Golpe a la estrategia de ICE: un juez prohíbe al gobierno pedir a la policía que retenga detenidos que deben ser liberados
Para una corte federal de California, las información contenida en las bases de datos que utiliza el gobierno para ubicar y detener a inmigrantes con fines de deportación no son seguras.
Por:
Jorge Cancino.
Un revelador informe de Human Rights Watch revela que desde 2013 han sido asesinados 138 salvadoreños que volvieron deportados a su país, y otros tantos han sido víctimas de varios delitos. En muchos casos, las personas enfrentaron a los mismos verdugos de quienes habían intentado escapar.
Video La deportación se ha convertido para decenas de salvadoreños en una sentencia de muerte
Un juez de California prohibió al gobierno federal el uso de bases de datos consideradas deficientes para pedirle a las agencias de policía que mantenga detenidas a personas bajo custodia.
El dictamen, emitido el viernes, le amarra las manos a la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) para continuar implementando una parte clave de la política de tolerancia cero, que consiste en la detención de extranjeros que se encuentran en manos de las autoridades de policía por la comisión de delitos, y que ahora deberán ser puestos en libertad.
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Una unidad especial de ICE revisa permanentemente bases de datos en busca de extranjeros que han cometido crímenes o tienen una orden de deportación vigente. Cuando son hallados, la agencia emite una orden de retención (‘detainers’) para que la agencia local que custodia al individuo reporte primero a las autoridades federales antes de proceder a la liberación del extranjero.
La colaboración, sin embargo, no ocurre en todos los estados ni en todas las ciudades. Aquellos que se han declarado jurisdicciones santuario, como California, no colaboran con el gobierno en materia migratoria, situación que ha llevado a un enfrentamiento abierto con la Casa Blanca.
ICE dijo en septiembre del año pasado que estas jurisdicciones “optan por liberar voluntariamente a los delincuentes criminales a sus comunidades locales, donde son libres de delinquir”.
El dictamen, emitido por el juez federal de distrito Andre Birotte Jr., en Los Ángeles, indica que las bases de datos no son confiables para personas que no han sido deportadas ya, ni en procesos de deportación ante un juez de inmigración.
La mejor forma de confirmar si alguien cuenta con autorización legal para estar en Estados Unidos es a través de una entrevista, registros de inmigración u otros documentos, escribió Birotte.
Si bien la orden judicial sólo se aplica en el Distrito Central de California, donde la ley estatal limita drásticamente la manera en que las agencias policiales estatales y locales pueden cumplir con los ‘detainers’ de ICE, en ese distrito opera el Centro de Respuesta Policial del Pacífico de ICE en Laguna Niguel, que emite solicitudes las 24 horas del día a las agencias de aplicación de la ley en 42 estados y dos territorios de Estados Unidos.
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Por tanto, la decisión del juez Birotte le ata las manos a ICE y frena el envío de los pedidos de retención.
La Casa Blanca refutó el dictamen emitido por el juez Birotte.
“Un solo juez no electo en el Distrito Central de California emitió una orden judicial legalmente infundada que, si no se levanta de inmediato, garantizará la liberación de innumerables criminales extranjeros ilegales en nuestras comunidades, poniendo a los ciudadanos en grave riesgo”, dijo la oficina de prensa de la presidencia de Donald Trump en un comunicado.
“Este fallo socava los pilares de la aplicación de la ley de inmigración y bloquea la cooperación tradicional y vital para la aplicación de la ley que ha tenido lugar durante décadas”, agrega la nota publicada en la página web de la Casa Blanca.
Además añade: “Este mandato pone en peligro la salud y la vida de estadounidenses inocentes. Nuestros vecindarios son menos seguros hoy como resultado de este peligroso fallo de la corte de distrito”.
El martes, durante la rendición del Tercer Informe sobre el Estado de la Unión, Trump cuestionó las jurisdicciones santuario y dijo que “políticos radicales han optado por proporcionar refugio a criminales extranjeros ilegales”.
“En las ciudades santuario los funcionarios locales le ordenan a la policía que libere a peligrosos criminales extranjeros para que se aprovechen del público, en lugar de entregarlos a ICE para que sean retirados (deportados) de manera segura”, agregó.
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En su discurso, donde volvió a criminalizar la estadía indocumentada, el mandatario se refirió al reciente caso protagonizado por un inmigrante indocumentado con cargos criminales que había sido liberado “por la ciudad santuario de Nueva York”.
