Jueces de inmigración piden al gobierno acciones “inmediatas” para protegerse del coronavirus

Entre otras medidas recomiendan reprogramar las citas, celebrar juicios por medio de un circuito cerrado de televisión y poder emitir órdenes por vía telefónica.

Jorge Cancino
Por:
Jorge Cancino.
Ante cualquier sospecha de tener el virus es importante que te comuniques con tu médico.
Video Estas son las recomendaciones de los CDC para evitar el contagio del coronavirus

Los jueces de inmigración pidieron al gobierno de Donald Trump implementar “inmediatamente” medidas para protegerse ellos y su personal del coronavirus, infección que amenaza con colapsar la Corte de Inmigración que acumula más de 1.2 millones de casos.

La Asociación Nacional de Jueces de Inmigración (NAIJ), el sindicato que representa a más de 440 jueces, también pidió incluir en las medidas de protección a los cientos de miles de inmigrantes que están siendo procesados.

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Por medio de una carta enviada a Christopher Santoro, el juez jefe interino de la Oficina de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR), la NAIJ exige “orientación y recursos relacionados con el coronavirus”, y advierte que a la fecha “casi no hemos recibido ninguno de los dos” requerimientos para prevenir contagios.

“A medida que se diagnostican nuevos casos de Covid-19, la NAIJ reitera su creciente preocupación sobre cómo el virus afectará nuestro trabajo y qué pasos está tomando la gerencia de la Corte para proteger a los jueces de inmigración, al personal de apoyo y al público”, se lee en la misiva.

Alto riesgo

El sindicato, que está a punto de perder su independencia luego que el Departamento de Justicia solicitara a la Autoridad Federal de Relaciones Laborales (FLRA) que le retire su certificación para convertir a los jueces en empleados del gobierno de Donald Trump, señala en la carta que “nuestro trabajo requiere que estemos en contacto diario con el público, a menudo en grandes cantidades y grupos”.

Según su denuncia, algunas de las personas que acuden a los tribunales para defender sus derechos de permanencia en el país “provienen de países de alto riesgo” de propagar el coronavirus. “Incluso si no han estado en esos países desde el brote, pueden estar en contacto con aquellos que tienen el virus”.

La NAIJ dice además que “algunos empleados de EOIR tienen un alto riesgo de desarrollar enfermedades graves”, entre los que se incluyen personal mayor y aquellos con condiciones médicas crónicas”.

Ausencias críticas

Los jueces también señalan que el avance del Covid-19 no solo puede traducirse en enfermedades graves, sino que también va a impedir que los inmigrantes se presenten a sus audiencias.

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En caso de que un inmigrante no acuda a una cita ante el tribunal y carezca de representación legal, como sucede con la mayoría de los más de 60,000 solicitantes de asilo que aguardan en México la resolución de sus casos, el juez, al no tener razones que justifiquen la ausencia, puede emitir una orden de deportación en ausencia.

“Si ordenamos su comparecencia y no aparecen, se enfrentan a la posibilidad de la expulsión del país”, advirtieron.

Pero también señalan que, ante el alto riesgo de ser deportados, algunos con enfermedades graves u otros infectados con el virus sin tener conocimiento de ello, “seguirán acudiendo a los tribunales a menos que nosotros tomemos acciones” en forma inmediata.

Las exigencias

Como primera medida, la NAIJ pidió a la EOIR informar a todos los empleados de la Corte sobre un plan de continuidad de operaciones (COOP) “tal como se haría bajo una potencial pandemia”.

También solicitaron la implementación de juicios transmitidos por circuito cerrado de televisión, una manera de disminuir el riesgo de contagio del virus.

Indicaron que las distintas agencias involucradas en este sistema “deben revisar de inmediato” sus planes actuales y asegurar que los juicios televisados se incorporen completamente, al igual que el personal de los tribunales.

El sindicato teme que, de no implementarse medidas de emergencia de manera urgente, la EOIR podría ordenar el cierre de tribunales por razones de salud pública, un escenario que agravaría la actual crisis que vive la Corte por el alto número de casos pendientes.

Las prioridades

La NAIJ solicitó además a la Corte de Inmigración que considere la implementación de medidas urgentes en “ciudades,
estados o regiones que enfrentan situaciones graves de salud pública” a causa del coronavirus.

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También requirió que los tribunales renuncien a la convocatoria de presentación en la corte y reprogramen el calendario con juicios televisados, y que puedan emitir órdenes por teléfono.

Adicionalmente se pidió incluir en los protocolos a los abogados, quienes debido a la emergencia tendrán comparecencias limitadas en los tribunales, recomendando la presentación de escritos para evitar los contactos cara a cara.

La carta también menciona entre las recomendaciones “cerrar los procedimientos del Tribunal de Inmigración a miembros del público que no sean miembros de los medios de comunicación o aquellos cuya presencia sería claramente de interés público”.

Los empleados enfermos

El sindicato también animó a los empleados enfermos “a quedarse en casa” para evitar la propagación del virus.

“Esta es una recomendación clave” contenida en la Guía Provisional para Empresas y Empleadores de los CDC”, afirmó la unión.

Precisó además que la EOIR debe seguir la recomendación de los CDC "asegurando que sus políticas de licencia por enfermedad sean flexibles y consistentes con el público”, y que los empleados “conozcan estas políticas".

Otra recomendación sugerida en el documento precisa que “las personas que experimentan síntomas similares a la gripe practiquen el autoaislamiento social hasta por lo menos un día completo después de que tales síntomas hayan terminado”.

