Temen que plan migratorio de Biden tome mucho tiempo en implementarse
Los planes de Biden de cambiar la política migratoria de Trump por otra más humana, tomará tiempo y, en algunos casos, la revisión, entrega de informes y elaboración de nuevas reglas se conocerán a finales de este año o principios del 2022.
Por:
Jorge Cancino.
El gobierno del presidente Biden intenta deshacer el entramado migratorio de los últimos cuatro años, firmando tres órdenes ejecutivas. Sin embargo, la labor de reunificar familias no será nada sencillo, como admiten los propios integrantes del equipo encargado de tal misión.
Video Sin fecha: equipo de Biden afirma que no es posible decir cuándo será realidad la primera reunificación
Las primeras reacciones a la firma el martes de tres órdenes ejecutivas migratorias fueron favorables para la imagen del presidente Joe Biden, quien lleva apenas dos semanas en la Casa Blanca. Pero a medida que pasan las horas comienzan a asomar preocupaciones, no por los planes del presidente, sino por el tiempo que demorará en implementarlos.
En los últimos cuatro años (enero de 2017 a enero de 2021), el expresidente Donald Trump implementó una severa política de ‘tolerancia cero’ para castigar la inmigración indocumentada y colocar trabas a la inmigración legal. En ese esfuerzo implementó más de 400 acciones ejecutivas entre decretos y memorandos, dejando de lado la participación del Congreso.
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Biden está utilizando la misma herramienta constitucional, la autoridad ejecutiva, para revertir lo actuado por Trump. Pero deshacer la política migratoria actual tomará tiempo, un factor que para muchos no era parte del escenario que se habían imaginado.
“Elogiamos los pasos que la administración Biden ha tomado hasta ahora para comenzar el proceso de reconstrucción de nuestro sistema de asilo", dice Omar Jadwat, director del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y quien dirigió un equipo de litigantes que desafió varias de las políticas migratorias de Trump.
"Pero es preocupante que las órdenes de hoy no incluyan una acción inmediata para rescindir y deshacer más de las políticas ilegales e inhumanas que esta administración heredó y ahora posee. El gobierno debe actuar rápida y audazmente para hacer estos cambios necesarios que se necesitan con urgencia porque muchas personas están sufriendo en este momento”, agrega.
En ese grupo se encuentran miles de migrantes que en estos momentos se encuentran en territorio mexicano aguardando la resolución de sus casos de asilo en la Corte de Inmigración (EOIR).
Entre enero de 2019 y marzo de 2020, cuando la frontera fue cerrada por la pandemia del coronavirus, más de 65,000 personas fueron regresadas a territorio mexicano el marco del Programa de Protección del Migrante (MPP). La EOIR en estos momentos tiene más de 1.3 millones de casos acumulados y algunos procesos deberán esperar entre 2 a 3 años en ser resueltos.
“Las órdenes ejecutivas de Biden no son para que las cosas cambian inmediatamente, sino para investigar que hará el gobierno y qué pasos debe seguir para modificar la política migratoria de Trump”, dice Ezequiel Hernández, un abogado de inmigración que ejerce en Phoenix (Arizona).
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“Son recomendaciones, instrucciones para proceder a investigar cómo van a hacer con la carga pública, con el asilo, con el MPP, con la situación en Centroamérica para detener el flujo migratorio indocumentado”, indica.
Hernández dice además que “estas órdenes son maniobras para después emitir otras órdenes. Están comprando tiempo para que pase la pandemia del covid, para no enojar a los republicanos y calmar la angustia de los indocumentados”.
Mientas se investiga, elaboran propuestas y las entregan al presidente, “muchas cosas seguirán igual como estaban, por ejemplo, las esperas”, dice Hernández. “La gente no debe tener tan alta expectativa. Y para quienes estén aquí por ejemplo en proceso de deportación, pues también tendrán que seguir esperando. Biden llegó con la promesa de hacer cambios por medio de órdenes ejecutivas de inmediato, pero la realidad es que la ejecución de esas órdenes tomará tiempo”.
En la orden ejecutiva sobre la creación de un marco regional integral para abordar las causas de la inmigración y crear un sistema ordenado y seguro para solicitantes de asilo, Biden ordenó revisar la elegibilidad de quienes vienen a Estados Unidos huyendo de sus países.
El objetivo es poder determinar si la violencia doméstica y de pandillas, dos causales eliminadas durante el gobierno de Trump, serán revertidas o, por el contrario, el gobierno seguirá negando asilo a personas que argumentan estas causales en sus pedidos de amparo.
