Corte de Apelaciones anula fallo que prohibía la deportación de niños, una cuestionada política heredada por Trump
Un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia (DC) levantó el viernes la orden emitida por una corte inferior en noviembre que prohibía al gobierno federal deportar a Menores No Acompañados (UAC) detenidos en la frontera sur del país.
Por:
Jorge Cancino.
Francisca Lino lleva tres años viviendo en una iglesia santuario en Chicago, ya que tiene activa una orden de deportación. Sin embargo, al enterarse de la moratoria que frenaba este proceso migratorio por 100 días empacó maletas para reencontrarse con sus hijos, pero cuando ya se disponía a salir del recinto religioso, se enteró de que un juez había bloqueado la orden del presidente y tuvo que regresar para volverse a proteger de ICE. Más información aquí.
Video Creyó no estar en riesgo de deportación por la orden de Biden, pero se llevó una desilusión tras salir de su refugio
Un panel de jueces de la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia (DC) levantó el viernes la orden emitida por una corte inferior que prohibía al gobierno federal deportar a Menores No Acompañados detenidos en la frontera sur del país.
Las expulsiones de niños era parte de la política migratoria de ‘tolerancia cero’ de Donald Trump, una cuestionada estrategia que tenía como objetivo desincentivar la inmigración indocumentada en la frontera con México.
La orden emitida por el panel, integrado por tres jueces nombrados durante el gobierno de Trump, dejó sin efecto una sentencia pronunciada en noviembre, fallo que fue apelado en diciembre por el Departamento de Justicia.
Se desconoce por ahora qué hará el gobierno de Joe Biden que tomó el control de la Casa Blanca el pasado 20 de enero y ha prometido deshacer la política migratoria de su antecesor, restablecer la política migratoria aprobada por el Congreso y proteger el debido proceso migratorio.
La tercera semana de noviembre un juez federal del Distrito de Columbia ordenó al entonces gobierno de Trump que ponga fin a la deportación de inmigrantes menores detenidos en la frontera, una medida implementada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) bajo el pretexto de la pandemia del coronavirus.
Desde que la medida fue activada en abril, la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP) expulsó a miles de inmigrantes, la mayoría de ellos llegados en busca de asilo.
El juez federal Emmet Sullivan dictó un recurso preliminar a favor de grupos que demandaron al gobierno en nombre de niños a los que el gobierno buscó deportar antes de que pudieran solicitar asilo u otras protecciones vigentes bajo la ley federal.
Se estima que el DHS ha deportado miles de Menores No Acompañados (UAC) desde marzo, de acuerdo con documentos judiciales.
Tras conocer el fallo, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) dijo que el tribunal “está permitiendo que una regla antiinmigración de la era Trump entre en vigor temporalmente a medida que se litiga el caso P.J.E.S contra Pekoske”.
“La demanda involucra un desafío a una política de la administración Trump que autoriza la remoción sumaria de Menores No Acompañados (UAC) sin ningún debido proceso, incluso si el niño está huyendo del peligro y buscando protección en Estados Unidos y no muestra signos de tener COVID-19”, agregó.
En noviembre del año pasado un tribunal federal bloqueó la orden del "Título 42" del gobierno de Trump en una demanda presentada por la ACLU, el Proyecto de Derechos Civiles de Texas, el Centro de Estudios sobre Género y Refugiados y Oxfam.
La política ilegal restringe la inmigración en la frontera con base en una invocación ilegal y sin precedentes de la Ley del Servicio de Salud Pública, ubicada en el Título 42 del Código de los Estados Unidos (US Code).
“Esto es solo un revés temporal. Continuaremos litigando este caso en nombre de estos niños vulnerables no acompañados que necesitan protección y tienen derecho legal a solicitar asilo”, dijo Lee Gelernt, abogado principal de la ACLU en este aso.
Razones de Trump
La activación del Título 42 ha permitido a la Patrulla Fronteriza (CBP) detener y deportar inmediatamente a inmigrantes detenidos en la frontera, incluyendo menores.
“No los expulsan por una falta a la ley de inmigración bajo el Título 8, como permanecer de manera indocumentada, sino que los deportan porque para el gobierno esas personas constituyen una amenaza a la salud pública de los estadounidenses”, explica José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami (Florida).
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La ACLU ha dicho que la orden rige en todo el país, no solo en la frontera.
Tras el fallo de noviembre, la ACLU dijo que se trataba de una decisión “fundamental para detener el intento ilegal y sin precedentes de la administración Trump de expulsar a los niños bajo el ligero disfraz de la salud pública”.
“La orden del gobierno ya ha permitido la rápida expulsión de más de 13,000 niños que necesitan protección y que tenían derecho legal a solicitar asilo”, indicó Gelernt en esa ocasión.
La Casa Blanca ha dicho en las últimas horas que la próxima semana el presidente Biden firmará órdenes ejecutivas migratorias relacionadas con la frontera, entre ellas el restablecimiento de la política de asilo.
Entre los decretos se incluye la desaparición del Programa de Protección Migratoria (MPP) establecido por Trump en enero de 2019 y que a la fecha ha devuelto a México a más de 62,000 personas que pidieron asilo en Estados Unidos.
De acuerdo con la política del gobierno anterior, los peticionarios de asilo una vez presentan sus solicitudes son regresados al otro lado de la frontera a esperar hasta que sean llamados para una audiencia ante un juez de inmigracióin estadounidense.
Las audiencias, sin embargo, se han visto gravemente afectadas tras el cierre de la frontera en marzo del año pasado debido as la pandemia. La clausura ordenada por razones de salud pública también afectó a los tribunales de inmigración.
A su vez, la exembajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, quien fue nombrada por Biden para dirigir la política migratoria de la frontera sur, dijo que la totalidad de la política del anterior gobierno será revisada y modificada de acuerdo con los objetivos del nuevo gobierno, dirigidos a establecer un marco de respeto a los derechos de los inmigrantes, al debido proceso y a los derechos humanos.
