Gobierno de Trump pide a la Corte Suprema que le permita retomar las deportaciones de venezolanos
La solicitud del gobierno es la tercera vez que una de las partes pide el máximo tribunal que se pronuncie en relación con la deportación expedita de inmigrantes venezolanos bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798.
Por:
Univision
Decenas de inmigrantes venezolanos formaron las letras SOS en el patio del centro de detención Bluebonnet en Anson, Texas. La esposa de uno de los hispanos señala que esta acción demuestra el temor que tienen de ser expulsados a El Salvador. "Huimos de las bandas delictivas con las que ahora nos quieren vincular", afirma la mujer. En contexto: Migrantes detenidos en Texas forman una señal de socorro SOS: temen ser enviados a El Salvador.
Video Habla la esposa de uno de los migrantes detenidos que formaron la señal SOS: "Lo hacen por terror"
El gobierno del presidente Donald Trump solicitó este martes a la Corte Suprema que le permita retomar la deportación de cerca de 176 migrantes venezolanos detenidos en Texas, a quienes considera "especialmente peligrosos para mantenerlos en detención prolongada".
La solicitud pide al máximo tribunal que levante la orden judicial, emitida en abril, que bloqueó temporalmente la deportación de los inmigrantes bajo la Ley de Enemigos Extranjeros (AEA, por sus siglas en inglés) de 1798.
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La presentación del gobierno incluyó la declaración jurada de un funcionario del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), que afirma que un grupo de 23 de los venezolanos, a quienes describe como miembros de la pandilla Tren de Aragua, "amenazó con tomar rehenes y herir al personal contratado de las instalaciones y a los oficiales de ICE".
El 20 de febrero. el gobierno había designado oficialmente al Tren de Aragua como una Organización Terrorista Extranjera.
El supuesto episodio descrito en la declaración jurada presuntamente ocurrió el pasado 26 de abril en el Centro de Detención Bluebonnet en Texas, donde los 23 migrantes “atascaron las puertas de entrada de su unidad de alojamiento con catres, bloquearon las ventanas y cubrieron las cámaras de vigilancia", e incluso intentaron inundar las instalaciones de reclusión obstruyendo los inodoros.
La presentación, firmada por el procurador general D. John Sauer, señaló también que los migrantes venezolanos recibieron notificación suficiente y la oportunidad adecuada para interponer recursos de habeas corpus.
"Las tres semanas concedidas son más que suficientes para interponer un recurso de habeas corpus", escribió Sauer. "Sin embargo, según el conocimiento del gobierno, ningún miembro del supuesto grupo que haya recibido notificación de deportación conforme a la AEA ha presentado recursos de hábeas corpus en el Distrito Norte de Texas durante la vigencia de la orden administrativa".
Sauer hacía referencia al tiempo transcurrido desde la emisión del fallo de la Corte Suprema suspendiendo temporalmente las deportaciones de los detenidos venezolanos.
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“El gobierno tiene un fuerte interés en expulsarlos rápidamente del país”, ya que “representan un peligro para los agentes de ICE, el personal de las instalaciones y otros detenidos”, escribió Sauer, quien alegó además que el episodio demuestra por qué se debería permitir al gobierno deportarlos.
Tercera solicitud ante la Corte Suprema sobre inmigrantes venezolanos
La orden judicial de abril no fue la primera vez que el máximo tribunal se pronuncia en contra de la deportación expedita de los inmigrantes venezolanos por la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798.
Después de que a mediados de marzo un juez federal ordenara la suspensión de las deportaciones, la Corte Suprema dio luz verde al gobierno a principios de abril para proceder con las deportaciones, siempre que diera a los migrantes la oportunidad de impugnar judicialmente sus órdenes de deportación.
Posteriormente, en respuesta a una solicitud de emergencia, la Corte emitió un nuevo fallo bloqueando temporalmente las deportaciones mientras estudiaban el asunto.
La respuesta a la nueva solicitud del gobierno sería la tercera vez que el máximo tribunal se pronuncia en relación con la deportación expedita de inmigrantes venezolanos bajo la Ley de Enemigos Extranjeros.
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