Grupos proinmigrantes impugnan demanda que intenta obligarlos a revelar datos

Un grupo integrado por tres organizaciones que ayudan a inmigrantes en sus derechos de permanencia en Estados Unidos impugnó una demanda que, de ser avalada por un tribunal de Louisiana, los obligaría a entregar al estado los datos personales de los extranjeros a quienes asisten, la mayoría en busca de asilo político.

La demanda fue presentada la semana pasada por el fiscal general de Louisiana, Jeff Landry, quien citó a las organizaciones Home is Here NOLA, Immigration Services and Legal Advocacy y Louisiana Advocates for Immigrants in Detention, exigiéndoles que identifiquen a todos los peticionarios de asilo a los que ayudan.

La demanda también exige que proporcionen información respecto a cualquier tipo de apoyo gubernamental que reciban y contraten, incluyendo aquellos legalmente disponibles.

La petición del grupo fue presentada la semana pasada por medio de una solicitud ante un tribunal federal de Louisiana para anular las citaciones requeridas por Landry. Las organizaciones argumentan que las citaciones “indebidamente gravosas” amenazan el privilegio abogado-cliente, la libertad de asociación y la libertad religiosa, reportó el Center for Constitucional Rights.

En el escrito, los contrademandantes indican que la divulgación de la información solicitada dañaría a las organizaciones, sus clientes y la comunidad en general.

Qué dice la demanda de Landry

Landry, un republicano que se postula para el cargo de gobernador en las elecciones generales del 2024 citó a las tres organizaciones en una demanda que exige que identifiquen a todos los solicitantes de asilo a los que representan y/o ayudan.

La demanda es parte de una demanda multiestatal contra la política de inmigración del gobierno del presidente Joe Biden, señaló el sitio The Advocate.

Louisiana, junto a Texas, Florida y otros 20 estados gobernados por republicanos, integra una coalición opositora que en enero de 2021 se pronunció a favor de la política migratoria de ‘tolerancia cero’ del expresidente Donald Trump, basada en una dura reinterpretación de la ley de inmigración que afecta el cumplimiento del debido proceso autorizado por el Congreso.

Landry afirma en su demanda que Louisiana ha incurrido en mayores costos debido al aumento de la inmigración. Sin embargo, los registros y la información que alega que son relevantes para este reclamo (la cantidad de personas que solicitan beneficios y el monto) no es información que estas organizaciones tengan, señalan las organizaciones citadas por el fiscal general.

Al mismo tiempo, Landry busca información confidencial adicional irrelevante para el caso, como la identidad de sus clientes, situación que podría afectar la privacidad abogado-cliente, reiteran las organizaciones.

Fecha de audiencia

Los abogados de la fiscalía general de Louisiana y de las tres organizaciones citadas en la demanda asistirán a una audiencia prevista para el 6 de abril, donde entregarán argumentos ante el juez David Johnson, quien se desempeñó como fiscal federal para el Distrito Oeste de Louisiana antes de ser nominado para el tribunal federal por el expresidente Trump.

Bill Quigley, director de la Clínica Jurídica de Loyola, que representa a los grupos junto con el Centro de Derechos Constitucionales y Patterson Belknap Webb & Tyler LLP de Nueva York, calificó las citaciones de Landry como un “abuso de poder”, dijo The Advocate.

Quigley cuestionó además por qué Landry apuntó a pequeñas organizaciones sin fines de lucro en lugar de Caridades Católicas (CLINIC) o las varias clínicas de leyes universitarias en Luisiana que brindan ayuda a un mayor número de inmigrantes que llegaron a estados Unidos en busca de asilo.

“No sé cómo los eligieron, pero estos se encuentran entre los grupos más pequeños del estado”, dijo el director. “Es un movimiento para tratar de intimidar a estas personas para que identifiquen a las personas a las que el fiscal general puede apuntar”.

Política de “mala intención”

La demanda presentada por Landry abre una ventana que quizás en el futuro ya no pueda cerrarse.

“Obviamente lo están haciendo, están presionando a las organizaciones que ayudan a los inmigrantes para que cumplan con la petición de entregar los datos de sus clientes, pero es muy difícil que vayan a acceder”, señala Lilia Velásquez, una abogada de inmigración que ejerce en San Diego y que es profesora adjunta de la facultad de leyes de la Universidad de California.

“Todo esto lo hacen para crear publicidad, desprestigiar a las organizaciones que ayudan a los inmigrantes tratando de evidenciar que están violando la Constitución de Estados Unidos y que se resisten a colaborar con las autoridades del estado”, agrega.

Velásquez dijo además que en este tipo de recursos “hay mala intención” y que aún en el caso de un fallo desfavorable y las organizaciones no entreguen datos de sus clientes porque defenderán el derecho de privacidad, los acusarán de falta de colaboración con las autoridades. Todo esto simplemente genera mala publicidad”.

“Es un juego malo, pero lo hacen por si acaso pueden intimidar a estas organizaciones para que entreguen información de inmigrantes que buscan asilo. Y si no ganan la demanda, pues tratarán de hacerlos quedar mal. Es política. Pero la política de las organizaciones como estas que están demandando es proteger a sus clientes y defender que la información obtenida durante sus casos de asilo es confidencial. No los pueden forzar a entregarla”, apuntó.

La demanda de 2022

En mayo de 2022 Landry, junto a otros 21 fiscales generales, todos republicanos, presentaron una demanda para frenar la entrada en vigor de la Norma Final Provisional de Asilo, una política que otorgó poderes extraordinarios a los agentes de asilo del servicio de inmigración para conceder este beneficio migratorio disponible.

Los demandantes sostuvieron que la política de Biden “eliminó en gran medida a los jueces federales de inmigración del proceso de revisión de asilo y, en cambio, otorgó a los oficiales de asilo dentro del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) una autoridad sin precedentes para otorgar asilo a los inmigrantes de forma absoluta”.

La mencionada regla entró en vigor el 31 de mayo. Los demandantes alegaron que el gobierno de Biden “está intentando apoderarse de las responsabilidades y la autoridad de los jueces federales de inmigración en el proceso de asilo”.

Dos meses antes, en marzo del año pasado, los departamentos de Justicia (DOJ) y Seguridad Nacional (DHS) anunciaron la emisión de la nueva regla provisional que “asegurará que aquellos que son elegibles para asilo reciban alivio rápidamente, y los que no lo son, sean rápidamente deportados”.

Hasta antes de la entrada en vigor de la norma provisional las personas que pasan la entrevista de miedo creíble son puestas en un proceso de asilo únicamente ante un juez de inmigración.

Pero a partir del 31 de mayo, son los agentes de asilo de USCIS quienes evalúan cada caso que se presente en tramos autorizados de la frontera y tienen discrecionalidad para “considerar las solicitudes de asilo de personas sujetas a expulsión acelerada que afirmen miedo de persecución o tortura, y pasen la evaluación de temor creíble requerida”.

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