El individuo “fue acusado de la brutal violación y asesinato de una mujer de 92 años. El asesino había sido arrestado previamente por asalto, pero bajo las políticas de santuario de Nueva York fue puesto en libertad. Si la ciudad hubiera cumplido la solicitud de detención de ICE, su víctima estaría hoy viva”, dijo Trump.
El mandatario también criticó al estado de California por haberse convertido en santuario para los inmigrantes “ilegales criminales con resultados catastróficos”. Y citó el caso de un indocumentado que en 2018 fue detenido por la policía, liberado y que luego cometió varios delitos para culpar a las ciudades santuario de fomentar la criminalidad, y responsabilizar a los indocumentados de cometerla.
El 25 de enero de 2017, cinco días después de llegar a la Casa Blanca, Trump emitió una orden ejecutiva sobre las jurisdicciones santuario en la que amplió las prioridades de deportación establecidas por su antecesor, Barack Obama.
Bajo el actual gobierno, la presencia indocumentada constituye una amenaza a la seguridad pública y nacional, pero ICE prioriza en aquellos indocumentados que tienen cargos criminales. Sin embargo, durante operativos o redadas la agencia federal detiene y coloca en proceso de deportación a cualquier extranjero sin autorización para permanecer en el país.
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ICE dice que, de acuerdo con la ley federal, sus socios (policías locales), “tienen la autoridad” para detener y presentar detenidos”, incluso aquellos que tienen “una causa probable para creer que se trata de extranjeros deportables”.
Prioridades de Trump
La orden ejecutiva sobre las ciudades santuario estableció nuevas prioridades de deportación y afectan a extranjeros que:
Hayan sido condenados de cualquier delito.
Hayan sido acusados de cualquier delito, cuando dicho cargo no haya sido resuelto.
Hayan cometido actos que constituyen un delito penal imputable.
Hayan incurrido en fraude o tergiversación deliberada en relación con cualquier asunto oficial o solicitud ante un organismo gubernamental.
Hayan abusado de cualquier programa relacionado con la recepción de beneficios públicos.
Estén sujetos a una orden final de expulsión, pero que no han cumplido con su obligación legal de abandonar Estados Unidos.
A juicio de un funcionario de inmigración supongan un riesgo para la seguridad pública o la seguridad nacional.
El fallo del juez Birotte fue en respuesta a una demanda presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en nombre de Gerardo González, un ciudadano estadounidense que fue sujeto a una orden de retención de ICE (‘detainers’) cuando se hallaba detenido en el Departamento de Policía del condado Los Ángeles.
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Entre mayo de 2015 y febrero de 2016, 6% de las 12,797 peticiones que emitió el ICE fueron para ciudadanos estadounidenses o para personas que no estaban sujetas a deportación, de acuerdo con expedientes presentados para el juicio el año pasado, reportó The Associated Press.
Birotte falló en septiembre del año pasado que las bases de datos que usa el ICE “con frecuencia tienen datos incompletos, errores significativos o no estaban diseñadas para proveer información que fuera usada para determinar la posibilidad de remoción de una persona”, agregó la agencia.
Los ‘detainers’ fueron incrementados bajo el gobierno de Obama para mantener privados de libertad por 48 horas adicionales a personas si había sospecha razonable que se encontraban ilegalmente en Estados Unidos.
En los ocho años de mandato, Obama deportó a más de 2.5 millones de indocumentados, una cifra récord que supera las deportaciones hechas por Trump en sus tres años de gobierno.
Para Juan José Gutiérrez, director ejecutivo del Movimiento Latino USA de Los Ángeles, California, el fallo del juez Birotte “es una gran noticia que debemos celebrarla todos los que creemos que se deben respetar los procesos legales”.
“Después de la andanada de ataques lanzados por el presidente en el Tercer Informe sobre el Estado de la Unión, que causó una gran depresión colectiva, la decisión de la corte es una gran noticia que nos llena de aliento. Y no pararemos hasta que el Congreso debata y apruebe una amplia reforma migratoria”, concluyó.
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Silvia Gómez, de 25 años, sentada junto a su hija de 9 años en el autobús en el que harán el primer trayecto hasta Tapachula. Se marcha porque su familia en Guatemala se lo pidió. Le dijeron que esperar hasta el 15 de enero de 2020 por su primera corte era un tiempo excesivo para andar con una niña en un albergue. Sus planes no están claros aún: cree que dejará a su hija en Guatemala y regresará a México cuando se aproxime su fecha de entrada a Estados Unidos para presentarse ante el juez de inmigración.
