De “cruel” e “inhumano tildan ampliación del programa que regresa a México a solicitantes de asilo

El gobierno de Donald Trump amplió un polémico programa que regresa a los solicitantes de asilo y obligará a estos a desplazarse más de 500 kilómetros para asistir a sus audiencias ante un juez de inmigración.

Jorge Cancino
Por:
Jorge Cancino.
La ampliación del programa requiere que decenas de miles de migrantes permanezcan del otro lado de la frontera mientras aguardan por la respuesta a sus casos. Sin embargo, las quejas al respecto son muchas y poco a poco van perdiendo las esperanzas.
Video Consternados, solicitantes de asilo a EEUU son enviados para ‘Esperar en México’ la respuesta a sus casos

Activistas y abogados catalogaron de “cruel” e “inhumana” la ampliación al puerto de entrada de Nogales, Arizona, del programa Protocolo de Protección de Migrantes (MPP), que regresa a México a solicitantes de asilo en Estados Unidos a esperar que los jueces de inmigración resuelvan sus casos.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció el jueves que los migrantes que piden asilo en el puerto de entrada de Nogales, sur de Tucson, Arizona, “serán regresados a México bajo el MPP”.

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El ministerio agregó que “esto eleva a siete el número total de puertos de entrada” donde opera el programa, activado el 20 de enero y que a finales de diciembre había retornado a más de 56,000 migrantes, la mayoría de ellos originarios de Centroamérica.

“Cualquier migrante que realice una entrada ilegal o inadmisible en la frontera sudoeste, independientemente de la ubicación de entrada, puede ser devuelto a México a través de una de estas ubicaciones para esperar sus procedimientos judiciales de inmigración”, agrego el DHS.

Día en corte

A la pregunta respecto al procedimiento que utilizará para atender estos casos de asilo, el DHS dijo a Univision Noticias que quienes se presenten en el puerto de entrada de Nogales “serán procesados dentro del sector de Tucson y devueltos a México a esperar sus audiencias”, las que se llevarán a cabo “en El Paso, Texas”.

En cuanto al transporte o la manera en que los solicitantes de asilo asistan a sus audiencias, el DHS dijo que “los candidatos de asilo bajo el MPP deben proporcionar su propio transporte a sus audiencias judiciales a través de los cruces legales apropiados y designados”.

Nogales se encuentra a una distancia de 342 millas de El Paso (550 kilómetros). El gobierno no aclaró cómo llegarán las Notificaciones de Comparecencia (NTA) a los peticionarios de asilo, ni si les dará el tiempo necesario para acudir a sus audiencias.

Cabe recordar que, si un inmigrante no se presenta a su audiencia ante un juez de inmigración en el día y hora citado, pierde automáticamente su caso y el tribunal emite una orden de deportación en ausencia.

Sistema “descompuesto”

La ampliación del MPP no causó sorpresas entre activistas y abogados en ambos lados de la frontera. Pero sí aumentó las preocupaciones.

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Me pregunto cómo harán las personas que buscan asilo en Nogales y sean devueltos a México, para presentarse a sus audiencias en El Paso, Texas”, dice Lilia Velásquez, profesora adjunta de la facultad de leyes de la Universidad de California, en San Diego.

“Cómo van a conseguir un transporte para cruzar a Estados Unidos y defender sus casos. Tengo muchas dudas al respecto. Es una situación bastante complicada y dudo mucho que estos migrantes tengan los fondos necesarios para ubicar y pagar un transporte”, agregó.

Tras una pausa, Velásquez dice: “ otra vez, otro cambio, de nuevo un abuso que comete el gobierno de Estados Unidos. Esto es una falla al debido proceso de las personas que no tienen acceso a recursos. Esto cada día se descompone más”.

“Medida cruel”

Para Soraya Vásquez, directora de la organización Families Belong Together, en Tijuana, Baja California, la ampliación del MPP a Nogales “es una situación terrible” que quitará oportunidades a cientos, quizás miles de familias pedir asilo en Estados Unidos.

“Algo similar vivimos aquí en Baja California. Los retornados por Calexico tienen sus citas ante los jueces en las cortes de San Diego. Son dos horas en camión (bus). Somos nosotros, la sociedad civil, quien les ayuda a estas personas, porque el gobierno de México no los está asistiendo, a pesar de que aceptó la implantación del MPP”.

Vásquez dijo además que “se trata de una política cruel para desincentivar a que las personas continúen con sus procesos de asilo. Es poco probable con esta nueva traba que las personas lleguen a sus audiencias”.

