El gobierno reitera que seguirá deportando bajo el Título 42 por la pandemia
Ante el aumento de migrantes que llegan en busca de asilo y el dramático incremento de contagios y hospitalizaciones por covid-19 en el país, el gobierno anunció este lunes que mantiene vigente el Título 42 del Código de Estados Unidos, que permite la deportación acelerada de extranjeros detenidos en la frontera sur.
Por:
Jorge Cancino.
En solo 48 horas, miles de indocumentados han cruzado a través de la frontera de Texas; las autoridades rescataron a varios migrantes de los peligros que corren al tratar de llegar a EEUU. Por su parte, el gobernador Greg Abbott habló de una crisis y culpó a los migrantes del aumento de contagios por coronavirus.
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Ante el aumento de migrantes que llegan a la frontera sur en busca de asilo y el dramático incremento de contagios y hospitalizaciones por covid-19 en el país, el gobierno anunció este lunes que mantiene vigente el Título 42 del Código de Estados Unidos, que permite la deportación acelerada de extranjeros.
“Como parte de los esfuerzos de mitigación de covid-19, el DHS (Departamento de Seguridad Nacional) continuará procesando a las personas de acuerdo con la Orden del Título 42 actualizada de los CDC”, anunció el ministerio por medio de un comunicado.
La decisión se toma en momentos en que la Casa Blanca anunció que el 70% de los adultos tienen al menos una dosis de la vacuna para prevenir enfermarse con covid-19, pero en medio de una fuerte propagación de la variante delta, altamente contagiosa, que está saturando las salas de emergencia de hospitales en casi todos los estados de la nación.
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La nueva ola ha obligado a las autoridades federales y estatales a revisar los protocolos de salud pública y recomendar nuevamente el uso de mascarillas en recintos cerrados, incluso para las personas vacunadas, y en distintas partes del país la vacunación ya es obligatoria.
El argumento del DHS
El DHS explicó que el Título 42, una vieja medida de 1944 desempolvada el año pasado por el gobierno de Donald Trump, “no es una autoridad de inmigración, sino una autoridad de salud pública, y los Centros para el Control de las Enfermedades (CDC) dictan su uso continuo y se rigen por el análisis de los factores de salud pública”.
“Según el Título 42, el DHS continúa expulsando a la mayoría de los adultos solteros y, en la medida de lo posible, a las familias que se encuentran en la frontera suroeste”, precisa el comunicado.
Simultáneamente a la aplicación de la medida sanitaria, el DHS aseguró que el gobierno “continúa trabajando para construir un sistema de inmigración justo, ordenado y humano, incluso ampliando las vías legales hacia Estados Unidos y desalentando la migración irregular”, una de las promesas de campaña del presidente Joe Biden.
Pero organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes insisten en que el gobierno viola acuerdos internacionales al negarle a miles de personas el legítimo derecho de pedir asilo, un recurso legal aprobado por el Congreso que se mantiene vigente.
La semana pasada, el gobierno anunció la “reaanudación de la deportación acelerada de determinadas unidades familiares” (Expedited Removal) que no califican bajo el Título 42, un recurso que para el DHS “proporciona un procedimiento legal y más acelerado” para expulsar del país aquellas unidades familiares “que no tienen una base bajo la ley estadounidense para estar en Estados Unidos”.
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El ministerio advirtió que quienes “intentan cruzar” al país entre puertos de entrada o eludir la inspección en ellos "es la manera incorrecta de llegar y entrar". "Estos actos son peligrosos y pueden tener consecuencias migratorias a largo plazo para las personas que intentan hacerlo”, recordó.
La deportación expedita (‘expedited removal’) “fue aprobada por el Congreso en 1997 durante el gobierno de Bill Clinton”, explica Ezequiel Hernández, un abogado de inmigración que ejerce en Phoenix (Arizona).
El reglamento, actualizado en 2001, señala que se aplica a los extranjeros inadmisibles en Estados Unidos “únicamente” bajo la sección 212 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA).
Los primeros vuelos
El viernes, tres días después del anuncio de la reactivación de las deportaciones expeditas, el DHS confirmó que se habían llevado a cabo los primeros vuelos con deportados originarios de El Salvador, Guatemala y Honduras y que no calificaban para pedir asilo.
“De acuerdo con ese enfoque, el DHS reanudó hoy los vuelos de deportación acelerada (expedited removal) para ciertas familias que llegaron recientemente a la frontera sur, no pueden ser expulsadas bajo el Título 42 y no tienen una base legal para permanecer en los Estados Unidos, dijo el departamento.
“Al colocar en familias de deportación acelerada que no pueden ser expulsadas bajo el Título 42, estamos dejando en claro que aquellos que no califiquen para permanecer en Estados Unidos serán deportados de inmediato”, precisó.
De acuerdo con datos del DHS, hasta el viernes se habían llevado a cabo dos vuelos con deportados operados por la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) que despegaron de Brownsville (Texas) con 73 familiares.
Originalmente, 147 adultos y niños formaban parte de la lista de pasajeros a ser expulsados del país, pero a muchas de ellas les detectaron que se encontraban infectadas con covid-19 y fueron retiradas abruptamente de los manifiestos de pasajeros, reportó el diario The Washington Post.
El grupo de derechos civiles dijo en su cuenta de la red social Twitter que, "por lo tanto, las partes buscan reanudar el litigio sobre las mociones de los Demandantes para la certificación de clase y la orden judicial preliminar para toda la clase".
La ACLU demandó la política del Título 42 en febrero, dos semanas después de que Biden asumiera el control de la Casa Blanca. Un mes antes, un panel de jueces de la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia avaló la política de Trump dejando sin efecto un bloqueo temporal emitido en noviembre del 2020 por una corte inferior en otra demanda presentada también por la Unión.
ACLU alega que el Título 42 autoriza la deportación sumaria de Menores No Acompañados (UAC) “sin ningún debido proceso, incluso si el niño está huyendo del peligro y buscando protección en Estados Unidos y no muestra signos de tener covid-19”.
En enero, Lee Gelernt, abogado principal de la ACLU, dijo que “la orden del gobierno ya ha permitido la rápida expulsión de más de 13,000 niños que necesitan protección y que tenían derecho legal a solicitar asilo en Estados Unidos”. "Esperamos que el gobierno de Biden no haga necesario un litigio en curso al rescindir esta política ilegal creada por la administración Trump", indicó.
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