Grupos defensores de derechos civiles y legales demandan la dura ley antiinmigrantes de DeSantis

Una coalición de organizaciones de derechos civiles y legales demandó este lunes la ley migratoria de Florida SB 1718, que entre otras medidas castiga con penas de cárcel de hasta 30 años el traslado de inmigrantes indocumentados desde otros estados y exige a los hospitales registrar el estatus migratorio de los pacientes, incluso aquellos que acuden a salas de emergencia.

Todo sobre la Ley SB 1718 de Florida

“La demanda se centra en las disposiciones descritas en la Sección 10 de la ley, que penaliza el transporte de personas a Florida que pueden haber ingresado ilegalmente al país y no han sido ‘inspeccionados’ por el gobierno federal desde entonces”, señala la demanda entablada por el Southern Poverty Law Center, el American Civil Liberties Union, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Florida, el Americans for Immigrant Justice y el American Immigration Council.

La demanda, además, establece que es “inconstitucional que un estado regule unilateralmente la inmigración federal y someta a las personas a un castigo penal sin previo aviso y que el uso que hace Florida del término ‘inspección’ es incoherente e inconstitucionalmente vago”.

La SB 1718, que entró en vigor el 1 de julio y es respaldada por el gobernador Ron DeSantis, quien lanzó recientemente su precandidatura presidencial por el Partido Republicano, convirtió al sureño estado en el más antiinmigrante de Estados Unidos y desató un éxodo de trabajadores indocumentados, sobre todo campesinos y trabajadores de servicios.

Detalles de la demanda contra la SB 1718

La demanda se presentó contra el gobernador DeSantis, la fiscal general Ashley Moody, el fiscal estatal de Florida Nicholas B. Cox y los fiscales generales de los 20 circuitos judiciales de Florida en nombre de la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida y varias personas afectadas, incluidos ciudadanos estadounidenses y conductores y pasajeros indocumentados que viajan habitualmente hacia y desde Florida, explica el SLPC.

Los demandantes agregan que la Sección 10 “es solo una de una serie de nuevas leyes dentro de la SB 1718 que perjudican a los inmigrantes de Florida y sus familias, y busca atacar e intimidar a las familias inmigrantes en todas las facetas de sus vidas”.

“La ley inhibe e intimida a los inmigrantes de Florida que buscan atención médica, amplía los requisitos de E-Verify y las sanciones a las empresas, prohíbe que el gobierno local financie nuevas tarjetas de identificación comunitarias e invalida ciertas licencias de conducir de estados como Connecticut, Vermont, Delaware y Hawái”, se argumenta en el escrito.

La demanda fue presentada en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, en Miami.

Qué dicen los demandantes de la SB 1718

“Este proyecto de ley dañino contra los inmigrantes es inconstitucional, xenófobo y aumentará la discriminación racial ilegal de las comunidades negras y marrones de Florida”, dijo Paul R. Chávez, abogado supervisor principal del Proyecto de Justicia para Inmigrantes del SPLC.

“Es cierto que fue diseñado para infligir crueldad, la SB 1718 es inconstitucional y socava nuestra democracia. Esta demanda reivindicará todos nuestros derechos constitucionales, y seguimos comprometidos a garantizar que los inmigrantes sean tratados con justicia, igualdad y dignidad”, agregó.

A su vez, Amien Kacou, abogado de planta de la ACLU de Florida, indico que “a medida que llega la noticia del daño predecible infligido a Florida por la SB 1718, presentamos esta demanda para detener su criminalización inconstitucional de la comunidad inmigrante en un estado donde una quinta parte de la población nació en el extranjero”.

Kacou dijo además que “esta legislación no es la solución a ningún problema. Es un intento de usar como chivos expiatorios y aterrorizar a familias y trabajadores vulnerables que ya están agobiados por la dificultad del proceso de inmigración federal, y de pelear con el gobierno federal para servir las ambiciones de algunos políticos. Nuestro desafío tiene como objetivo defender la Constitución y proteger a nuestras comunidades de la creciente amenaza de discriminación que plantea esta nueva ley de Florida”.

