El Salvador admitió a investigadores de la ONU que el gobierno de Donald Trump conserva el control sobre los migrantes venezolanos deportados desde Estados Unidos a la prisión conocida como Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).
El Salvador dice que EEUU tiene "jurisdicción y responsabilidad legal" sobre los inmigrantes deportados al CECOT
El traslado de migrantes venezolanos a una cárcel de El Salvador ha desatado un intenso debate legal y político. Nuevas revelaciones ponen en duda las afirmaciones oficiales sobre la responsabilidad y el control de estos detenidos
La información fue revelada en documentos judiciales presentados por abogados que representan a más de 100 migrantes que buscan impugnar sus deportaciones al CECOT en marzo, a pesar de una orden judicial estadounidense que ordenaba detener los vuelos de deportación.
La administración de Trump ha sostenido que no tiene poder para regresar a los migrantes, argumentando que están fuera del alcance de los tribunales estadounidenses y que ya no cuentan con derechos procesales ni garantías constitucionales.
Sin embargo, los abogados de los migrantes señalan que el informe de la ONU desmiente esta postura.
Lo que El Salvador dijo a la ONU sobre los migrantes deportados a cárcel de su país
En respuesta a las consultas de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre los hombres que fueron enviados a El Salvador desde EEUU el pasado 15 de marzo, El Salvador respondió que sus autoridades no han arrestado, detenido ni trasladado a las personas.
Detallaron que su papel se ha limitado a implementar una cooperación bilateral con otro país. A través de este acuerdo, explicaron que han facilitado el uso de la infraestructura penitenciaria salvadoreña para la custodia de personas detenidas bajo la jurisdicción y el sistema de justicia de ese otro Estado.
“En este contexto, la jurisdicción y la responsabilidad legal de estas personas recaen exclusivamente en las autoridades extranjeras competentes”, escribieron funcionarios salvadoreños en respuesta a las consultas del grupo de trabajo de la ONU.
El acuerdo entre Estados Unidos y El Salvador, implica un pago anual de 6 millones de dólares para alojar a 300 migrantes en el CECOT.
Dicho convenio se justificó invocando la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para acelerar la deportación de supuestos miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua.
Aunque un juez federal estadounidense emitió en su momento una orden para detener los vuelos de deportación, dos de los tres aviones ya habían partido con más de 200 personas a bordo. El Salvador rechazó aceptar a las mujeres deportadas, quienes fueron regresadas a centros de detención en Estados Unidos.
La administración Trump argumentó que una vez fuera del territorio estadounidense, los deportados quedaban fuera de su jurisdicción y sin protección constitucional.
Información sobre migrantes en cárcel de El Salvador denota falta de transparencia de EEUU
La revelación de que Estados Unidos mantiene control sobre los migrantes en CECOT ha sido calificada por organizaciones que representan a migrantes como una falta de transparencia y honestidad del gobierno estadounidense.
Democracy Forward dijo en X : "Un nuevo documento de El Salvador ante las Naciones Unidas contradice completamente las afirmaciones que la administración Trump utilizó para justificar la desaparición de personas en Estados Unidos. Nuestro equipo seguirá luchando por la justicia en los tribunales".
Lee Gelernt, abogado de la ACLU, dijo a AP que el gobierno de El Salvador confirmó lo que ellos ya sospechaban: “Estados Unidos controla lo que sucede con los venezolanos en la prisión, información que no fue proporcionada ni a los migrantes ni a los tribunales”
Este caso se suma a otras impugnaciones legales contra las medidas de deportación de la administración de Trump. Entre ellos destacan el de Kilmar Abrego García, un salvadoreño deportado a la "megacárcel" de El Salvador en marzo, pese a contar con una orden judicial que le protegía; o el de Daniel Lozano-Camargo, venezolano con solicitud de asilo pendiente, deportado a la misma prisión a pesar de contar con protección legal.
La coalición de grupos de derechos de los inmigrantes también ha presentado demandas para invalidar el acuerdo con El Salvador. Argumentan que trasladar a los detenidos fuera del alcance de los tribunales estadounidenses viola la Constitución y los derechos procesales.
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