Gobierno de Biden revive el ‘cierre’ administrativo de deportaciones tras fallo de la Corte Suprema

El gobierno de Joe Biden está dispuesto a seguir implementando la expulsión de inmigrantes indocumentados que no están en la lista de prioridades de deportación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), según documentos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) a los que tuvo acceso Univision Noticias.

En una copia de un memorando de la fiscal Rebecca R. Stern, jefa de la Oficina Legal Principal de ICE, se lee que la agencia federal a cargo de las deportaciones “desea presentar una moción sin oposición para desestimar a la luz de esta solicitud previa de discreción procesal (Prosecutorial Discretion, PD) que había sido rechazada (previamente), pero que se puede aprobar (ahora) según nuestro programa actual”.

El cambio de postura ocurre como respuesta al fallo emitido el 23 de junio por la Corte Suprema de Justicia en el que los magistrados (8 a 1) fallaron a favor del gobierno de Joe Biden y mantuvieron vigentes las prioridades de deportación estipuladas en 2021 y enfocadas en aquellos indocumentados que han cometido delitos graves.

El máximo tribunal de justicia, en respuesta a una demanda entablada por Texas y Louisiana, ambos gobernados por republicanos, determinó que los estados no tienen “potestad” para impugnar decisiones de este tipo tomadas por el gobierno federal cuando se trata del manejo de temas federales, como la ley de inmigración.

Los demandantes argumentaban que el gobierno violaba la ley al no arrestar y expulsar del país a cualquier extranjero con una orden de deportación vigente.

Qué significa el cambio de postura de ICE

“En este documento, la fiscal (Stern) reconoce que, aunque previamente (los fiscales de inmigración) habían negado la opción de cerrar casos de deportación (Prosecutorial Discretion, PD), ahorra sí están dispuestos a presentar una moción sin oposición para desestimar (Unopposed Motion to Dismiss) basado en el programa presente”, explicó Alex Gálvez, un abogado de inmigración que ejerce en Los Ángeles, California.

“Lo que está ofreciendo ICE ahora es cerrar (terminate) procesos de deportación”, agregó. “Resumiendo, el DHS no quiere proceder con ciertos procesos de deportación de inmigrantes indocumentados que no tienen delitos y no se encuentran en la lista de prioridades de deportación del gobierno”, agregó.

Gálvez dijo además que, en estos casos, “al inmigrante no se le dará la residencia legal permanente (LPR), tampoco podrá convertirse en ciudadano por naturalización, pero tampoco se puede decir que estará en Estados Unidos como indocumentado. Podrá quedarse amparado de la deportación, pero sin permiso de trabajo hasta que el Congreso, por ejemplo, apruebe una reforma migratoria y lo señale”.

El caso que motivó el correo enviado por la fiscal Stern fue rechazado antes del fallo emitido por la Corte Suprema, lo que evidencia un cambio de postura después de la sentencia que revalidó las prioridades de deportación del gobierno.

Desde cuando los fiscales de ICE pueden cerrar casos

Desde el 25 de abril del año pasado los fiscales de ICE ejercen autoridad discrecional temporal para actuar favorablemente en los casos de inmigrantes a quienes el gobierno no considera una prioridad de deportación, de acuerdo con un memorando firmado por Kerry Doyle, asesor jurídico principal de la agencia.

La estrategia, que forma parte de los planes de la Casa Blanca para descongestionar la Corte de Inmigración (que tiene más de 1.8 millones de casos acumulados) y abrir camino a nuevas solicitudes de asilo que han surgido en la frontera desde esa fecha.

Cuando el gobierno activó el programa tuvo el objetivo de favorecer hasta unos 700,000 casos de extranjeros con procesos de deportación, equivalente al 40% de los expedientes en la Oficina de Revisión de Casos de Inmigración (Corte de Inmigración, EOIR).

El programa está contenido en el denominado ‘memorando Doyle’, firmado el 3 de abril del 2022 e indica que la Oficina del Asesor Legal Principal (OPLA) de ICE interpretará tres áreas prioritarias de cumplimiento identificadas en el Memorándum del secretario del DHS, Alejandro Mayorkas, emitido el 29 de septiembre de 2021 y que estipula las prioridades de deportación del gobierno.

