Corte de apelaciones ordena revisar las reglas de deportación de ICE recién estrenadas
La Corte de Apelaciones del 5to Circuito, basado en Nueva Orleans, anuló un fallo emitido en septiembre y ordenó revisar nuevamente las prioridades de deportación del presidente Joe Biden, enfocadas en aquellos indocumentados con delitos criminales graves que amenazan la seguridad pública y nacional de Estados Unidos.
Por:
Jorge Cancino.
Las nuevas directrices emitidas por el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, protegen del arresto y la deportación a millones de inmigrantes indocumentados. Abogados dicen que las medidas son coherentes con la iniciativa del presidente Biden de apoyar la regularización. "Aunque tengan delitos menores, tampoco es suficiente para la deportación", precisó el jurista Alex Gálvez. Más información aquí.
Video "Ser indocumentado no es una razón para la deportación": detalles de la nueva regla de inmigración que entra en vigor
La Corte de Apelaciones del 5to Circuito, basado en Nueva Orleans, ordenó revisar nuevamente las prioridades de deportación del presidente Joe Biden, enfocadas en aquellos indocumentados con delitos criminales graves que amenazan la seguridad pública y nacional de Estados Unidos.
Anunciadas en febrero, las prioridades de expulsión fueron bloqueadas el 19 de agosto por un juez federal en respuesta a una demanda entablada en abril por los estados de Luisiana y Texas.
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Los demandantes alegaron que el gobierno había modificado parte de la política migratoria que alteró las prioridades de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) que había decretado el expresidente Donald Trump el 25 de enero de 2017.
También señalaron que los funcionarios federales de inmigración ya no buscaban la custodia y deportación de la mayoría de los extranjeros que están finalizando sus sentencias de cárcel por cargos criminales.
Los tres jueces del panel respaldaron dos directivas emitidas por el gobierno de Biden, una en enero y otra en febrero, que redujeron el alcance de las operaciones de ICE.
Pero el martes el tribunal revocó la sentencia del 15 de septiembre luego que uno de los 26 jueves de la corte solicitó consultar a los jueces sobre la apelación presentada por Luisiana y Texas ante un tribunal menor, alegando que las prioridades de deportación de Biden eran ilegales.
Tras la consulta, la mayoría de los 17 jueces del tribunal de apelaciones activos votaron a favor de ordenar una nueva audiencia de todos los jueces, se lee en la orden.
“Un miembro del tribunal que haya solicitado una votación sobre la petición de audiencias en banc (en pleno), y la mayoría de los jueces de circuito en servicio activo regular y no descalificado, habiendo votado a favor, se ordena que esta causa sea atendida por el tribunal en pleno con alegato oral en una fecha que se fijará en lo sucesivo”, dice la sentencia.
El fallo agrega que el secretario especificará un calendario de sesiones informativas para la presentación de informes complementarios”.
La orden emitida por el tribunal siembra incertidumbre entre la comunidad inmigrante. “Nos parece un gran error, un problema serio porque este gobierno está tratando de enfocar los recursos en personas que afectan a este país y no en aquellos que están trabajando por el bien de Estados Unidos”, dice Gustavo Torres, director ejecutivo de CASA de Maryland.
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Para Alex Gálvez, un abogado de inmigración que ejerce en Los Ángeles (California), la decisión tomada por la Corte de Apelaciones del 5to Circuito se interpreta como “la intención de poner una traba para contener el avance del plan del presidente".
"Quieren que las prioridades se congelen mientras el caso escala hasta la Corte Suprema de Justicia”, indicó.
Gálvez dijo además que “el presidente tiene pleno poder ejecutivo discrecional para decidir adónde van los recursos del gobierno sobre las leyes de inmigración”, y señaló que el presidente “no está diciendo que todos los indocumentados no pueden ser deportados, sino que aquellos que no representan una amenaza a la seguridad pública, fronteriza y nacional pueden tener recibir una deportación diferida. Es él (el presidente) quien tiene la potestad de decir cuando serán deportados”.
Si bien las prioridades de expulsión se centran en aquellos indocumentados que han cometido crímenes y se convirtieron en una amenaza a la seguridad nacional y fronteriza, el reglamento señala que los agentes de inmigración tienen amplia discreción para considerar “una serie de factores” antes de proceder a la deportación de un extranjero.
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Entre las consideraciones se incluye, entre otras, el tiempo de permanencia en Estados Unidos y lazos familiares.
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