Volver a Estados Unidos sin permiso después de ser deportado, es un delito que se castiga severamente
Cuando un inmigrate es deportado, al poner un pie fuera del país le cae encima la Ley del Castigo, que sanciona hasta con 10 años fuera la presencia no autorizada en el país. Si regresa antes de tiempo y sin permiso, la falta se comete en un crimen serio que incluye cárcel y nuevas sanciones, a veces de por vida.
Por:
Jorge Cancino.
Rocío Rebollar Gómez ya había sido deportada y regresó sin permiso al país, delito que se considera de gravedad y es castigado severamente por las autoridades migratorias.
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La deportación el jueves de la inmigrante mexicana Rocío Rebollar Gómez, de 51 años, pone sobre el tapete un tema que afecta a miles de inmigrantes que, como ella, han sido deportados y regresan sin permiso a Estados Unidos.
“Rebollar Gómez fue deportada a México de conformidad con una orden final de expulsión”, dijo a Univision Noticias la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) por medio de un comunicado enviado a través de un correo electrónico. “El pasado 4 de diciembre de 2019, se le informó que todas las vías de discreción para que ella permaneciera en Estados Unidos se habían agotado”, agregó.
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La agencia federal explicó además que a Rebollar “se le proporcionó hasta el 2 de enero de 2020 para salir de Estados Unidos”.
De acuerdo con datos de ICE, el 30 de mayo de 2008 Rebollar Gómez recibió una orden final de deportación que fue ejecutada el 20 de junio 2009 (casi 13 meses más tarde).
Al poner un pie fuera de Estados Unidos, a Rebollar le cayó encima la denominada Ley del Castigo, que sanciona con tres años fuera del país si la estadía indocumentada sobrepasó los 180 días, y con 10 años si la permanencia no autorizada pasa de los 365 días.
Si el deportado regresa sin autorización antes del cumplimiento del castigo, “el reingreso ilegal o no autorizado constituye un crimen, y las personas pueden ser procesadas criminalmente, y también pueden ser enviadas a la cárcel”, advierte el abogado de inmigración Nelson Castillo, quien ejerce en Los Ángeles, California. “Además de eso, quedan sujetos a ser deportados, a menos que tengan un amparo que les permita estar acá”, agrega.
Pero Rebollar no se quedó en México. “Volvió a ingresar ilegalmente a Estados Unidos en un momento y lugar desconocidos”, dice ICE. “Lo que es un delito grave según la ley federal”, puntualiza.
Abogados consultados por Univision Noticias reiteraron que el reingreso ilegal después de una deportación (y del cumplimiento de la Ley del Castigo), es un delito grave. Incluso si la persona es detenida en la frontera o tratando de ingresar nuevamente al país.
En este caso (y en cumplimiento con lo establecido en la Sección 8 del Código de Estados (Sección 1326)) la persona puede ser arrestada. “ Y no será juzgada ante una corte porque ella ya fue deportada”, apunta Castillo.
Agrega que los deportados que llevaban más de un año sin autorización de permanencia legal en el país “no podrán recibir la residencia legal por 10 años, y en algunos casos si ha habido más de una deportación, el castigo es de por vida. A menos que haya una autorización, pero la persona tiene que pedir permiso para volver a entrar”.
Entre 2018 y 2019 Rebollar Gómez había solicitado a la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS), un amparo de deportación bajo el denominado ‘ Parole in Place’, programa creado en 2013 durante el gobierno de Barack Obama que otorga un permiso temporal de permanencia en el país a inmigrantes indocumentados familiares directos de militares en servicio, reservistas o veteranos de guerra.
La inmigrante es madre del segundo teniente de inteligencia del ejército estadounidense, Gibrán Cruz, de 30 años.
El trámite fue desestimado a pesar de las gestiones llevadas a cabo por la familia, incluso tras una intervención de la senadora Kamala Harris (California), precandidata presidencial por el Partido Demócrata.
ICE dice que Rebollar fue detenida el 14 de marzo de 2018 por la Unidad de Operaciones de Fugitivos de San Diego “y procesada para restablecer su orden de expulsión”.
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Añade que el 10 de abril de 2019 la inmigrante mexicana “recibió una suspensión de deportación por parte de los oficiales de Operaciones de Ejecución y Remoción (ERO) para recibir adjudicaciones de sus apelaciones y solicitudes para permanecer en Estados Unidos”.
La agencia dijo además que “las leyes de inmigración permiten que un extranjero busque alivio de deportación. Sin embargo, una vez que se ha agotado todo el debido proceso y las apelaciones, quedan sujetos a una orden final de deportación de un juez de inmigración, y esa orden debe llevarse a cabo”.
ICE indicó además que “prioriza” la detención de fugitivos que “ignoran deliberadamente la orden de un juez federal”.
La expulsión se llevó a cabo el jueves por el paso peatonal fronterizo de El Chaparral, en San Diego, California.
Para el abogado Alex Gálvez, quien al igual que Castillo ejerce en Los Ángeles, el error cometido por Rebollar es “lamentable”.
“Primero, cuando una persona es deportada y no hace un trámite de perdón y de visa para regresar legalmente al país, se mete en serios problemas con la ley”, señala. “Sobre todo si trata de volver antes de que se cumpla la sanción estipulada por la Ley del Castigo”, previene.
Agrega que “incluso si la persona consigue una visa, miente durante el trámite consular y no declara que ha sido deportada, y el consulado se equivoca y le emite la visa y regresa a Estados Unidos, esa entrada es inválida”.
“Aunque se trata de una entrada legal, no se deshace de la deportación previa porque no pidió perdón y obtuvo la visa de manera fraudulenta”, dice. “Ese documento se considera que fue aprobado incorrectamente”.
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A la pregunta si el programa ‘Parole in Place’ ampara contra una deportación o un reingreso ilegal después de una deportación (re-entry) o la comisión de otros delitos, Gálvez dijo que “el tener un hijo en el ejército no es un amparo de deportación asegurado. El ‘Parole in Place’ solamente ayuda a personas que no tienen deportación y no han cometido ningún delito grave”, precisó.
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Silvia Gómez, de 25 años, sentada junto a su hija de 9 años en el autobús en el que harán el primer trayecto hasta Tapachula. Se marcha porque su familia en Guatemala se lo pidió. Le dijeron que esperar hasta el 15 de enero de 2020 por su primera corte era un tiempo excesivo para andar con una niña en un albergue. Sus planes no están claros aún: cree que dejará a su hija en Guatemala y regresará a México cuando se aproxime su fecha de entrada a Estados Unidos para presentarse ante el juez de inmigración.