“Instamos a la gerencia de EOIR a renunciar a cualquier requisito de documentación de licencia por enfermedad superior a tres días hábiles cuando la solicitud de licencia se basa en síntomas parecidos a la gripe”, ya sea por el trabajador o por un miembro de la familia con quien ha estado en contacto cercano, agrega.

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Por último, el sindicado de jueces de inmigración recomendó que, aquellos empleados que parecen tener síntomas de enfermedad respiratoria aguda (es decir, tos o falta de respiración) al llegar al trabajo o enfermarse durante el día, deben separarse de otros empleados y ser enviados a casa de inmediato.

Las exigencias también incluyen proporcionar suministros de limpieza y desinfección adecuados a todos los empleados y miembros de la Corte de Inmigración.

Daños irreparables

Para Lilia Velásquez, profesora adjunta de la facultad de leyes de la Universidad de California en San Diego, los estragos que está causando la propagación del coronavirus “tendrá un impacto dramático” en las cortes de inmigración.

“No hay límite para el daño que esto puede causar”, precisó. “Esta creando un caos no solo en lo económico a nivel nacional, sino en todo el mundo”.

Velásquez dijo además que, “a causa del miedo que existe y se está propagando, todos los que llegan y participan en los tribunales de inmigración están temerosos”.

“Pero sobre todo hay preocupación por los que llegan a las audiencias, por la manera en que viven los inmigrantes que están al otro lado de la frontera y que puedan ser portadores del virus. Todo eso está afectando”, indicó.

La abogada dijo además que “comprendemos las medidas cautelares que están tomando las autoridades. No podemos decir que son exageradas, pero tenemos que reconocer que tendrán un severo impacto y no sabemos para cuándo algunos procesos serán pospuestos debido a la emergencia de salud pública”.

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En cuanto a los juicios por circuito cerrado de televisión, Velásquez dijo que “no estamos acostumbrados a eso. Tendrá un costo muy alto porque no habrá contacto personal entre el inmigrante y el juez. ¿Cómo podrá determinarse que se trata de un caso de vida o muerte?”, se preguntó.

“La vida de muchas personas dependerá de una pequeña pantalla”, indicó.

“Yo soy de Honduras, tengo 9 años y me llamo Génesis”, dijo a periodistas de 
<a href="https://www.facebook.com/watch/?v=192436578560114" target="_blank">Real America</a> una niña que espera la resolución del caso de asilo de su familia en un campamento de tiendas en Matamoros, México. “¿Por qué venimos huyendo de nuestro país? Ahí a los niños les venden cocaína en las escuelas”, agregó.
Hace un año la administración de Donald Trump comenzó la aplicación del Protocolo de Protección del Migrante (MPP), que ha regresado a México a unos 60,000 solicitantes de asilo para que esperenen ese país durante meses la resolución de sus casos. Muchos de ellos se ven obligados a permanecer en condiciones precarias en campamentos como este de Matamoros, Tamaulipas, muy cerca de Brownsville, Texas.
“Hay que pagar un impuesto de guerra cada semana y si no lo pagas, te van a matar”, continuó Génesis, describiendo la vida diaria de su país. La pequeña guió el recorrido de los periodistas de Univision por el campamento y presentó a otros niños que esperan ahí por la resolución de sus casos de asilo en EEUU.
“A veces sí me animo a estar aquí pero a veces no, porque hay lluvia, calor, hay niños sin estudiar y los padres no le pueden comprar medicinas porque no están trabajando”, continuó la hondureña.
El MPP fue activado por la Casa Blanca luego que México se negara a convertirse en tercer país seguro. El gobierno de Washington pretendía que su vecino del sur concediera asilo a la totalidad de los migrantes que cruzan su territorio y se dirigen a la frontera sur de Estados Unidos.
Al no conseguir su propósito, impuso una nueva regla que cambió parte de la política de asilo vigente desde 1980: con excepción de Menores No Acompañados (UAC) y mexicanos, el resto de migrantes que llegan buscando asilo serán procesados de igual forma, pero deberán esperar en México la resolución de sus casos en las cortes de inmigración estadounidenses.
“A veces vienen unos americanos a regalar cosas a los niños”, continuó Génesis. La pequeña y su familia tuvieron su segunda cita en inmigración el 14 de enero de 2020. Un juez les ordenó regresar a Matamoros a esperar por la tercera cita.
“Me duele mucho que ellos (los niños) estén pasando cosas feas, porque ellos no lo merecen”, dijo Yamali, la madre de Génesis. “Son menores de edad y ellos no tienen la culpa de lo que está pasando. Nosotros venimos huyendo de Honduras y venimos huyendo también por nuestras vidas”, agregó.
En el campamento de Matamoros un grupo de voluntarios lleva instala una “escuelita dominical” cada semana, que agrupa a los más pequeños y les dan algunas lecciones básicas.
"Hay que tener fe, ya las cosas van a cambiar. Hay que orarle a dios, pedirle que las cosas cambien. Tal vez el presidente Donald Trump no tiene piedad de nosotros. Por favor nos dejaran entrar a todos, porque venimos por el mismo motivo”, concluyó Génesis.
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“Yo soy de Honduras, tengo 9 años y me llamo Génesis”, dijo a periodistas de Real America una niña que espera la resolución del caso de asilo de su familia en un campamento de tiendas en Matamoros, México. “¿Por qué venimos huyendo de nuestro país? Ahí a los niños les venden cocaína en las escuelas”, agregó.
Imagen Nidia Cavazos
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