneficios migratorios”, por lo que les pedimos respetuosamente “que retiren la propuesta”.

Al mismo tiempo, los alcaldes piden a las autoridades de inmigración que “extiendan el período de revisión a 60 días” en vez de los 45 que fueron asignados por el DHS (primero 30 y luego una extensión de 15).

“El período actual de 45 días es insuficiente e injustificado. Esta regla propuesta es excepcionalmente larga (más de 300 páginas) y extremadamente compleja”, indicaron.

Millones de residentes

Los 51 alcaldes precisan en la carta que la regla propuesta “afectará negativamente a aproximadamente 9 millones de residentes permanentes a nivel nacional que son elegibles para convertirse en ciudadanos estadounidenses (por medio del Formulario N-400)”.

“Estos son familiares y seres queridos, y son una parte integral del tejido social, cultural y económico de nuestra nación”, añaden.

También subrayan que “lo mismo es cierto para los inmigrantes que son elegibles para pedir la residencia legal permanente (green card o tarjeta verde), los miles de jóvenes elegibles para DACA que han crecido en los Estados Unidos, y peticionarios de asilo que vienen a este país en busca de una vida mejor para ellos y para sus hijos”.

“Nuestras leyes, reglas y regulaciones deben reflejar nuestra humanidad”, precisa el documento. La regla que propone el gobierno, “si se implementa, socavaría nuestros valores al excluir millones de inmigrantes y refugiados elegibles que llaman hogar a nuestras ciudades y condados basándose únicamente en su incapacidad para pagar las tarifas de las solicitudes” de servicios migratorios.

“El sueño americano no debería estar abierto solo al mejor postor, y ninguna regla ni regulación debería poner precio a la ciudadanía estadounidense o al estatus legal”, dijo el alcalde Garcetti en una declaración.

La propuesta hecha por el DHS también incluye rebajas en algunos trámites.

Argumentos oficiales

El DHS argumenta que el ajuste propuesto es resultado de una “revisión exhaustiva de las tarifas” que se lleva a cabo cada dos años por un mandato del Congreso.

Añadió que las tarifas actuales “no recuperan los costos totales de la prestación de servicios de adjudicación y naturalización”, por lo que propuso “ajustar las tarifas de USCIS en un aumento promedio ponderado del 21 por ciento”.

“Los ajustes en el programa de tarifas son necesarios para recuperar todos los costos operativos asociados con la administración del sistema de beneficios de inmigración del país, salvaguardar su integridad y adjudicar de manera eficiente y justa las solicitudes de beneficios de inmigración”, indicó.