De la pesadilla venezolana a la mexicana: el drama de una madre y sus tres hijos para conseguir asilo en EEUU

MATAMOROS, México. - Para Elibet, una madre exiliada venezolana, la salida de su país en busca de asilo puede definirse como una lista a la que ha ido sumando traumas: el de huir de Venezuela con tres hijos menores dejando atrás a un marido condenado a 30 años de prisión "por motivos políticos", el de encontrarse la puerta de EEUU cerrada y el de tratar de llegar de todas formas cruzando el Río Grande sin saber nadar.

Todo eso para acabar siendo devuelta a la ciudad fronteriza de Matamoros mientras avanzaba su caso de asilo y donde, por miedo a la inseguridad, mantuvo a su familia dentro de un apartamento durante cuatro meses en los que tenía a sus tres hijos encerrados como “en una prisión”.

"Arriesgamos nuestras vidas, huímos de México porque sentimos presión de secuestro, venimos huyendo de mi país y creemos que ya todo por fin va a estar bien y nos mandaron de nuevo atrás", lamentó en una entrevista con Univision Noticias al recordar lo que sintió cuando le dijeron que la regresaban a Matamoros por los Protocolos de Protección de Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés), el programa por el que el gobierno de EEUU ha enviado a más de 55,000 solicitantes de asilo a esperar en el país vecino la resolución de sus casos.

"Es inexplicable lo tú puedas sentir en ese momento y la sensación de decepción porque quieres hacer algo bien por tus hijos y sientes que no lo logras", afirma.

Pese a que el gobierno de Donald Trump ha condenado abiertamente al de Nicolás Maduro, ha impuesto sanciones a los funcionarios de su gobierno y fue el primer país en respaldar al líder opositor Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, los ciudadanos que llegan de ese país huyendo de la persecución y tratan de acceder por tierra a través de la frontera sur no son recibidos inmediatamente, sino que son devueltos a México mientras avanzan sus casos de asilo.

En el caso de Elibet y sus hijos de 9, 11 y 16 años tuvieron que estar casi cuatro meses esperando en Matamoros, un tiempo en el que la familia se presentó en cuatro ocasiones en una carpa improvisada en la frontera de Brownsville (Texas) para defender sus casos ante un juez a través de videoconferencias.

El pasado 21 de noviembre, en su cuarta cita en la corte, un juez les aprobó su caso de asilo y la familia pudo viajar a Atlanta (Georgia), donde fueron recibidos por unos amigos. Sin embargo, el gobierno de EEUU tiene un plazo de 30 días para apelar su caso, por lo que Elibet prefiere no dar su nombre completo ni mostrar su imagen para proteger su identidad.

La familia tuvo la suerte de ir a su cuarta audiencia ante un juez acompañada de un abogado, algo que solo sucede en el 1.2% de los casos de los migrantes que llegan a las cortes en las carpas y también forma parte de la estadística aún más ínfima de los solicitantes de asilo bajo MPP cuyos casos son aprobados. Según el recuento que lleva la Universidad de Syracuse, hasta septiembre de este año, de las 9,974 solicitudes de asilo resueltas en las carpas de la frontera, solo 11 habían ganado sus casos, lo que supone un 0.1% del total.

La historia de esta familia es solo una de las de los cientos de venezolanos (más de 1,200 hasta septiembre según la Universidad de Syracuse) que han llegado a EEUU huyendo de su país para pedir protección y han sido devueltos a México.

30 años de cárcel por "robo a la nación"

Elibet salió de Venezuela con sus tres hijos el 28 de junio, dos semanas después de que la policía detuviera a su esposo. Lo acusaron de robo de material estratégico de cobre y lo condenaron a 30 años de cárcel, pero su familia alega que se trata de un cargo inventado con el que el gobierno acusa a los opositores políticos. "Cuando lo detuvieron dice que le sembraron en sus pertenencias un material de cobre y que él no tuvo nada que ver... Y lo están culpando de eso", explica la mujer.

Según dice, tanto ella como su esposo pertenecían a un partido opositor al que aportaban dinero y llevaban años participando en las protestas y campañas en contra del gobierno de Nicolás Maduro en Maturín, en el estado noroccidental de Monagas.

En 2013, Elibet se hizo coordinadora del centro de votaciones de su parroquia y asegura que pudo ver "muchísimas irregularidades" como a trabajadores estatales que eran obligados a votar por el oficialista PSUV (Partido Socialista Unido de Venezuela) para no perder sus empleos.

Junto con el activismo político llegó la represión del gobierno, según denuncia, y las visitas de funcionarios estatales a su casa y en su comercio para amedrentarlos, como una ocasión en la que un grupo de agentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) se presentó en su negocio y lo allanaron sin orden judicial.

"Nos revolvieron todo. Nos amenazaron, nos dijeron que dejáramos de insistir en el partido y dejar de oponernos al sistema de gobierno, ya que esto era traición a la patria. Y nosotros no estuvimos de acuerdo con esto. Seguimos unos meses de lucha", afirma.

Según el relato de Elibet, los últimos meses en Venezuela discurrieron con ella huyendo, primero a Maracaibo, donde vive su madre, y después a Curaçao, por miedo a las amenazas en su contra. Pero cuando detuvieron a su esposo, la familia tomó la decisión de que había llegado la hora de sacar también a los niños del país.

A finales de junio, la madre hizo las maletas, tomó a sus tres hijos y salió por tierra por la frontera de Zulia con Colombia. Desde allí viajó a Bogotá y, tras hacer una escala en el balneario mexicano de Cancún, el 12 de julio llegó a Matamoros, en la frontera con EEUU.