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Families Belong Together dijo que está en contacto con organizaciones en Nogales para acudir en ayuda de las personas retornadas bajo el MPP desde el jueves. “Haremos todo lo posible por superar los obstáculos que nos pone el gobierno de Trump y las personas puedan continuar con sus procesos de asilo. Nos estamos organizando, pero quisiera recalcar que para poder transportar a las personas debería hacer algo el Gobierno de México”, reiteró Vásquez.

“Táctica baja”

De “táctica baja” calificó la medida el abogado Jaime Barrón, en Dallas, Texas. “Desgraciadamente el gobierno sigue con este tipo de procedimientos para desincentivar a los individuos que piden asilo”.

“A menos que lo detenga una corte federal, que fuerce al gobierno a recular la medida, el migrante tendrá que adaptarse a estos cambios si quiere ganar su caso de asilo”, apuntó.

Barrón dijo confiar en que los tribunales de justicia actuarán, “ pero mientras se demanda la medida, el tribunal la revisa y toma una decisión, se causará mucho daño a muchas personas que huyen de sus países para salvar sus vidas y piden asilo en Estados Unidos”.

En los mismos términos se expresó Velásquez. “Se pone una demanda, pero de aquí a que se escuchen los argumento y se produzca una decisión, el daño estará hecho y será irreparable”, precisó.

Los activistas y abogados advirtieron, además, que las cortes de inmigración tienen más de 1.1 millones de casos acumulados y algonos procesos de asilo pueden demorar meses, incluso años.

