El 21 de enero vence plazo para comentar regla que pone nuevas trabas para obtener asilo en Estados Unidos
El gobierno de Trump baraja una nueva lista de faltas para negar asilo, que incluye delitos como manejar borracho o ser acusado de violencia doméstica, aunque el acusado no haya sido condenado o el cargo haya sido desestimado por la corte.
Por:
Jorge Cancino.
Mientras el presidente Trump busca a toda costa cerrar la puerta a quienes huyen de sus países desesperados por la violencia y la falta de oportunidades, la frontera está saturada por la llegada masiva de familias y organizaciones civiles y religiosas tratan de atender la emergencia humanitaria.
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El gobierno de Donald Trump impondrá en breve nuevas trabas para obtener asilo. La lista de faltas que afectarán el proceso incluye manejar borracho o ser acusado de un delito de violencia doméstica, aunque el imputado no reciba una condena y/o el caso sea desestimado. El nuevo reglamento, publicado el pasado 19 de diciembre en el Registro Federal, advierte que estas faltas anularán el proceso.
La norma, redactada por la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) y la Oficina de Revisión de casos de Inmigración (EOIR), agregaría siete nuevas barreras “a la elegibilidad para el asilo”, señala la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA).
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“La regla propuesta también establecerá criterios para determinar si una condena o sentencia vacante, eliminada o modificada debe reconocerse para efecto de determinar si una persona es elegible para el asilo”, añade.
AILA también previene que la nueva regla también afectará la capacidad de “reconsiderar una denegación discrecional de asilo”, un paso que colocará a un mayor número de inmigrantes al borde de la deportación.
La Asociación recordó que el 21 de enero vence el plazo para comentar la regla en el Registro Federal (diario oficial estadounidense). Después de esa fecha, el gobierno considerará las opiniones del público, redactará un reglamento final, lo volverá a publicar y la norma entrará en vigor.
El reglamento propuesto agrega siete barreras obligatorias adicionales que afectarán la elegibilidad de asilo de aquellos individuos “que cometen ciertos delitos en los Estados Unidos”.
La lista incluye:
Un delito grave bajo la ley federal o estatal;
Un delito menor relacionado con contrabando o brindar refugio a un extranjero;
Un delito de reingreso ilegal (re-entry, volver al país sin autorización después de ser deportado);
Un delito federal, estatal, tribal o local que involucra actividad criminal de pandillas callejeras;
Ciertos delitos federales, estatales, tribales o locales relacionados con manejar un vehículo motorizado bajo la influencia de un intoxicante (manejar borracho o drogado);
Un delito de violencia doméstica federal, estatal, tribal o local, o que un juez determina que ha cometido actos de agresión o crueldad extrema en un contexto doméstico, incluso si no se produjo una condena; y
Ciertos delitos menores bajo la ley federal o estatal por delitos relacionados con la identificación falsa; el recibo ilegal de beneficios públicos de una entidad federal, estatal, tribal o local; o la posesión o tráfico de una sustancia controlada o parafernalia de sustancias controladas.
Abogados consultados por Univision Noticias indicaron que la nueva regla, de la manera en que fue publicada, “tiene demasiadas dudas”, sobre todo en cuanto a los inmigrantes que pidieron asilo hace meses o años y esperan su cita ante un juez de inmigración.
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“No se sabe si será retroactiva”, dice Ezequiel Hernández, un abogado de inmigración que ejerce en Phoenix, Arizona. “En el caso que sea retroactiva, lo recomendable es que las personas que cometieron un error hablen con sus consejeros legales, revisen el caso y definan una estrategia”.
Hernández dijo además que “el 21 de enero la regla no entrará en vigor, sólo es el plazo en que vence la entrega de comentarios públicos”.
“Todavía se puede demandar la norma en los tribunales”, agregó. “Y no se trata de una nueva ley, sino de un nuevo reglamento que comenzará a regir cuando la versión final se publique en el Registro Federal”.
La nueva normativa fue tildada como “un cambio peligroso” por el abogado Alex Gálvez, quien ejerce en Los Ángeles, California. “Ya existe un criterio aceptado durante años, que define qué tipo de delitos o faltas descalifican a una persona para pedir asilo en Estados Unidos”, indicó.
“Los delitos se clasifican entre aquellos que atentan contra la moral o la seguridad de la nación, y aquellas faltas o delitos menores que no deberían afectar un pedido de asilo”, agregó.
Gálvez dijo además que “no debería ser que cualquier delito menor o falta descalifique a una persona. Esto significa que el gobierno está buscando establecer un nuevo criterio o clasificación de delito, y olvide el precedente histórico.
Añadió que “se trata de una medida de mala sangre que trata de forzar al máximo la política de tolerancia cero, llevándola al extremo. Una persona que comete una infracción no debería ser discriminada. Creo que, si lo hacen, estarían violando los derechos humanos”.
El gobierno argumenta que la política de asilo está siendo abusada por los inmigrantes debido a “lagunas” o “vacíos legales” que no han sido resueltos por el Congreso.
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Entre las “lagunas” la Casa Blanca cita el Acuerdo Judicial Flores de 1997, que prohíbe la encarcelación de menores de edad por más de 20 días; y la Ley TVPRA de 2008, que prohíbe la deportación acelerada de menores y exige que un juez de inmigración resuelva sus permanencias en Estados Unidos.
Ambas regulaciones, dice el gobierno, le atan las manos para desarrollar su política de tolerancia cero.
Y aunque en los dos primeros años de su mandato Trump contó con un Congreso a favor controlado por los republicanos, ni la Cámara de Representantes ni el Senado llevaron al pleno iniciativas para modificar o anular ambas regulaciones.
La ley de inmigración vigente establece cinco causas o motivos de asilo, siendo ellos persecución por motivo de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social en particular u opinión política.
Gálvez dijo que la propuesta “es peligrosa”, y que las personas que están huyendo de sus países para salvar sus vidas “cada vez tienen menos posibilidades de encontrar refugio”. También planteó que, si el gobierno “quiere deshacerse de una vez por todas de la política de asilo, pues que lo diga, pero que no ande cambiando las reglas para negar este beneficio a todo el mundo”.
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Silvia Gómez, de 25 años, sentada junto a su hija de 9 años en el autobús en el que harán el primer trayecto hasta Tapachula. Se marcha porque su familia en Guatemala se lo pidió. Le dijeron que esperar hasta el 15 de enero de 2020 por su primera corte era un tiempo excesivo para andar con una niña en un albergue. Sus planes no están claros aún: cree que dejará a su hija en Guatemala y regresará a México cuando se aproxime su fecha de entrada a Estados Unidos para presentarse ante el juez de inmigración.