Los extranjeros en la mira de ICE son:

• Aquellos que constituyen una amenaza a la seguridad nacional;
• Aquellos que constituyen una amenaza a la seguridad pública; y
• Aquellos que constituyen una amenaza a la seguridad fronteriza.

Herramienta ejecutiva invaluable

El día que entró en vigor el programa, el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes y el Proyecto Nacional de Inmigración (NIPNLG) comentaron que “este memorando es un recordatorio importante para los abogados (fiscales) de ICE de que tienen la autoridad para desestimar casos, aceptar protecciones legales para los inmigrantes que se defienden contra la deportación y actuar de otras maneras favorables que promuevan la justicia y reduzcan la abrumadora acumulación de casos en la corte de inmigración”.

En cuanto al uso de la discrecionalidad por parte de los fiscales de ICE, el memorando explica que La oficina del Asesor Legal Principal de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE-OPLA) otorgó poderes extraordinarios a los fiscales de ICE para tomar las siguientes decisiones:

• CIERRE ADMINISTRATIVO. Detiene temporalmente los procedimientos de deportación al eliminar un caso de los calendarios activos de la Corte de Inmigración (EOIR). “Significa que el caso es sacado del calendario maestro de la Corte, pero no desaparece el expediente. El caso queda dormido y, en el futuro, pueden ponerlo nuevamente en el calendario y usted deberá ir ante un juez a batallar por su permanencia en Estados Unidos”, explica José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami, Florida.
• TERMINAR UN CASO. “Esta es una mejor opción. Significa que el caso de deportación muere, termina, se acaba”, dice Guerrero. “Para poner nuevamente en proceso de deportación a esa persona deben enviarle una nueva Notificación de Comparecencia (NTA) para un nuevo juicio”, agrega.
• MOCIÓN DE REAPERTURA. “Esto aplica a personas que tienen una orden de deportación y piden que se reabra su caso para revisarlo. Y decidir de acuerdo con los méritos del expediente y los argumentos que presente el inmigrante que pide este beneficio”.

“Al final del día, esta persona también puede beneficiarse de un cierre administrativo o que su caso termine”, agrega.
Guerrero también dijo que, debido al proceso judicial entablado por Texas y Louisiana, la política de discrecionalidad quedó en espera hasta el fallo final emitido por la Corte Suprema a finales de junio. “Ahora estamos esperando una guía que confirme el memorando Doyle y/o nuevas instrucciones al respecto”, preció.

¿Hay otras prioridades de deportación?

Sí, el memorando de Mayorkas de septiembre del 2021 añade que un no ciudadano (inmigrante indocumentado) es una amenaza para la seguridad fronteriza si:

• Son detenidos en la frontera o puerto de entrada mientras intentan ingresar ilegalmente a Estados Unidos; y
• Son detenidos en Estados Unidos tras haber ingresado ilegalmente después del 1 de noviembre de 2020.

Esta fecha es clave para entender las prioridades de deportación del gobierno. Sin embargo, la guía de septiembre del 2021 indica que, en algunos casos, se requerirá una evaluación más a fondo y se tendrá en cuenta “la totalidad de los hechos y circunstancias” para decidir la deportación.
A la pregunta respecto a qué pasa si el caso ‘termina’ o es ‘cerrado’, Gálvez reiteró que “la persona sigue teniendo el mismo estatus migratorio. Si estaba indocumentado cuando lo arrestaron, fue a la corte de inmigración, el juez o el fiscal de inmigración le termina el caso, queda libre, pero indocumentado”.

“En estos casos el no ciudadano cuenta con un documento legal que le dice que está amparado, que no constituye una amenaza para la seguridad pública y que el gobierno no tiene razones para deportarlo de Estados Unidos. A menos, claro está, que se posteriormente se equivoque y cometa un crimen que lo convierta en deportable”, advirtió.