<b>Silvia Gómez, de 25 años, sentada junto a su hija de 9 años</b> en el autobús en el que harán el primer trayecto hasta Tapachula. Se marcha porque su familia en Guatemala se lo pidió. Le dijeron que esperar hasta el 15 de enero de 2020 por su primera corte era un tiempo excesivo para andar con una niña en un albergue. Sus planes no están claros aún: cree que dejará a su hija en Guatemala y regresará a México cuando se aproxime su fecha de entrada a Estados Unidos para presentarse ante el juez de inmigración.
Un grupo de migrantes bajo el programa de 'Retorno a México' 
<b><a href="https://www.univision.com/noticias/inmigracion/en-buses-o-en-vuelos-pagados-por-trump-la-angustia-lleva-a-los-centroamericanos-que-esperan-en-mexico-a-devolverse-a-sus-paises">espera para subirse al autobús que les llevará de regreso a su país</a></b>, Guatemala. Un número creciente de centroamericanos están regresando a sus lugares de origen exhaustos por las largas esperas en México como consecuencia de este plan implementado por la administración Trump desde enero. Para sus primeras cortes, 
<b>los últimos que retornaron a Tijuana contaron que tienen que quedarse en México entre seis y nueve meses más.</b>
Una migrante muestra los documentos de la política Protocolo de Protección de Migrantes recibidos de manos de las autoridades estadounidenses antes de ser devuelta a Tijuana. Más de 20,000 migrantes ya forman parte de este programa, por el cual tienen que 
<b>esperar el resto de su proceso migratorio en ciudades fronterizas en las que corren riesgos de seguridad,</b> como Tijuana, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo y Matamoros. 
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Personal de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) brinda información a una migrante sobre el programa de Retorno Voluntario Asistido en el albergue Ágape en Tijuana, México. 
<b>La OIM está proporcionando billetes de avión pagados con fondos del gobierno de Estados Unidos </b>a los migrantes que quieran regresarse a Honduras, El Salvador y Guatemala. Un funcionario de la OIM explicó a Univision Noticias que, aunque son muchos los que sí se regresan, al menos 50% de los que se anotan en las listas pueden cambiar de opinión en el lapso de una semana.
Iván Vargas, coordinador de la línea de autobuses privada Transporte Turístico Ejecutivo, revisa la lista de pasajeros de una unidad que tiene como destino Tapachula, Chiapas. La imagen fue tomada a las afueras del albergue Ágape en Tijuana, México.
Diana Cruz, de 16 años, dice adiós a sus amigos del albergue Ágape antes de subirse al autobús que llevará a su familia de Tijuana a Tapachula. Esta familia decidió emprender el viaje de regreso a su país de origen, Guatemala, después de ver que el proceso de petición de asilo estaba muy demorado y les obligaba a esperar en México. La hermana pequeña, Atziry, de 7 años, empezó a decirle a la mamá que echaba de menos a su abuela y quería regresarse y 
<b>la madre tomó la decisión de volver para no someter a sus niñas a más sufrimiento.</b>
La frontera entre México y Estados Unidos en El Chaparral, el cruce fronterizo en Tijuana. Decenas de inmigrantes llegan a este punto cada mañana para esperar su turno para entrar y ser entrevistados por la Patrulla Fronteriza. La espera promedio para que llamen un número ahora está en al menos cuatro meses. La mayoría de los migrantes son retornados a México con una fecha para su primera corte con un juez de inmigración. Pero, al final, el caso puede tomarles hasta un año, entre otras cosas, porque sin un abogado el juez los devuelve a México —o a los centros de detención si tienen la suerte de ser admitidos en Estados Unidos— hasta que vuelvan con alguien que los represente.
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Una adolescente guatemalteca que prefirió no ser identificada sale del albergue Embajadores de Jesús, antes de subirse a un autobús cuyo destino es Tapachula. Se regresa porque teme que en su corte el juez de inmigración la devuelva a la hielera de la Patrulla Fronteriza y tenga que vivir de nuevo el frío que caracteriza a estos lugares, la mala alimentaci´on y los maltratos de funcionarios que les reiteran que no son bienvenidos en Estados Unidos, según denuncia.
El pastor Gustavo Banda, encargado del albergue Embajadores de Jesús, en el patio trasero de su casa donde organizan cada día donaciones que reciben para los migrantes. "Les están dando una esperanza muy pequeña para que se queden", dice Banda. "Los quieren desanimar porque su cita es hasta enero del año próximo", agrega. Él cree además que la falta de permisos de trabajo y la poca asistencia que les da el gobierno mexicano para regularizarse es lo que los desalienta a esperar hasta su primera fecha de corte.
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Francisco, de 34 años, quiere regresar a su país por su hijo Andy Javier, de 9 años. “Está sufriendo, mejor le regreso para Guatemala”, explica minutos antes de que parta el autobús del albergue Ágape en Tijuana.
Dos hermanos guatemaltecos de 6 años y 8 años juegan antes de subirse al autobús que les llevará de Tijuana a Tapachula rumbo a Guatemala.
<b>Ileidy Díaz, de Guatemala, es la madre de esos niños.</b> Ella explica que su plan era que su esposo en Estados Unidos los pidiera, entre otras cosas porque ella y su hijo están enfermos: ella quería recibir tratamiento para su vitiligo y esperaba que su hijo pudiera ser tratado por una enfermedad en sus ojos. Por ahora, nada de eso ocurrirá. Díaz asegura que ya no quiere que sus hijos sufran más mientras esperan hasta el 14 de enero, cuando le tocará su fecha de corte. Cuenta que en la hielera les maltrataron, que a ella los funcionarios de la Patrulla Fronteriza la obligaron a la fuerza a firmar su regreso a México mientras sus hijos lloraban. "El miedo que eso me generó me hace devolverme a mi país", dice.
José Mario Sarmiento, de Honduras, en un autobús que viaja de Tijuana a Tapachula rumbo a Guatemala. “La vi muy difícil,” dice José Mario sobre la razón por la que ha decidido regresarse a su país. Llegó a Tijuana hace mes y medio. Quería cruzar ilegalmente ya que tiene una deportación previa, pero le dio mucho miedo la situación en la frontera y la posibilidad de ser arrestado y tener que pasar mucho tiempo en la cárcel.
Bolsas de basura cargadas de pertenencias de migrantes que se regresan a sus países de origen en un autobús privado con trayecto Tijuana-Tapachula.
<b>José María García, conocido como 'Chema', </b>encargado del albergue para migrantes Juventud 2000, parado frente a la casa ubicada en la zona norte de Tijuana, México, una de las áreas más inseguras de la ciudad. Según él, una parte de los centroamericanos que llegan al recinto deciden cruzar de forma ilegal a Estados Unidos "ya que ven que las posibilidades son cada vez más cerradas para poderse quedar o recibir el asilo", cuenta. Lo hacen, explica "porque cada vez ven más lejano (el fin de sus procesos) o cada vez ven menos las posibilidades de quedarse en los Estados Unidos". En sus estimaciones, 30% de los que llegan a su albergue se marchan o a su país o a la frontera para cruzar sin ser vistos.
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Silvia Gómez, de 25 años, sentada junto a su hija de 9 años en el autobús en el que harán el primer trayecto hasta Tapachula. Se marcha porque su familia en Guatemala se lo pidió. Le dijeron que esperar hasta el 15 de enero de 2020 por su primera corte era un tiempo excesivo para andar con una niña en un albergue. Sus planes no están claros aún: cree que dejará a su hija en Guatemala y regresará a México cuando se aproxime su fecha de entrada a Estados Unidos para presentarse ante el juez de inmigración.
Imagen Almudena Toral/Univision
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