La ley de inmigración solo considera cinco causas para pedir asilo en Estados Unidos, siendo ellas por motivo de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social en particular u opinión política.
Pero la revisión no se hará pronto. Biden ordenó al Fiscal General y al secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), en un plazo de 180 días, realizar un “examen exhaustivo de las normas reglamentos, decisiones precedentes y directrices internas vigentes que rigen la adjudicación de solicitudes de asilo, y determinaciones de la condición de refugiado para evaluar si Estados Unidos brinda protección a las personas huir de la violencia doméstica o de pandillas de una manera compatible con los estándares internacionales”.
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Y ordena además que en un plazo de 270 días (mueve meses) ambos funcionarios promulguen regulaciones conjuntas, de conformidad con la ley aplicable, que aborden las circunstancias en las que una persona debe ser considerada miembro de un ‘grupo social particular’.
A esto hay que agregar que, cuando se publiquen los reglamentos respectivos de interpretación en el Registro Federal, habrá un plazo de entre 60 a 90 días para el comentario público. Y otros 30 días cuando se publique regla final.
El ejemplo relacionado con las causas de asilo es solo uno entre el complejo laberinto en el que se encuentran las leyes de inmigración. “La solución al desafío de la inmigración en este país, y en todo el mundo, será más lenta de lo que el pueblo quiere”, dice Rebeca Sánchez Roig, una abogada de inmigración que ejerce en Miami (Florida) que durante más de 15 años ejerció como fiscal de inmigración para el Departamento de Justicia.
Advierte que la solución al problema migratorio va más allá de la firma de órdenes ejecutivas, y que la reversión de las medidas tomadas por Trump no pasa por “abrir las puertas de la frontera y dejar entrar a todos sin importar los reclamos”.
“Entiendo que es difícil entender para aquellos que buscan ingresar a los Estados Unidos para trabajar, pero, sin un programa, sin una visa específicamente destinada a ese propósito, simplemente no tienen derecho a ingresar a este o cualquier otro país simplemente para trabajar”, señala.
En cuanto al tiempo otorgado por Biden para presentar informes y recomendaciones, Sánchez-Roig dijo que “el gobierno tomará en cuenta la urgencia de cada problema” y el tiempo que muchos han esperado por una respuesta, como el caso de los miles de migrantes que aguardan la resolución de sus casos de asilo en México. O las familias separadas forzosamente por el gobierno anterior.
El gobierno busca elaborar un plan y para hacerlo quiere conocer primero “el alcance de las muchas acciones tomadas por cada agencia para promover la política de inmigración draconiana de Trump”, señala la abogada.
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“Esto crea un marco para abordar las causas de la inmigración en general. Creo que esto es importante porque Trump, a través de sus propias acciones, aumentó la inmigración cuando eliminó la asistencia que le brindaba Estados Unidos a los países del Triángulo Norte. Trump sabía que, al eliminar esa ayuda, aumentaría en grandes números la cantidad de personas que buscarían migrar. Por lo tanto, esto apoyaría sus políticas, las que sirvieron para retrasar, negar y casi extirpar el proceso de asilo. Fue una profecía autocumplida”, indica.
Por último, Sánchez-Roig recomendó a los inmigrantes que están dentro de Estados Unidos en espera de una nueva política, ”que hablen y contraten a un buen abogado de inmigración, Uno con experiencia”. Y que por nada “escuchen o sigan las recomendaciones de amigos o notarios, porque pueden perder sus derechos de permanencia en Estados Unidos”.
“Pero más importante aún. Recuerde que no todos los inmigrantes van a poder beneficiarse del cambio de política; muchos simplemente no van a tener derecho a un beneficio por mucho que lo quieran. Como le dije recientemente a un individuo, el haber decidido que quiere vivir y trabajar en Estados Unidos es irrelevante. Nadie tiene el derecho de eso en ningún país del mundo. Es como decir que, porque me gustaría ganarme la lotería, me la voy a ganar. Lo que quiere un no ciudadano es irrelevante. Lo que permite la ley es lo que triunfa”, precisó.
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Marco Pablo, padre de uno de los guatemaltecos que salió en el grupo de migrantes que iba hacia Estados Unidos a principios de enero. Su hijo se llama Anderson, tiene 16 años. La familia cree que él es
una de las 19 personas que fallecieron en la masacre en Camargo, a 40 millas de la frontera con México.
