El servicio de inmigración reduce trámites por falta de presupuesto, pero niega atrasos

La reducción de ingresos debido al temor que las solicitudes de beneficios sean rechazadas por la nueva regla de carga pública, la emergencia de salud decretada en marzo por la pandemia del coronavirus y la cancelación de servicios para evitar contagios por covid-19, tiene al servicio de inmigración sumido en un problema que no sabe cómo resolver.

La situación se volvió más compleja a mediados de junio cuando la agencia federal no pudo renovar contratos de producción de tarjetas de residencia permanente (green card) y autorizaciones de empleo (EAD) con dos contratistas, uno en Kentucky y otro en Missouri, “debido a la situación financiera de la agencia”, confirmó a Univision Noticias la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS).

Ambos contratos congelados fueron dejados en suspenso hasta el 30 de septiembre, fecha en que finaliza el año fiscal 2020. El 1 de octubre la USCIS espera contar nuevamente con fondos del presupuesto aprobado por el Congreso para el año fiscal 2021, pero advierte que, al no tener suficientes ingresos, el problema persistirá en los meses venideros.

Era obvio

Abogados consultados por Univision Noticias señalaron que el problema de la agencia es “serio” y afecta principalmente a inmigrantes que dependen, por ejemplo, de la impresión de la green card o el permiso de trabajo para vivir en Estados Unidos.

Si bien algunos estados no exigen la presentación del documento para demostrar el estatus legal de permanencia del extranjero en el país, otros sí la exigen como evidencia física.

“La green card es el documento que prueba que una persona tiene estatus legal permanente en el país”, dice Ezequiel Hernández, un abogado de inmigración que ejerce en Phoenix, Arizona. “Para ciertos trámites hay que mostrarla, como por ejemplo gestionar una licencia de manejar o un número de seguro social. Si no la tiene, deberá esperar. No basta que solo lleve la carta donde le anuncian que tiene el estatus, la credencial es obligatoria”.

Hernández señaló además que, luego de la entrada en vigor de la nueva regla de carga pública el 24 de febrero, la pandemia en marzo y la posterior suspensión de servicios para evitar la propagación del coronavirus, “era obvio que la agencia se iba a quedar sin recursos porque depende de los inmigrantes para seguir funcionando”.

Niegan atrasos

A pesar de las dificultades, la agencia niega que, debido a la suspensión de contratos por problemas de presupuesto, existan demoras en la entrega de residencias.

“La USCIS no ha retrasado la entrega de tarjetas verdes o documentos de autorización de empleo”, precisó. Y dijo que continuaba “produciéndolas lo más rápido posible”.

La USCIS explicó que “debido a la situación financiera” por la que atraviesa, “tuvo que congelar” los contratos para la producción de residencias y permisos de trabajo hasta el 30 de septiembre, lo que impidió la incorporación de empleados federales adicionales”.

Pese a ello, señaló, “actualmente la producción se está completando solo por el personal federal existente en las instalaciones de Lee’s Summit que se han trasladado temporalmente de otra área operativa hasta que la agencia pueda reanudar la contratación y ocupar esos puestos”.

Dijo además que, en el curso de las próximas semanas, las plantas que producen las green card “reanudarán la producción limitada con el personal federal existente” y que estas medidas provisionales “estarán vigentes” hasta que la agencia normalice sus actividades.

De acuerdo con los tiempos de procesamiento de la USCIS, el trámite de una autorización de empleo varía entre 2 y los 11 meses, dependiendo de la oficina que lo gestiona y la vía para obtener el permiso de trabajo. La residencia por medio de un familiar, en cambio, varía entre 10.5 y 138 meses, dependiendo del grado de partentesco.

La petición de residencia por medio de un empleador puede demorar entre 5 y 15 meses, dependiendio de la oficina o área donde se presente la solicitud.

El tiempo de procesamiento y adjudicación del trámite no incluye la demora en el envío de la tarjeta de autorización de empleo (EAD) o la green card (tarjeta de residencia legal permanente -LPR-).

Los afectados

Según el gobierno, “hasta el 9 de julio la acumulación de trámites en espera de green card (tarjeta verde) era inferior a 50,000. Y unas 75,000 autorizaciones de empleo (EAD).

“El último pedido de tarjetas pendientes fue hecho el 23 de junio de 2020”, agregó.

Indicó además que “actualmente estamos produciendo aproximadamente 10,000 tarjetas por día, y esperamos superar constantemente esa tasa de producción todos los días tan pronto como los empleados estén completamente capacitados y se vuelvan más competentes”.

Pero advirtió que en caso de una suspensión de operaciones denudo a los rebrotes del coronavirus “todas las operaciones de la agencia se verán afectadas”.

El pasado 16 de junio Univision Noticias reportó que la USCIS se había quedado sin dinero y le había pedido al Congreso una partida presupuestaria de emergencia por $1,200 millones. Y que, en caso de no conseguirlo, en julio se vería obligada a suspender a más de 13,000 trabajadores, el 70% de su plantilla.

“Los efectos de la pandemia de coronavirus son de largo alcance y generalizados, dejando pocos indemnes a su paso”, dijo en esa oportunidad Joseph Edlow, director adjunto de política de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS).

Edlow señaló que tras el cierre de atención al público y la suspensión de servicios decretado por el gobierno para contener la propagación del virus y salvaguardar las vidas de empleados y el público, la agencia ha sufrido “una alarmante caída” en el numero de solicitudes y los pronósticos “predicen un déficit presupuestario paralizante que requiere asistencia del Congreso para mantener las operaciones”.

La agencia federal opera con 18,700 agentes, tanto de campo como en oficinas a lo largo y ancho del país. “Desde mayo hemos trabajado con el Congreso para explicar la situación financiera y educar a los miembros y al personal sobre las necesidades de la agencia”, dijo Adlow.

Daños severos

La suspensión de empleados advertida por la agencia en junio provocaría un grave estancamiento en miles de solicitudes de beneficios que ya fueron entregadas y los trámites futuros, señalan abogados.

“Si la USCIS tiene que cerrar temporalmente las operaciones por falta de fondos, las solicitudes de inmigración no se decidirán. Esto retrasaría a los inmigrantes que solicitan seres queridos en el extranjero y crearía estragos para los trabajadores con visas temporales que buscan extender su estadía. Los empleadores no podían obtener las solicitudes aprobadas para los trabajadores necesarios”, explicó el profesor Stephen Yale-Loehr, de la práctica de inmigración de la escuela de leyes de la Universidad de Cornell, Nueva York.

“También retrasaría la aprobación de las peticiones para convertirse en ciudadano estadounidense naturalizado, lo que significa que esas personas no podrán votar este año”, agregó.

La suspensión, sin embargo, no será prolongada. “La USCIS podría comenzar a trabajar nuevamente cuando arranque el nuevo año fiscal, pero incluso un retraso de uno o dos meses en el procesamiento de las solicitudes crearía un problema real para miles de inmigrantes y empleadores. Y la acumulación de aplicaciones indecisas crearía tiempos de procesamiento aún más largos”.

En el pedido de dinero que hizo la USCIS al Congreso se compromete a devolverlo con el cobro de nuevas tarifas. Yale-Loehr dijo que se concretarse el alza, el trámite de ciudadanía sufrirá un incremento de 83% y en general el promedio del alza será del 10% en todos los servicios que brinda la agencia.