Falta de protocolo pone en riesgo de contagio por coronavirus a miles de inmigrantes

Ante la lenta respuesta del gobierno, los jueces de inmigración decidieron por cuenta propia poner en los tribunales información de los CDC. Pero les hicieron retirar las advertencias hasta que se dieron cuenta del error.

Jorge Cancino
Por:
Jorge Cancino.

Mientras los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) vigilan de cerca el brote de coronavirus que se extiende por más de 100 países, aquí en Estados Unidos las preocupaciones aumentan, no tanto por la peligrosidad de contagio del virus, sino errores en los protocolos de prevención.

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“Sugerimos a los jueces que publiquen algunos carteles con información sobre el virus en las puertas de sus salas de audiencias”, dice a Univision Noticias Dana L. Marks, presidenta honoraria de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración (NAIJ).

Pero tras la colocación de los anuncios e información elaborados por el gobierno, “descubrimos que la Oficina de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR o Corte de Inmigración) había ordenado el retiro inmediato de esos carteles”, agregó.

No fue sino hasta el siguiente día, martes, que los administradores de la Corte “obtuvieron el permiso 'oficial' para publicar prácticamente los mismos artículos con las misma información”, indicó Marks.

La Asociación denunció el bloqueo a la información de los CDC en su cuenta de la red social Twitter: “NAIJ había recomendado a los jueces de inmigración que publicaran en los tribunales las versiones en inglés y español de los carteles de los CDC ‘Stop the Spread of Germs’ y ‘Symptoms of Coronavirus Disease 2019’. EOIR ordenó que fueran removidos”.

En un segundo mensaje, escribió: “Aquí hay enlaces a las versiones en inglés de los volantes ofensivos”.

Silencio oficial

Marks también dijo que, hasta el miércoles por la noche, a los jueces de inmigración “No se nos ha brindado ninguna guía además de esa información (proporcionada por los CDC), a pesar de muchas preguntas formuladas a la gerencia” del EOIR.

“LA NAIJ está muy preocupada por el público y nuestro personal a la luz de este fracaso por parte del gobierno para tomar medidas activas y aumentar la información”, añadió Marks.

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También dijo que los jueces de inmigración, unos 440 en total, “no hemos sido informados de ningún plan de contingencia. No senos ha proporcionado ningún suministro tal como desinfectante para manos, pañuelos de papel o productos de limpieza antibacterianos”.

“El gobierno nos limita a hacer anuncios formales o tomar medidas que no sean caso por caso, juez por juez, lo que, comprensiblemente, ha llevado a una confusión masiva por parte del público y los abogados que comparecen ante los tribunales”, puntualizó.

Las cortes de inmigración tienen acumulados alrededor de 1.2 millones de casos. En 2018 el gobierno de Donald Trump les impuso una cuota anual de 700 casos por año a cada juez, una medida extrema para descongestionar los tribunales.

En promedio, cada juez tardaría 3.1 años en resolver la totalidad de los juicios acumulados hasta ahora, sin recibir nuevos expedientes hasta evacuar la totalidad de los casos.

Pero la NAIJ advierte que la cuota así como la aceleración de los procesos y la implementación de la política migratoria de tolerancia cero, amenazan al debido proceso porque impiden que los inmigrantes tengan oportunidades para defender sus casos de asilo o de permanencia legal en Estados Unidos.

Planes en camino

El pasado 27 de febrero, la Oficina Administrativa de la Corte envió una carta a la totalidad de jueces del país con instrucciones básicas para enfrentar la emergencia por el nuevo coronavirus.

Indicó que “continúa monitoreando de cerca la respuesta nacional a la enfermedad respiratoria causada por la enfermedad de Coronavirus 2019”, y según una reciente declaración de los CDC, “los riesgos para la salud de COVID-19 para el público estadounidense en general son bajos”.

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El reporte, compartido por NAIJ, señala además que, “como medida de preparación, todas las unidades judiciales se coordinen con los funcionarios de salud pública estatales y locales para obtener información actualizada y, si está disponible, consultar con su enfermera de Salud Ocupacional Federal para garantizar que existan procesos y planes para abordar una posible pandemia”.