“Un ataque a la comunidad inmigrante”

Por su parte, Evelyn Wiese, abogada litigante de Americans for Immigrant Justice, indicó que la SB 1718 “es un ataque a la comunidad inmigrante de Florida y a los derechos de todos los floridanos que cuentan con inmigrantes entre sus familiares, vecinos, compañeros de trabajo y amigos. Al convertir en un delito grave que cualquier persona viaje al estado con inmigrantes que pertenecen a una categoría amplia y no claramente definida, la Sección 10 es extrema e inconstitucional”.

“No se puede negar la crueldad y la inhumanidad de esta nueva ley xenófoba. Pero el gobernador DeSantis y sus aliados antiinmigrantes en la Legislatura de Florida no deben cometer errores: cuando intenten burlar la Constitución, lucharemos. Florida tiene una larga y orgullosa historia de recibir inmigrantes en el estado. Ahora, nos enorgullece apoyar a los miembros de la comunidad inmigrante de Florida en la lucha para proteger sus derechos constitucionales y los de todos los floridanos”, precisó.

En los mismos términos se refirió Kate Melloy Goettel, directora legal de litigios del American Immigration Council. “El intento de Florida de regular la ley federal de inmigración viola los derechos y la dignidad de todas las personas en el estado y perjudica a las familias inmigrantes. Criminalizar el transporte sin una 'inspección' federal y someter a las personas a definiciones vagas es inconstitucional e injusto”, dijo.

Melloy agregó que “esta legislación desacertada no solo señala a los inmigrantes y sus familias, sino que también representa una amenaza para el bienestar social y económico de las comunidades de la Florida. Nos mantenemos firmes en nuestro compromiso de defender los derechos y la dignidad de cada individuo en el estado, independientemente de su estatus migratorio. La unidad y la justicia deben triunfar sobre el miedo y la hostilidad”.

A quién apunta la SB

Un informe elaborado por la Kaiser Family Foundation (KFF) tras la aprobación por parte de la Asamblea Estatal de la SB 1718 reveló que el 8% de la población del estado, estimada en 21.3 millones de personas, es inmigrante, conforme una estimación hecha por el American Community Survey.

Los datos agregan que la integración de la comunidad inmigrante a la fuerza la laboral del estado representa un porcentaje determinante que sin duda se verá afectado por la entrada en vigor de la SB 1718 (el 1 de julio).

En general, señala, el 89% de la fuerza laboral del estado lo integran ciudadanos y el 11% inmigrantes (con y son papeles). Cuando se distribuye por sector, los porcentajes muestran una realidad distinta. Por ejemplo, en el rubro de la agricultura, el 63% de los trabajadores son ciudadanos, mientras que el 37% está compuesto por mano de obra inmigrante.

En el área de la construcción, en cambio, el 77% de los trabajadores son ciudadanos y el 23% lo integran inmigrantes, mientras que en el rubro de servicios el 86% lo desempeñan trabajadores ciudadanos y el 14% corresponde a fuerza laboral inmigrante.

Por último, en el rubro del transporte, el informe detalla que el 86% de los trabajadores son ciudadanos, mientras que el 14% son inmigrantes.

El informe del KFF advierte que los cambios que amenaza con provocar la SB 1817 “podrían tener impactos de gran alcance en la salud y otros en las familias inmigrantes, más allá de los inmigrantes indocumentados a los que se dirige. En general, hay aproximadamente 1.8 millones de inmigrantes no ciudadanos en Florida, incluidos inmigrantes legales e indocumentados, que representan más del 8% de la población del estado”.

“Una mayor cantidad de residentes de Florida viven en familias inmigrantes que, a menudo, incluyen personas de estatus migratorio mixto, incluidos niños nacidos en Estados Unidos”, precisa.