Cruzar el río sin saber nadar

La llegada a la puerta de Estados Unidos no supuso el fin de la pesadilla para esta familia venezolana. Cuando intentaron cruzar por los dos puentes fronterizos que unen Matamoros con Brownsville (Texas), los agentes les dijeron que "estaban llenos, que no estaban aceptando a nadie".

Entonces, les tocó anotarse en la lista de espera de migrantes para pedir asilo que el gobierno de Donald Trump implementó en los cruces fronterizos el año pasado para limitar el número diario de personas que pueden solicitar protección en el país. A la familia de Elibet les dieron el número 2,481.

"Tenía más de mil personas por delante, nos tocó quedarnos ese día en el puente porque no conocíamos nada, era de noche. Dormimos allí en el piso con nuestras pertenencias", recuerda.

Después, la familia alquiló una habitación de hotel y madre e hijos se presentaban todos los días en el puente para ver si avanzaba la línea. Pero los rumores crecientes sobre la presencia de 'halcones' del crimen organizado que buscaban a migrantes para secuestrar hicieron que Elibet comenzara a temer por la seguridad de su familia en el camino diario del hotel al cruce fronterizo.

Entonces decidió que se quedarían en el campamento improvisado al lado del puente donde decenas de migrantes dormían en carpas donadas. Ahí, pese a estar a la intemperie, los solicitantes de asilo que esperan dicen sentirse algo más seguros por la cercanía del paso fronterizo que está vigilado por cámaras de seguridad y agentes de la Guardia Nacional y la policía.

Pero entre las malas condiciones de vivir en la calle y el temor que sentía a que le pasara algo a alguno de sus hijos, Elibet se fue desesperando. El 20 de julio, la madre oyó un rumor en el campamento de que un grupo se iba a lanzar por el Río Grande para cruzar a Estados Unidos y ella decidió intentarlo también, aunque solo el mayor de sus hijos, de 16 años, sabía nadar.

"Yo le dije (al mayor): 'Si tú ves que tú puedes pasar con tus hermanos, pasas. Si yo me quedo atrás, continúa, lo que me interesa es que ustedes estén bien", recuerda.

Entonces, puso a sus hijos menores encima de un flotador y les pidió que patalearan. Pero las fuertes corrientes del río hicieron que en el grupo se desatara el pánico. A duras penas, el hijo mayor ayudó a los pequeños a llegar a la orilla estadounidense.

Solo quedaba ella en el agua y sentía que no lo iba a conseguir. La corriente estaba arrastrándola y el mayor de sus hijos se lanzó nuevamente al río para salvarla. "Fueron momentos desesperantes, fuertes. De verdad que yo le pedí perdón a Dios en ese momento por haber puesto a mis hijos en esta situación", dice sin poder contener las lágrimas.

De vuelta a México por MPP

Pero la pesadilla no había acabado. Tras pasar dos días en un centro de detención, las autoridades estadounidenses decidieron regresarlos a Matamoros. La llegada de la familia venezolana coincidió con el comienzo de la implementación en Brownsville de los Protocolos de Protección de Migrantes y a la familia la devolvieron a México.

En esta ocasión, la madre decidió alquilar un apartamento junto a otros migrantes cubanos y venezolanos para tener dónde resguardarse en los meses que tuvieran que permanecer ahí mientras avanzaban su caso de asilo.

Con la visa humanitaria que le dio el gobierno de México, ella se buscó un trabajo en una cafetería para poder mantener a sus hijos. Y aunque su objetivo era poderles dar una vida lo más normal posible, dice que acabó teniéndolos como "en una prisión".

En los meses de espera, sus hijos no iban a la escuela y solamente salían a la calle una vez a la semana, los domingos, para ir a hacer la compra semanal, algo que hacían gracias a un taxista de confianza. No quería arriesgarse a sacarlos a la calle por temor a la inseguridad en una ciudad donde los rumores de secuestros y asaltos a migrantes son comunes.

Por lo demás, la única conexión de los niños con el mundo exterior eran sus teléfonos celulares y cuando tenían que cruzar el puente para ir a sus citas en la corte.

En la tercera audiencia, programada a finales de octubre, los abogados del gobierno le presentaron a Elibet una serie de artículos periodísticos en inglés sobre el diálogo entre el gobierno y la oposición en Venezuela. Según Jodi Goodwin, la abogada de inmigración que la asistió a preparar la documentación, fue una "trampa" con la que trataban de mostrar que la situación en su país de origen se estaba normalizando.

“Ella no había presentado documentación general de las condiciones en Venezuela porque son conocidas por el departamento del estado de Estados Unidos”, le dijo Goodwin a Univision Noticias. “No quieren que nadie gane asilo. Si están diciendo que hasta Venezuela es un país paraíso, tenemos problemas”.

Pero Goodwin le buscó a la familia venezolana un abogado que pudiera acompañarla a su última comparecencia ante un juez y el pasado 19 de noviembre les concedieron asilo.

Elibet siente que en el tiempo que pasó desde que salió de su país hasta que llegó a Estados Unidos privó a sus hijos de “una niñez normal” y les sometió a muchos cambios que les pueden pasar factura.

“Es difícil tomar ciertas decisiones y de persistir en esto aún sabiendo el riesgo que uno corre. Te encuentras entre hacer el bien o hacer el mal, pero aún lo que está bien, sientes que también está mal porque como quieras ellos están sufriendo”, reconoce.

Ya en Estados Unidos, está decidida a comenzar de cero con la fe en que lo que les espera a partir de ahora solo puede ser mejor.