Debido a las preocupaciones por la falta de protocolos actualizados de prevención del virus, la NAIJ le solicitó esta semana al gobierno implementar “inmediatamente” medidas para protegerse ellos y su personal del coronavirus, infección que amenaza con colapsar la Corte de Inmigración que acumula más de 1.2 millones de casos.

El sindicato, que representa a más de 440 jueces, también pidió incluir en las medidas de protección a los cientos de miles de inmigrantes que están siendo procesados.

“A medida que se diagnostican nuevos casos de Covid-19, la NAIJ reitera su creciente preocupación sobre cómo el virus afectará nuestro trabajo y qué pasos está tomando la gerencia de la Corte para proteger a los jueces de inmigración, al personal de apoyo y al público”, se lee en la misiva.

“Yo soy de Honduras, tengo 9 años y me llamo Génesis”, dijo a periodistas de 
<a href="https://www.facebook.com/watch/?v=192436578560114" target="_blank">Real America</a> una niña que espera la resolución del caso de asilo de su familia en un campamento de tiendas en Matamoros, México. “¿Por qué venimos huyendo de nuestro país? Ahí a los niños les venden cocaína en las escuelas”, agregó.
Hace un año la administración de Donald Trump comenzó la aplicación del Protocolo de Protección del Migrante (MPP), que ha regresado a México a unos 60,000 solicitantes de asilo para que esperenen ese país durante meses la resolución de sus casos. Muchos de ellos se ven obligados a permanecer en condiciones precarias en campamentos como este de Matamoros, Tamaulipas, muy cerca de Brownsville, Texas.
“Hay que pagar un impuesto de guerra cada semana y si no lo pagas, te van a matar”, continuó Génesis, describiendo la vida diaria de su país. La pequeña guió el recorrido de los periodistas de Univision por el campamento y presentó a otros niños que esperan ahí por la resolución de sus casos de asilo en EEUU.
“A veces sí me animo a estar aquí pero a veces no, porque hay lluvia, calor, hay niños sin estudiar y los padres no le pueden comprar medicinas porque no están trabajando”, continuó la hondureña.
El MPP fue activado por la Casa Blanca luego que México se negara a convertirse en tercer país seguro. El gobierno de Washington pretendía que su vecino del sur concediera asilo a la totalidad de los migrantes que cruzan su territorio y se dirigen a la frontera sur de Estados Unidos.
Al no conseguir su propósito, impuso una nueva regla que cambió parte de la política de asilo vigente desde 1980: con excepción de Menores No Acompañados (UAC) y mexicanos, el resto de migrantes que llegan buscando asilo serán procesados de igual forma, pero deberán esperar en México la resolución de sus casos en las cortes de inmigración estadounidenses.
“A veces vienen unos americanos a regalar cosas a los niños”, continuó Génesis. La pequeña y su familia tuvieron su segunda cita en inmigración el 14 de enero de 2020. Un juez les ordenó regresar a Matamoros a esperar por la tercera cita.
“Me duele mucho que ellos (los niños) estén pasando cosas feas, porque ellos no lo merecen”, dijo Yamali, la madre de Génesis. “Son menores de edad y ellos no tienen la culpa de lo que está pasando. Nosotros venimos huyendo de Honduras y venimos huyendo también por nuestras vidas”, agregó.
En el campamento de Matamoros un grupo de voluntarios lleva instala una “escuelita dominical” cada semana, que agrupa a los más pequeños y les dan algunas lecciones básicas.
"Hay que tener fe, ya las cosas van a cambiar. Hay que orarle a dios, pedirle que las cosas cambien. Tal vez el presidente Donald Trump no tiene piedad de nosotros. Por favor nos dejaran entrar a todos, porque venimos por el mismo motivo”, concluyó Génesis.
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“Yo soy de Honduras, tengo 9 años y me llamo Génesis”, dijo a periodistas de Real America una niña que espera la resolución del caso de asilo de su familia en un campamento de tiendas en Matamoros, México. “¿Por qué venimos huyendo de nuestro país? Ahí a los niños les venden cocaína en las escuelas”, agregó.
Imagen Nidia Cavazos
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