EEUU se retira de las negociaciones para un acuerdo colectivo con familias separadas bajo la administración de Trump

El gobierno de Estados Unidos se retiró este jueves de las negociaciones de un acuerdo colectivo para poner fin a las demandas presentadas en nombre de familias que fueron separadas bajo la política migratoria de la administración del expresidente Donald Trump.

Durante una conferencia telefónica, los funcionarios del Departamento de Justicia informaron a los abogados de los demandantes que el gobierno no ofrecería un acuerdo en general en los casos de separación familiar y defenderá a cada uno en la corte, según explicó Lee Gelernt, abogado representante de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (American Civil Liberties Union, ACLU), que presentó una de las acciones judiciales.

La decisión se produce tras meses de negociaciones y después de reportes sobre un acuerdo propuesto que incluiría pagos de varios cientos de miles de dólares a las familias afectadas. Gelernt comentó que no se dio ninguna explicación. “Es difícil entender la decisión del Departamento de Justicia si no fue influenciada por consideraciones políticas”.

El Departamento de Justicia informó en un comunicado que los acuerdos en los casos, no de manera conjunta, sino individuales, aún eran posibles a pesar de su retiro de las conversaciones.

“Si bien las partes no han podido llegar a un acuerdo de solución global en este momento, seguimos comprometidos a relacionarnos con los demandantes y hacer justicia a las víctimas de esta política aborrecible”, afirma el texto.

Aproximadamente 5,500 niños fueron separados por la fuerza de sus padres en 2018 bajo el mandato del expresidente Donald Trump.

Su administración buscaba detener el aumento de personas que cruzaban la frontera entre Estados Unidos y México con enjuiciamientos penales, incluso si los migrantes se presentaban a las autoridades para solicitar asilo según lo permitido por la ley.

Aún no se ha localizado a los padres de cientos de niños. Trump detuvo la práctica en junio de 2018 en medio de una indignación generalizada, incluso entre muchos republicanos, solo seis días antes de que un juez ordenara el fin del programa en respuesta a una demanda presentada por la ACLU.

Las conversaciones del acuerdo con la ACLU y los abogados de cientos de otros demandantes se habían desarrollado en silencio hasta que The Wall Street Journal informó en octubre que el Departamento de Justicia estaba considerando pagar alrededor de 450,000 dólares a cada persona afectada por la política.

Las demandas presentadas bajo la Ley Federal de Reclamaciones por Agravios están destinadas en parte a ayudar a compensar a las familias por el daño psicológico de la separación, pero los críticos argumentan que recompensaría a las personas por cruzar ilegalmente la frontera.

El Consejo Estadounidense de Inmigración, que presentó una demanda en nombre de un grupo de madres y niños que fueron separados mientras buscaban asilo, dijo que continuaría con el caso. "Estamos comprometidos a hacer todo lo posible para hacer justicia a estas familias", subrayó Kate Melloy Goettel, directora de litigios de la organización.

Biden se ha encontrado en una difícil situación en materia de inmigración. Su administración ha revertido algunas acciones de Trump destinadas a detener los cruces fronterizos ilegales, así como la inmigración legal, mientras enfrenta un fuerte aumento en la cantidad de personas que buscan ingresar a los Estados Unidos a lo largo de la frontera suroeste.

Cuando se le preguntó sobre la cantidad el 3 de noviembre, Biden pareció malinterpretar la pregunta y dijo que el pago de aproximadamente 450,000 dólares por persona "no iba a suceder". Después aseguró que apoyaba un acuerdo, sin especificar una cantidad.

El abogado de la ACLU dijo que la administración de Biden podría encontrarse en una situación incómoda debido a su demanda y otro nombre como acusados no solo del gobierno de Estados Unidos, sino también de altos funcionarios de la administración de Trump, incluido el exasesor Stephen Miller y el exfiscal general Jeff Sessions.

“No solo la administración Biden estará en la corte defendiendo esta práctica para el gobierno de Estados Unidos, sino que también estará de pie en la corte para defender las acciones de los funcionarios individuales de Trump que diseñaron la política”, afirmó Gelernt.